Luz verde al plan de vivienda que establece un 7% de alquiler social

Los municipios con más demanda tendrán que contar con un 15% de vivienda social en 20 años

Un edificio con 35 viviendas de alquiler social, en una imagen de archivo | ACN Un edificio con 35 viviendas de alquiler social, en una imagen de archivo | ACN

La Conselleria de Drets Socials ha dado luz verde a la tramitación y aprobación del Plan Territorial Sectorial de la Vivienda (PTSH), que tiene que quedar terminado durante la primera mitad del año próximo, y que establece incrementar el parque de alquiler social hasta el 7%. El documento tiene como objetivo orientar las políticas de vivienda en Catalunya para los próximos 20 años, y apunta que 163 municipios donde vive el 80% de la población tendrán que disponer de un mínimo de un 15% de viviendas sociales durante este periodo, puesto que son los que tienen más demanda y están más tensionados.

El plan estima que habrá que contar con 300.000 viviendas sociales. Actualmente, el parque de alquiler social cuenta con 54.000 viviendas, y harán falta 255.000 más. De acuerdo con el PTSH, además de ampliar el parque de alquiler social, también habrá que impulsar la construcción de viviendas sociales de compraventa y con tenencias intermedias, con 107.800 nuevos inmuebles.

El plan divide el territorio catalán en varias zonas según la necesidad de vivienda: las de demanda residencial fuerte y acreditada, las áreas preferentes, las áreas no preferentes y las rurales. Los 163 municipios de demanda fuerte y acreditada tendrán que disponer de un mínimo de un 15% de viviendas sociales. Según el documento aprobado por Drets Socials, los municipios colindantes con los de fuerte demanda también podrán pedir formar parte de este grupo. También se abre la puerta a la posibilidad de que varios municipios se puedan mancomunar y hacer una planificación supramunicipal para lograr los objetivos conjuntamente.

En las zonas rurales, el plan también trabajará por el derecho a una vivienda de alquiler, para las personas mayores y para promover la rehabilitación, corrigiendo así las deficiencias del parque de viviendas, especialmente en cuanto a la funcionalidad o la eficiencia energética. El documento también cuenta con medidas para luchar contra el sinhogarismo, y para garantizar la vivienda a mujeres y niños, especialmente las que sufren violencia machista y están en una situación de vulnerabilidad.

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