Detrás de los 13.000 millones de euros de Apple
Fragmentación fiscal. Mientras a la UE estemos construyendo un espacio comercial y monetario común, pero mantengamos unas normas fiscales propias y soberanas en los diferentes territorios, estamos dando todas las ventajas a las grandes empresas de tipo multinacional por deslocalitzar sus inversiones y sus beneficios a una parte o la otra, en función de las normas y los privilegios que cada Estado los ofrece.
Esto es profundamente injusto, puesto que en otros muchos aspectos las normas comunitarias son estrictas y su cumplimiento se impone con dureza. El mercado y la moneda únicos nos obligan a una fuerte coordinación, cuando no a una unificación, de la legislación fiscal. Globalizar la economía, manteniendo fragmentada la autoridad política, es dar a los poderes económicos bastante por sobre las autoridades políticas. Cada vez es más claro.
Elusió fiscal. Hace tiempo que pienso que estos últimos años los gobiernos derechistas de los países más ricos han ido modificando las normas fiscales siguiendo los intereses de las grandes empresas y de las grandes fortunas, pero no lo han hecho de forma abierta, sino dejando voluntariamente rendijas en la legislación que permiten obtener beneficios sin cometer "fraude fiscal". Digo "voluntariamente" porque no pienso que los abogados de los grandes despachos fiscales sean más llestos que los abogados del Estado que hacen las normas...
El resultado de todo esto es que, cuando se descubren situaciones como la que estamos hablando, las empresas pueden decir que "no han hecho nada ilegal". Se me hace evidente la complicidad entre algunas empresas y algunos gobiernos... Tenemos que agradecer que, a pesar del pasado de su actual Presidente, la Comisión Europea, haya levantado este caso en Irlanda. Se puede hacer una pregunta: Lo habría hecho si en vez de Irlanda se tratara de Luxemburgo?
Chantaje. Las negociaciones entre empresas y gobiernos a la hora de decidir localizaciones industriales, o suyos sociales, son continuas y muy lógicas. Las empresas pueden aportar inversiones, puestos de trabajo, e ingresos; por eso piden, o exigen, ayudas públicas o tratos especiales. Pero ni unos ni otros pueden ser exagerados, ni encubiertos, ni secretos, ni estar totalmente decididos por el gobierno de un estado, puesto que esto pone en marcha un proceso de competencia y una cursa de concesiones y "arreglos" que hacen que obtengan privilegios absolutamente fuera de las reglas de la competencia y perjudiciales para los ciudadanos.
Estas situaciones se pueden leer más que como una negociación, como un chantaje. Hay que fijar unas líneas rojas y una autoridad política superior que las controle.