La Comisión Europea (CE) ha dado un plazo de dos meses a España para modernizar su ordenamiento jurídico sobre las normas de servicios de pago online, que ya tendría que haber llevado a cabo junto con la última directiva europea antes del 13 de enero de 2018. En estos dos meses, el Gobierno también tiene que aplicar los nuevos requisitos sobre la información para los consumidores antes de firmar un contrato, así como las nuevas normas de protección de los consumidores sobre venta de productos de inversión en componentes de seguro.
Además, el Ejecutivo estatal también tiene dos meses para adaptar la normativa sobre las actividades de los fondos de pensiones de trabajo y la supervisión de estos productos financieros, puesto que lo tendría que haber hecho antes del 13 de enero de 2019 y, junto con siete países más, no lo ha materializado.
Por todo esto, la CE ha enviado al Gobierno dictámenes para pedir más explicaciones sobre cómo prevé dar cumplimiento a estas directivas y sumarlas a la legislación nacional y, en caso de que no lo haga en dos meses, la Comisión puede llevar los casos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.