El tejido empresarial está de enhorabuena. Acaba de entrar en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, una ley que marcará un antes y uno después para las pymes y los autónomos, puesto que mejora la accesibilidad de nuestras empresas al gran pastel de la licitación pública. Desde Pimec hemos trabajado durante mucho tiempo para conseguir cambiar una ley que hasta ahora beneficiaba únicamente las grandes compañías, de forma que celebramos este cambio que, sin duda, supone un impulso histórico para el tejido empresarial.
Si hablamos de cifras, el impacto que tiene esta ley en nuestra economía es extraordinario. La contratación de las diferentes Administraciones públicas llega a los 180.000 millones de euros anuales, hecho que supone un 18% del PIB español. Además, la compra pública acostumbra a convertirse en un motor de cambio que impulsa la innovación y el dinamismo de nuestras empresas. De hecho, potencias económicas como Alemania, Francia o la China han hecho de esta práctica una herramienta clave en su política industrial.
"Celebramos esta nueva ley que, sin duda, supone un impulso histórico para el tejido empresarial"
Hasta ahora, las pequeñas y medianas empresas teníamos prácticamente imposible conquistar el mercado de las licitaciones públicas. Las cláusulas requeridas y las exigencias de clasificación empresarial suponían, en la gran mayoría de casos, la primera barrera para acceder. Las grandes empresas, en cambio, han sido tradicionalmente favorecidas por estas reglas de juego, adjudicándose unas obras o servicios que a menudo acababan ejecutando las pymes a precios de economía de guerra y con plazos de pago inasumibles.
Pero con la entrada en vigor de la nueva ley, este 9 de marzo, se abre una nueva etapa. Las Administraciones tendrán que garantizar la división en lotes de los contratos en los concursos, para que más emprendidas puedan acceder a la contratación. Esta división permitirá al tejido empresarial tener más presencia en las aperturas de las plicas de las licitaciones, presencia que hasta ahora era escasa por los importes excesivamente elevados que se pedían.
Paralelamente, la ley también contempla medidas como la posibilidad de pagar directamente los subcontratados, evitar que los contratistas principales hagan trampas con la fecha de la factura, exigir la factura electrónica entre el contratante principal y el subcontratado, y abolir los pactos entre las partes para prolongar los plazos de pago. Todo ello será una garantía para las pymes cuando actúen como subcontratadas, puesto que dejarán de sufrir con el alargamiento, a menudo indefinido, de los plazos de pago. En este sentido, la ley también hará frente a la morosidad, una de las principales lacras que el tejido empresarial ha tenido que sufrir a lo largo de los años como consecuencia de las malas prácticas de algunos.
Son muchos los aspectos que convierten este cambio legislativo en importante para la economía de nuestras empresas, y lo podremos analizar con más detalle a medida que estas se vayan incorporando de manera progresiva en el engranaje de los concursos públicos. Las nuevas reglas del juego suponen un impulso para las pymes, que -recordémoslo- representan el 99,8% de empresas del país, y nos permitirán seguir creciente a medida que la coyuntura económica también lo haga.
Desde la patronal seguiremos trabajando para conseguir medidas que permitan mejoras en el ámbito en que operan nuestras empresas y que comporten un cambio real y profundo en nuestro modelo económico. De momento, pero, celebramos la nueva Ley de Contratos del Sector Público.