Un marco regulador eficiente es fundamental para fortalecer la competitividad y la capacidad innovadora de la economía, a la vez que aumenta la valoración positiva de ciudadanos y empresas hacia las administraciones públicas. El exceso de regulación, entendido como aquellas cargas administrativas en el acceso y el ejercicio de la actividad económica de carácter innecesario y desproporcionado, tiene efectos marcadamente negativos sobre la productividad y el crecimiento de las empresas.
Diferentes trabajos académicos han observado una correlación entre el nivel de complejidad reguladora y la reducción del PIB. Gelauff y Lejour (2006) en un trabajo para el conjunto de países de la UE, estimaron que el impacto a largo plazo de una reducción de cargas administrativas del 25% en el caso de España sería equivalente a un incremento del PIB del 1,7%.
Así pues, resulta preocupante observar que, lejos de estabilizarse o de corregirse esta tendencia, el número de normas publicadas en los boletines oficiales no ha parado de crecer en las instituciones catalanas, mientras que la derogación de normativas existentes es poco habitual. De hecho, Catalunya lidera el ranking de número de páginas en boletines oficiales autonómicos en el 2019, con 106.914 páginas, en comparación con las 5.913 páginas del País Vasco.
Diferentes trabajos académicos han observado una correlación entre el nivel de complejidad reguladora y la reducción del PIB
Otro elemento que impacta negativamente en la actividad empresarial es la inseguridad jurídica, la incertidumbre en las relaciones jurídicas y en la predictibilidad en la aplicación de las normas por parte de la administración. Algunos ejemplos destacados son el impuesto en la generación, transporte y almacenamiento de electricidad creado en el 2020; el nuevo Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) del Ayuntamiento de Barcelona; las limitaciones de altura en los almacenes automatizados; la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC) o el freno absoluto de la implantación de energías renovables durante la década 2009-2019, con un solo aerogenerador instalado durante este periodo, a causa del decreto 147/2009.
Países de nuestro entorno que son referentes en calidad institucional han introducido dos principios rectores en su marco regulador para frenar el exceso de cargas administrativas y la inseguridad jurídica asociada a los cambios normativos sobrevenidos. El primero es el principio one in, one out (entra una norma, sale otra). El Reino Unido fue el primer país de la OCDE en formalizar este planteamiento en 2011. Posteriormente, otros países como Canadá, Alemania, Francia, Australia o Corea del Sur han continuado aplicando estas medidas. De hecho, España introdujo el mismo concepto en la aprobación de la Ley 14/2013, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, pero su implementación efectiva es deficiente por la falta de mecanismos de evaluación y criterios de actuación concretos.
El otro principio rector es el de compensación de costes o “balance presupuestario zero”, por el cuál las normas que entran asociadas con nuevas dotaciones presupuestarias deben justificar que partidas existentes van a reducir o suprimir para asegurar la sostenibilidad fiscal. Jimmy Carter, primero como gobernador del Estado de Georgia y más tarde como presidente de los Estados Unidos, utilizó esta herramienta para enfrentar el proceso inflacionario de los años 70. Con el tiempo, la práctica se extendió con éxito al Reino Unido, Singapur y Nueva Zelanda.
Catalunya tiene la oportunidad de reposicionarse como el territorio líder en atracción de inversión y actividad empresarial
La proliferación de regulaciones que prohíben o dificultan la actividad empresarial limita el crecimiento y el atractivo inversor de nuestro país. Tanto el principio one in one out como el del “balance presupuestario zero” disciplinan y orientan a los legisladores a optar por posiciones reguladoras más eficientes y eficaces. Catalunya tiene la oportunidad de reposicionarse como el territorio líder en atracción de inversión y actividad empresarial.
Estas recomendaciones, entre otras, se desarrollan en el informe Un país sense límits. Anàlisi i recomanacions per a la facilitació de l’activitat empresarial a Catalunya
