La clase política valenciana tiene un grave problema: su voz no llega a Madrid. Y eso que el Ejecutivo actual ha tenido valencianos con carteras muy importantes para el territorio como es el Ministerio de Fomento, dirigido por José Luis Ábalos, natural de Torrent. Pero la cartilla de nacimiento no es suficiente y así lo advirtió en su primera reunión con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Los temas que había sobre la mesa eran el Corredor Mediterráneo y la infrafinanciación, y ya le espetó que era "consciente del agravio que sufre" el País Valencià pero que no tendría "ningún trato de favor" con sus reivindicaciones. Después de una cortísima legislatura, las exigencias valencianas continúan prácticamente en el mismo punto.
Esto es, de hecho, el que responden desde la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) cuando se los pregunta por sus expectativas de cara en el Gobierno español que pueda salir del 10N. Remiten al documento que ya difundieron para las elecciones generales del 29 de abril con las 115 "prioridades empresariales". Entonces también hicieron una ronda de contactos con los partidos políticos para transmitirlas, un gesto que no han repetido y que se puede interpretar como un reflejo del hastío que también siendo la sociedad. El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ya dijo que la convocatoria de nuevas elecciones "no constituye el mejor de los escenarios" porque supone "varios meses más de parálisis".
Si tenemos que resumir las grandes reivindicaciones valencianas en aquello que afecta al bolsillo -y por lo tanto, a todo de manera transversal- es la reforma del sistema de financiación y el aumento de las inversiones en infraestructuras, con especial atención a las ferroviarias, a los servicios de Cercanías y al Corredor Mediterráneo.
Qué dicen del infrafinançament valenciano y la deuda histórica?
Entre las propuestas que lanzó la CEV en abril, la principal era la aprobación definitiva de un modelo de financiación autonómica que acabe con la desigualdad al País Valencià. Hay que recordar que el 18 de noviembre de 2017 unas 60.000 personas llenaron las calles del centro de Valencia reclamando una financiación justa; a pesar de que se buscaba una foto histórica por el consenso con que se cuajó -sólo el PP se quedó en casa-, tuvo muy poco eco fuera del territorio valenciano. A penas algún breve en los diarios de Madrid, que es donde yace la responsabilidad.
El informe de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica de julio de 2017, encargado por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro (PP), reflejaba que los valencianos eran los que menos recibían del Estado español. El País Valenciaà tiene un PIB per cápita un 12% inferior a la media estatal, pero paga como si estuviera por encima; por eso se dice que es la única comunidad autónoma pobre que paga más del que recibe de la caja estatal y que tiene un déficit fiscal. Esto ha hecho acumular, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), una deuda asociada al sistema de financiación por encima de los 20.000 millones de euros desde 2002.
El País Valenciano tiene un PIB per cápita un 12% inferior a la media estatal, pero paga como si estuviera por encima
¿Y qué partido habla de esto en su programa electoral del 10N? Todos, pero con intensidades bastante diferentes. El PSOE incluye la financiación en su punto de estructura territorial, que pareix más enfocado al conflicto catalán que a la resolución del problema valenciano, puesto que mezcla la solución económica con la no-cabida de un referéndum de autodeterminación. Señalan la necesidad de avanzar "hacia un modelo de Estado integrador" donde las administraciones autonómicas tienen que contar "con una adecuada financiación"; en otro punto, añaden la aprobación de un nuevo sistema de financiación con "participación de los territorios".
Por su parte, el PP hace un breve apunte respecto a la financiación, sorprendentemente en el apartado de "medio rural": "Incluiremos factores como el envejecimiento o la despoblación en la ponderación para la reforma del sistema de financiación autonómica".
Respecto a Ciudadanos, defiende "un sistema de financiación autonómica sin privilegios" donde prometen "abordar inmediatamente la reforma", al mismo tiempo que apuntan a la eliminación del cupo vasco. Unidas Podemos, en su apartado de "garantías de justicia territorial" menciona la reforma del sistema de financiación autonómica "para hacerlo más justo y que exista un suelo de ingresos efectivos para financiar servicios públicos dignos en toda España". Hablan de diseñarlo con el "diálogo" de "todas las comunidades autónomas", vincularlo a una reforma fiscal y a "la solución del problema de las deudas autonómicas producidas por la financiación".
