Una vez finalizada la campaña de la Renta del año pasado [sobre las cuentas del 2019], la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) hizo pública la lista de los nueve principales morosos de Catalunya. A la espera de saber los deudores de este año, hemos puesto lupa a las sociedades e individuales que tenían que devolver más dinero desde la última declaración. ¿Qué ha pasado con estas deudas?
La ATC calculó que solo nueve contribuyentes eran los grandes deudores en Catalunya, aglutinando una deuda impagada a finales de 2019 de más de 14,8 millones de euros, por impagos o sanciones tributarias correspondientes a tributos propios o cedidos por el Estado a la ATC. Al fin de 2019 y no haberse saldado estas deudas, las sanciones pasaban de la vía administrativa a la vía judicial.
- Moramar, SA: Es una Sociedad Anónima, dedicada principalmente a actividades de juegos recreativos como el Bingo, y que a 31 de diciembre del 2019 encabezaba la lista de morosos con una deuda con la ATC de 3,27 millones de euros. Con sede en la calle Comte Borrell, 73 de Barcelona, la empresa entró en un concurso de acreedores el 15 de enero del 2020 -un proceso que todavía está en vigor- por orden judicial.
La empresa, con un capital social de 60.131,26 euros, se va constituïr el julio del 1982 a Barcelona, hace casi 39 años. Como gerente consta el nombre de José Arpa Aguilar, y la empresa tenía tres accionistas: José Arpa, Maria Camuñas Potas y Maria Sagrario Méndez Camuñas. Estos tres accionistas constan hasta 2006 cómo los principales gestores de otra empresa del mismo sector, que en un principio todavía funciona -a pesar de que está cerrada temporalmente por las restricciones de la pandemia-, llamada GIMENCA, S.A, ubicada en la Gran Vía de Barcelona. Los tres revocaron sus cargos en 2006.
- Carmen Elena Blázquez del Pozo: Es la segunda deudora en Catalunya con 2,2 millones de euros de deuta con la ATC, pero además también constaba cómo la décima en la lista de deudores de la Hacienda estatal, con una deuda de más de 10 millones. Un reportaje a fondo de El Periódico revelaba que Blázquez del Pozo es ya una habitual entre las listas de morosos, y según explica, el argumento es que la familia nunca ha sido residente a España, y por eso no declara aquí sus impuestos y esta es su tesis ante Hacienda.
El motivo de la fortuna de esta particular es fruto de una trayectoria vital intensa: Blázquez, nacida a Cuba el 1942, huyó de la dictadura de Fidel Castro y se trasladó a Canadá, donde conoció Josep Busquets Vírgenes, un industrial catalán del negocio metalúrgico que había emigrado de la España de Franco. Busquets y Blázquez se casaron y fijaron su residencia en Venezuela, donde nacieron sus cuatro hijos, pero conservaron propiedades inmobiliarias en Barcelona. El negocio siderúrgico fue bien y se convirtieron en una de las familias más adineradas, que amplió sus intereses a otros negocios, como la moda, el lujo y el comercio electrónico. El golpe de estado del 1992 y el posterior régimen de Hugo Chávez convirtió la familia, muy crítica con el nuevo régimen, en enemigo público número uno en su país, motivo por el cual emigraron a Suiza y después a las Bahamas, donde todavía residen. -
Recreativos Caballero, SL: Es una empresa de explotación de máquinas recreativas ubicada en Premià de Dalt (Maresme). Según el informe de la Generalitat, debía a finales de 2019 un total de 1,64 millones de euros a la Hacienda catalana. Tiene una facturación entre 500.001 y 1 millón de euros y un capital social inferior a 3.500 euros,
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Ibupe Rehabilitación SANO: Esta constructora debía de a finales del 2019 un total de 1,56 millones de euros al ATC. Es una Sociedad Anónima constituida hace 23 años que se dedica a la construcción, compraventa, permuta y rehabilitación y promoción de de inmuebles para viviendas y despachos de negocio. Con sede en el Paseo de Gracia, 53, de Barcelona, también forma parte de la lista negra del Estado del 2019, con una deuda de 2,34 millones de euros.
De hecho, Ibupe Rehabilitación la dirigía un jurista barcelonés, Antonio López Bosch, quién estuvo implicado en una estafa a la Generalitat hace más de treinta años, a través de su gestoría. Fue en 1987, y el fraude consistía en la falsificación de las cartas de pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales que recaudaba la Generalitat. El fraude afectaba a muchas comunidades autónomas, puesto que López Bosch tramitaba el 15% de las transmisiones que se liquidan en Cataluña, y en aquel momento se llegó a calcular una suma de 18.600 millones de pesetas. -
Nancy Janneth Suarez Cacerías: Debía a finales del 2019 un total de 1,48 millones. Se trata de una persona física, propietaria de un locutorio de Barcelona, pero no hay más información sobre esta deudora.
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La constructora Nozar SANO: con una deuda de 1,33 millones al ATC, se trata de la que fue propietaria de las pistas de esquí de Boí Taüll, una empresa que ya fue rescatada por la Generalitat a principios del 2019. Sus propietarios son la familia Nozaleda, actualmente presidida por uno de los hermanos fundadores, Luis Nozaleda.
Nozar ya se declaró en concurso de acreedores hace más de doce años, el 2008, debido a la crisis inmobiliaria. Con todo, es de las pocas inmobiliarias del momento que entraron en suspensión de pagos y todavía sigue en pie, pero registró a finales del 2020 una deuda de más de 1.306 millones de euros. Entre sus principales acreedores hay Hacienda, varios ayuntamientos, la Sareb, proveedores de varios tipos, pymes, multinacionales y grandes bancos como por ejemplo CaixaBank y Unicaja. -
Natividad Casanova Solanas, con 1,16 millones. Es la administradora única a las empresas con sede a Lleida Amadeo Roig SA y Porcarn SA, dedicadas al sector agroalimentario.
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Hato Verde Golf SL, con 1,05 millones de deuda. Es propiedad de la familia Ramos Guardiola.
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Comunidad de Aigues SL, con 1.030.000 euros. Tiene el domicilio social en Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental), y se dedica a la captación, tratamiento y distribución de agua para cascos urbanos.
La amenaza de Aragonés
Esta fue la primera lista de deudores que ha publicado la Agencia Tributaria Catalana. El vicepresidente y conseller de Economía Pere Aagonès ya había avisado que, a partir de ahora, la Generalitat haría públicos los nombres de los particulares y empresas que debieran más de 1 millón de euros al ATC.
Los que aparecen en esta lista tienen un plazo de un mes para interponer un recurso o ir por la vía del contencioso administrativo antes de dos meses. A finales de este año volveremos a ver más deudores, esta vez del 2020.