Preocupación y crispación. El mundo empresarial vive momentos de tensión con la batalla por la representatividad institucional después de que el Govern anunciara hace un par de semanas el adelanto de 2,5 millones de euros a las cámaras para su funcionamiento, cosa que va ligada a la aprobación por carácter de urgencia de un decreto ley que regulará su papel institucional y representatividad. Si bien es cierto que la previsión era aprobarlo durante el último Consejo Ejecutivo de julio, todavía hay margen para que el equipo de Quim Torra le de luz verde esta semana. Precisamente por eso, Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT ya dieron un golpe encima de la mesa este sábado con un comunicado conjunto, en qué reclaman al Ejecutivo catalán que pare el proyecto. Mientras tanto, las vacaciones de verano se imponen y hasta ahora no se hablaba demasiado de esta cuestión, pero VIA Empresa ya adelantó hace unos días que esta pugna sigue más viva que nunca. La guerra ya es pública y se lucha ahora en las redes sociales.
"Vulnera al orden jurídico existente y trastoca la estabilidad y utilidad de la concertación social, en un momento en qué es más necesaria que nunca para responder a las necesidades de nuestro tejido productivo y de la ciudadanía en general". Así de contundentes se muestran los agentes sociales de Catalunya en el citado comunicado, donde insisten en la idea de que este decreto ley "amenaza a la propia esencia de la participación institucional, del diálogo social y de la concertación social en Catalunya". A esto se suma el carácter de urgencia, que no creen que tenga ningún tipo de justificación.
De hecho, el presidente de Pimec, Josep González, ya avisaba en una conversación con este diario de que "la Generalitat quiere ayudar económicamente a que las cámaras se fortalezcan" y advertía que "ya lo pagarán los ciudadanos", al mismo tiempo que rechazaba del todo que "se quiera dar este intento de invadir competencias institucionales" porque, repetía, "esto no tiene ni pies ni cabeza". Según su parecer, "este intento de las cámaras de amenazar la esencia de la participación institucional" ya venía de lejos, cuando el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, presentó el borrador de lo que para ellos tendría que ser la ley de cámaras.
Foment, Pimec, CCOO y UGT: "El decreto vulnera al orden jurídico existente y trastoca la estabilidad y utilidad de la concertación social, en un momento en qué es más necesaria que nunca para responder a las necesidades de nuestro tejido productivo y de la ciudadanía en general"
"¿Cómo es que esto no se ha hecho primero con los agentes sociales y no se los ha consultado este proyecto?", se preguntaba González, al mismo tiempo que volvía a defender la idea de que "pretenden invadir las competencias de los que hasta ahora son los agentes sociales". El comunicado conjunto va un paso más allá y asegura que el proyecto de decreto ley "no encuentra cabida en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni en los usos y normas del diálogo social en Europa o al Estado". Y no sólo esto. También consideran que "atentaría contra el Estatuto de Autonomía" porque, a parte de que "usurparía los derechos reconocidos a las organizaciones empresariales y sindicales", "entraría en conflicto directo con el espíritu y la letra del Decreto Ley 9/2020, del pasado 24 de marzo".
La guerra de las redes
Esta guerra por la representatividad, que ya había empezado hace 13 años con la batalla entre Foment del Treball y Pimec -cerrada hace poco más de un año gracias al acuerdo firmado en el Departament de Treball-, ha subido el tono hasta tal punto que se ha trasladado a las redes. El secretario general de la patronal de las pymes, y presumiblemente próximo presidente de Pimec, Antoni Cañete, lamentaba en Twitter que este proyecto llega en un momento en que "la concentración social es más necesaria que nunca para responder a las necesidades de nuestro tejido productivo y de la ciudadanía en general".
Ante esto, Canadell lamentaba que "es muy triste ver cómo Pimec se opone radicalmente a que las cámaras desarrollamos un decreto ley basado en la ley de cámaras de 2014 que aún no se ha desarrollado". Una ley que empezaba a coger forma en octubre, cuando los presidentes de las 13 cámaras de comercio de Catalunya se reunían con la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, para consensuar las líneas básicas de la normativa, que todavía prepara el Departament d'Empresa al margen del decreto.
Canadell, a Cañete: "No queremos formar parte de la concertación social, y ofrecimos que quedara claro en el decreto y ni así lo aceptáis"
"Estoy convencido de que muchos socios de Pimec no lo entenderían si tuvieran todos los detalles", continuaba en su tuit el presidente de la Cambra de Barcelona. Cañete seguía disparando sus razones reprochando a Canadell que "no se pueden decir las cosas a medias y sobre todo no se pueden instrumentalizar las instituciones", al mismo tiempo que le preguntaba que "por qué no explicas que quieres romper las reglas democráticas de los espacios de concertación y diálogo". Y es que, entre otras cosas, el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Catalunya deja bien claro que "las organizaciones sindicales y empresariales deben participar en la definición de las políticas públicas que les afecten", así como que " la Generalitat debe promover la mediación y el arbitraje para la resolución de conflictos de intereses entre los diversos agentes sociales". Y eso, al parecer, y según fuentes cercanas a la patronal, no ha sido así.
Ante esto, el también presidente del Consell de Cambres le respondía que "no es verdad" y le explicaba que las cámaras "no queremos formar parte de la concertación social, y ofrecimos que quedara claro en el decreto", mientras se lamentaba de que "ni así lo aceptáis". "El problema es que unas cámaras empoderadas trabajando para todas las empresas y autónomos resultan incómodas", sentencia en su última respuesta y dando por cerrado este juego, a pesar de que el secretario general de Pimec le hacía saber que "las cámaras nunca han incomodado y las necesitamos, pero son entidades tuteladas por la Administración". A su juicio, Canadell "las quiere instrumentalizar para hacer otras cosas", así como "manipular la opinión de la gente por otros medios". "No hay más que hablar, Joan", cerraba la discusión.
Vacaciones tocadas por la representatividad
Pero el tema dará de sí porque, a pesar de que muchos ya han empezado las vacaciones, Foment del Treball estará alerta por lo que pueda pasar. "La semana que viene todavía haremos algo sobre todo si el Govern aprueba este decreto ley", explicaban fuentes de la patronal este sábado a VIA Empresa. Hace 15 días, los de Sánchez Llibre no querían hablar públicamente sobre la cuestión, pero ahora el tiempo les juega en contra.
Y es que, como insisten en el comunicado conjunto, ni Foment, ni Pimec, ni CCOO, ni UGT "comparten de ninguna forma el argumento que la adscripción administrativa de las cámaras justifique su representatividad y participación institucional, cuando se trata de entidades de derecho público, tuteladas por el Govern". Precisamente por todo ello, los agentes sociales han hecho llegar esta carta al president de la Generalitat, Quim Torra, así como a los consellers vinculados a la aprobación del decreto con el objetivo de que el Govern se replantee su aprobación y todavía más por carácter de urgencia.
Todo el mundo quiere tener su trozo de pastel en la recuperación económica y liderar el debate sobre las infraestructuras y, al parecer, se hace difícil encontrar un punto en común que esté bien para todos. Sea como sea, ahora el Ejecutivo catalán tiene en sus manos la aprobación del decreto y quedará para el siguiente capítulo la elaboración y la tramitación de la futura ley de cámaras. Y, por todo esto, nos volvemos a preguntar: ¿Se impondrá el bien común a las guerras de poder?