El partido que integra la necesidad de una financiación autonómica como eje transversal en todo su programa es Compromís, que estas elecciones generales se presenta en lista conjunta con la formación de Íñigo Errejón, Más País, bajo la marca Más Compromís. La reclamación consta ya en la presentación: "Nos presentamos para defender nuestros intereses colectivos como valencianos y valencianas, empezando por un nuevo sistema de financiación justa que nos permita fortalecer nuestros servicios públicos, nuestra educación, sanidad o políticas sociales". "Que no nos condene a ser ciudadanos de segunda categoría", añaden.
Además de colar este problema en diferentes apartados como la sanidad o la cultura, el programa de Compromís le dedica un punto entero donde defienden que su reforma "es inaplazable". Reclaman también "el reconocimiento de la deuda histórica", cifrado en los 20.000 millones de euros, así como "la definición y el establecimiento de un mecanismo de compensación de estos déficits". Igualmente, hacen mención a la intención de continuar "desplegando la Agencia Tributaria Valenciana como instrumento para asumir la descentralización de los ingresos y mejorar la eficiencia y la autonomía en la gestión de los tributos propios, aprovechando el conocimiento y la implantación territorial de la Generalitat".
Corredor Mediterráneo, muy presente en las promesas
Sin duda, la otra clave de las reivindicaciones del sector empresarial valenciano -lucha compartida con Catalunya, Región de Murcia y Andalucía- es la finalización de Corredor Mediterráneo. El PSOE le dedica un punto de su programa a fomentar "una política de infraestructuras mallar y no radial" y cita expresamente la culminación de Corredor Mediterráneo; el PP se compromete a lo mismo.
Ciudadanos habla de impulsar los ejes y corredores de la Red Transeuropea de Transportes, "en especial los grandes ejes", donde citan Corredor Mediterráneo, el Atlántico y el Central. Unidas Podemos no hace ninguna mención explícita a esta infraestructura, sino que apuesta para "hacer del tren el sistema prioritario en la vertebración del territorio".
Aquí Compromís también hace un especial hincapié a "el establecimiento de una red que permita los desplazamientos transversales, sin necesidad de pasar por Madrid". "En el caso valenciano, Corredor Mediterráneo y Corredor Sagunto-Zaragoza-Bilbao resultan de una importancia estratégica", defienden. Los valencianistas añaden otra reivindicación histórica del territorio valenciano: "Superar la actual situación de estancamiento en relación con el ferrocarril Gandia-Dénia-Alicante, y conseguir el cierre del corredor ferroviario costero", además de la mejora de las comunicaciones ferroviarias al País Valencià y la conexión entre Alicante y el aeropuerto del Altet.
Reclamaciones de CEV y de Confecomerç
A grandes rasgos, la CEV también pedía en abril potenciar el diálogo social como instrumento para mejorar económicamente y socialmente, promover una estrategia "efectiva" de atracción y retención de inversiones, medidas contra la economía sumergida y el intrusismo profesional, disminuir los costes laborales, armonización de la tributación autonómica y local, reducción de las cargas impositivas y administrativas, cumplimiento de los plazos legales de pago por parte de la Administración, garantizar el suministro y la calidad del agua para el desarrollo socioeconómico del País Valencià, apostar por el FP y el FP Dual, más apoyo a la internacionalización de las empresas, una estrategia proactiva en el proceso del Brexit y exigir a los productos procedentes de países terceros los mismos estándares de calidad, seguridad, riesgos laborales y medioambientales que se piden a los valencianos, entre otros.
Por otro lado, la patronal de las pymes valencianas, Confecomerç, que representa el 12% del PIB del País Valencià, reclama al futuro Gobierno español que "reconozca el sector del comercio como estratégico" con "transversalidad" y con adecuados "modelos de ciudad". Para lograrlo, piden "coordinación legislativa" entre las instituciones locales, autonómicas y estatal; estudiar un periodo de rebajas frente a "la tiranía del descuento permanente"; reducción de la presión fiscal y profundizar en políticas contra el fraude y el comercio ilegal; medidas que favorezcan la contratación; y la creación de áreas para la promoción de iniciativas empresariales APIE-BIDs para municipios con alta centralidad comercial.