El Govern limitará el precio del alquiler

Justicia anuncia el decreto para la semana próxima pero Territori dice que el texto todavía se tiene que "consensuar"

La consejera de Justícia, Ester Capilla, al Colegio de Agentes de la Propiedad Immobiliàría de Barcelona para tratar aspectos relacionados con la nueva regulació de los arrendamientos urbanos que prepara el Gobierno La consejera de Justícia, Ester Capilla, al Colegio de Agentes de la Propiedad Immobiliàría de Barcelona para tratar aspectos relacionados con la nueva regulació de los arrendamientos urbanos que prepara el Gobierno

El Departamento de Justicia llevará el martes al próximo Consejo Ejecutivo un decreto ley para hacer posible la limitación del precio de los arrendamientos en zonas con alta demanda acreditada de vivienda de alquiler . La nueva norma facultará al departamento competente en materia de vivienda para que pueda regular el precio del alquiler, ya sea directamente o dando la capacidad para hacerlo a los ayuntamientos u otros entes supramunicipales. El importe quedará fijado por ley en el entorno del índice de referencia de precios del alquiler. La consejera de Justicia, Ester Capilla, se ha reunido este jueves con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y la Asociación de Agentes Inmobiliarios.

No obstante este anuncio, el texto "todavía se está negociando" dentro del Gobierno y "horas de ahora no hay acuerdo" sobre el redactado definitivo, según han apuntado fuentes de Territori al ACN. Desde Territori señalan que el "cómo" todavía se está discutiendo. "Primero nos tenemos que poner de acuerdo en el modelo que queremos", indican desde Territori. De hecho, las mismas fuentes lamentan que se anuncie la aprobación de un decreto "antes de que esté cercado" y que se haya traído al Consejo Ejecutivo.

Contratos de entre seis y diez años

El Gobierno plantea este decreto ley después de que el Parlamento lo instara a tomar medidas urgentes para limitar el incremento de los precios del alquiler en zonas de fuerte demanda acreditada. Un golpe lo apruebe el Gobierno ya será vigente, pero el Parlamento lo tendrá que convalidar en 30 días.

El próximo Consejo Ejecutivo también dará luz verde a la memoria preliminar del anteproyecto de ley de arrendamiento de fincas urbanas que prepara el Departamento de Justicia, que establecerá que la duración mínima de los alquileres de viviendas en Catalunya se sitúe en un tenedor de entre seis y diez años. En el caso del alquiler de un arrendador particular, la duración mínima será inferior a la de los pisos o casas que pertenezcan a sociedades dedicadas al negocio inmobiliario.

La regulación afectará las zonas con alta demanda de vivienda acreditada

También se reducirá el número mínimo de mensualidades para alquilar un piso, ahora fijada en tres. El anteproyecto catalán también suprimirá la posibilidad de incluir cláusulas de oficio en los contratos de arrendamiento para que los inquilinos renuncien al derecho de adquisición preferente en caso de venta de la vivienda.

La ley también incluirá la obligatoriedad de documentar el estado de los pisos con vídeos o fotografías. Con esta medida los locatarios recuperarán las fianzas más fácilmente y los propietarios pueden constatar los daños causados a su inmueble.

En Catalunya sólo se aplica el derecho civil español subsidiariamente, sólo en los casos que no están previstos ni resueltos por el Código Civil de Catalunya. Cómo que hasta ahora no había regulación, el marco de referencia actual es la LAU española. El anteproyecto de ley que prepara Justicia incorporará la regulación del alquiler de viviendas en el libro sexto del Código Civil de Catalunya.

El precio medio del alquiler ha crecido en Catalunya un 29% en los últimos cinco años. El incremento general se ha acentuado especialmente en Barcelona, donde el precio medio de un piso de 72 meters es de 949 euros, según el Incasòl.

"Estamos en una situación de necesidad y urgencia que nos tiene que traer urgentemente a dar respuesta al que nos está pasando con el alquiler de vivienda", ha apuntado Capilla después de la reunión. El objetivo de estas medidas, ha dicho la consejera, es "equilibrar las partes en la contratación", porque "no hay buenos y malos". Se trata, ha dicho, de una "clara demanda social".

También ha aprovechado para remarcar que el Gobierno de la Generalitat tiene competencias en esta materia, y no quiere renunciar. En este sentido, ha pedido en el gobierno español "lealtad" y que no torpedee los intentos de Catalunya de regular esta cuestión.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, Gerard Duelo, ha asegurado que el sector está de acuerdo con el contenido del discurso del Gobierno, pero ahora hay que estudiar el texto que se apruebe para ver las formas. Duelo ha apuntado que trabajarán "con espíritu positivo", porque son conscientes de la "necesidad" y la "urgencia" de regular sobre los precios del alquiler.

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