Los ocho goles del Bayern München han sido -de momento- la última carga de dinamita en la voladura controlada del FC Barcelona que la junta directiva del club catalán está ejecutando desde hace una década. El término "controlada" no sobra, al contrario, porque pensar que el seguido de negligencias de los últimos diez años -convenientemente intensificadas durante el último lustro- es fruto sólo de la incompetencia resultaría de una ingenuidad excesiva para quienes hace tiempo que nos afeitamos.
No es ningún secreto que el presidente surgido de las urnas en 2010 consideraba que algunos de los pilares básicos de la genética culé eran molestos, como es el caso de las secciones deportivas o del modelo de propiedad (nunca escondió su preferencia por las sociedades anónimas). En este marco mental es donde llega un hecho determinante en la historia del club, cuando en 2016 el presidente Josep Maria Bartomeu pacta con la Fiscalía del Estado una exoneración por los delitos cometidos por él y por el expresidente Sandro Rosell en el Caso Neymar, a cambio de la imputación del club.
Pero, como dice el presidente Sánchez, "¿de quién depende la Fiscalía?"... pues esto. No hay que ser muy imaginativo para vincular este pacto con otras contraprestaciones que el gobierno de entonces (o el Estado de siempre) pudiera pedir. En 2016 el independentismo estaba en ebullición y era la obsesión número uno del gobierno español, de forma que cualquier acción que contribuyera a enfriar el ambiente y menguar el impulso del independentismo encajaba con los objetivos estatales, tanto en la superficie como en las cloacas. La contratación por parte del club de una empresa de intoxicación en las redes sociales -y el recibo impagado de Sociedad Civil Catalana- parece tener relación directa con el pacto con la Fiscalía. El alejamiento emocional del Barça de su masa social también lo parece.
La obra destructiva de Bartomeu ha podido avanzar a velocidad de crucero trinchando a todos los que intentaran pararla
Con unos medios públicos domesticados desde aquel artículo 155 que, paradójicamente, no se les aplicó, y con unos medios privados actuando de contrafuerte de la junta directiva mediante la defensa de las decisiones más irracionales e injustificables, la obra destructiva de Bartomeu ha podido avanzar a velocidad de crucero trinchando a todos los que intentaran pararla. La actuación de los medios se explica porque mientras uno de los grandes grupos no es más que una empresa zombi sostenida por intereses que van más allá del negocio, el otro sufre la presión de la bota del Estado sobre su cuello, quien sabe con qué amenazas. Para remachar el clavo, un ejército de periodistas y asimilados se ha dedicado a vomitar cortinas de humo sobre los graves problemas del FC Barcelona, con la intención de aislar a Bartomeu y su junta de toda responsabilidad. Ahora que la situación es crítica, muchos de ellos empiezan a bajarse del carro para intentar alinearse con quien pueda venir.
Unas elecciones frente a un Titanic
En la tessitura actual, la prioridad absoluta pasa por desalojar la actual junta de las estructuras de poder del club y que alguien, de manera provisional o definitiva vía elecciones, tome las riendas e intente salvar los muebles de este Titanic que se hunde hacia las profundidades. El primer obstáculo es que resultará muy difícil que Bartomeu y los suyos se marchen por su propio pie, de forma que habrá que forzar la situación hasta el límite que haga falta y por los medios que sea, porque una temporada más con esta gerencia puede acabar por destruir lo que queda de club. En otras palabras, en el año que resta, tendrían tiempo de firmar muchos papeles que generen obligaciones terriblemente nocivas para el club a largo plazo.
Una vez liberado el Barça del lastre tóxico que representa la actual junta directiva, y en paralelo a la implementación de medidas de carácter extraordinario para intentar restablecer el equilibrio patrimonial, sería importante que desde dentro del club o incluso desde fuera (agrupaciones de socios), procedieran a indagar si la actuación de Bartomeu y sus colaboradores encaja en la tipificación actual del delito penal de administración desleal. Un procedimiento penal de estas características permitiría, más allá de la eventual recuperación de alguna parte del patrimonio derrochado, establecer un precedente para evitar tentaciones futuras.
Desde dentro del club o desde fuera se debe indagar si la actuación de Bartomeu y sus colaboradores encaja como delito penal de administración desleal
No es la primera vez en la historia que la continuidad del Barça se ve comprometida por acciones de este estilo. Entre 1900 y 1903, el ultracatólico Lluís d'Ossó intentó reventar el club desde dentro porque no podía concebir que la entidad azulgrana fuera una madriguera de protestantes. Intentó echarlos y le salió bastante bien, pero a cambio de debilitar el club hasta llevarlo a una crisis que todavía hoy es la más profunda que la entidad ha vivido. Conseguido el objetivo, se fue y se desvinculó del fútbol. El otro momento crítico del FC Barcelona fue el proceso de depuración que vivió al acabar la Guerra Civil, cuando los franquistas tomaron el control de la entidad y se plantearon disolverla.
Volviendo al presente, si el barcelonismo consigue salvar el club y devolverlo a la élite mundial en los próximos años, habría que valorar la posibilidad de establecer algún mecanismo de salvaguarda que evitara volver a caer en situaciones similares. Del mismo modo que los reguladores de la administración pública tienen la potestad de intervenir una entidad financiera cuando hay riesgo real de que su caída perjudique a otros agentes más allá que los grandes accionistas (clientes, trabajadores, etc.), estaría bien que algún ente de la sociedad civil tuviera la capacidad de arrebatar el club de malas manos cuando el patrimonio de sus propietarios -los socios- estuviera en peligro.