Los meses de confinamiento forzoso han tenido muchos efectos negativos, pero también algunos positivos. Hemos aplicado con bastante éxito el teletrabajo, hemos dado un salto en la digitalización de las empresas e instituciones y -esto querría destacar- nos ha puesto delante el reto y la necesidad de repensar muchas cosas de nuestro entorno. Ha sido una oportunidad pero también -me atrevo a decir- una obligación, el hecho de repensarnos como sociedad y mirar con ojos nuevos donde estamos y hacia donde vamos.
Lo hemos visto en ámbitos y desde instituciones muy diversas: las jornadas React, impulsadas por el Ayuntamiento de Barcelona, donde agentes de todos los sectores han intercambiado propuestas para impulsar la recuperación económica de la ciudad; el ciclo de ponencias Rethink BCN, de la Societat Barcelonina d'Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball, que quiere sensibilizar sobre las necesidades sociales y económicas; o el proceso de debates abiertos que ha comenzado la asociación Pla Estratègic Metropolità de Barcelona para repensar la metrópoli de 2030, basado en la innovación y la sostenibilidad como mecanismos para la reducción de las desigualdades en el territorio metropolitano.
También los ingenieros. En un contexto de emergencia climática, hay cambios que no pueden aplazarse más. Desde los colegios de Ingenieros Agrónomos; de Caminos, Canales y Puertos; Industriales; Informáticos; y la Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació hemos unido nuestras voces para pedir el impulso de proyectos que aporten generación eléctrica de kilómetro cero que hagan crecer la actividad económica en el conjunto del territorio.
La generación eléctrica renovable tendría que considerarse una actividad de utilidad pública
Insistimos ahora en una demanda hecha ya con anterioridad: nos hace falta, sin más demora, el despliegue de las energías renovables, una oportunidad para favorecer un desarrollo industrial y económico -a la vez que sostenible- del territorio.
Los cinco colegios de ingeniería defendemos que hay que trabajar por un justo equilibrio entre el interés general de transformación del modelo energético y los intereses particulares, pero pedimos a las administraciones y a la sociedad un cambio de visión, un cambio de mentalidad que fomente, que estimule y no impida los proyectos individuales y colectivos de actividad energética distribuida en el territorio. Unos proyectos que -como no puede ser de otra manera- permitan compatibilizar los proyectos agrícolas, pesqueros e industriales con la generación de energía renovable.
Defendemos que la generación eléctrica renovable tendría que considerarse una actividad de utilidad pública. A pesar de disponer del Decreto-Ley 16/19 de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables -aprobado en el Parlament con una amplísima mayoría favorable- hoy nos hace falta una mayor agilización de los trámites, con autorizaciones previas, para conseguir la efectiva viabilidad de los proyectos y superar así el retraso del despliegue de energías renovables.
Somos conscientes de que el reto central recae a partir de ahora en implantar los cambios necesarios en los sectores industriales y el transporte
Las viñas eólicas, las bodegas o las industrias neutras en carbono tienen que servir de ejemplo para que la generación de energía renovable y fotovoltaica sea entendida como una actividad necesaria y a la que hay que ir abriendo sin pesar ni desconfianzas, en una nueva visión de progreso para nuestro país y en el bien entendido de que son compatibles con el uso de los buenos suelos agrarios para la producción de alimentos.
Sabemos que la energía eléctrica descarbonizada y la electrificación de algunos servicios son un elemento clave en la actual etapa de la transición energética hasta 2030, pero defendemos que el proceso de descarbonización tiene que ser compatible con la suficiencia del suministro y el mantenimiento de la competitividad de nuestra industria y los servicios.
Por eso, somos conscientes -y queremos que la sociedad también lo sea- de que el reto central recae a partir de ahora en implantar los cambios necesarios en los sectores industriales y el transporte, entre otros. Que hará falta mucha investigación y grandes inversiones industriales para lograr los cambios necesarios para llegar a los objetivos previstos para 2050. Y que hay que ponerse a ello ya mismo. El futuro no espera.