El mundo está en tránsito desde una sociedad industrial hacia una sociedad digital. En el siglo XX hablábamos de dónde estarían las fábricas, dónde se generarían los puestos de trabajo o cómo se ordenarían los mercados, prestando atención al acceso a las fuentes de materia prima y de energía. Ahora emerge un nuevo orden que añade nuevas claves, como el acceso y control de la información. Aparecen nuevos gigantes que basan su poder y capacidad en la información que pueden llegar a tener de todos y cada uno de nosotros, mediante la cual diseñan servicios personalizados que modificarán todos los sectores. Banca, ocio, seguros, salud, educación, comercio, movilidad, todo tiende a servicios proactivos radicalmente personalizados basados en datos en tiempo real. La nueva economía depende de los datos y las redes de telecomunicaciones por las que circulan estos datos forman ya parte de la infraestructura estratégica del mundo.
Esta infraestructura tecnológica se está desarrollando principalmente desde China y Estados Unidos. Ambos compiten por el liderazgo mundial en chips y procesadores, en algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, y en los componentes de telecomunicaciones necesarios para que todo esto funcione. Europa intenta reaccionar con ambiciosos proyectos de investigación y desarrollo para que el continente sea soberano tecnológicamente, pero parte con desventaja en lo que ya es una lucha feroz por dominar la economía y el mundo del siglo XXI. No es sólo un tema tecnológico, también está en juego bajo qué preceptos va a funcionar el mundo. Estados Unidos considera que la tutela de los datos es cosa del mercado, mientras que China cree que esa tutela le corresponde al Estado, y ambas sociedades ven inquietante y peligrosa la propuesta del otro. Por su parte Europa propone que la tutela esté en manos del propio ciudadano, pero mientras Estados Unidos tiene empresas con miles de millones de clientes, y China tiene autoridad sobre miles de millones de ciudadanos, Europa sustenta sus propuestas en millones de reflexiones, artículos y leyes, pero tiene problemas para dar un alcance masivo a sus propuestas.
En este contexto Estados Unidos quiere blindar sus infraestructuras digitales, ya que de ellas depende el futuro tanto de su competitividad económica como de su seguridad nacional. Esa fue una de las principales razones por las que Donald Trump inició en 2019 un boicot internacional contra Huawei, la mejor tecnología 5G del momento, evitando que ese fabricante tuviera presencia en los puntos críticos de las redes de telecomunicaciones que se desplegaban por todo el país. Era inasumible que el enemigo pudiera interceptar el tráfico de datos o incluso tener la capacidad de apagar esas redes. El mismo 2019 China también anunció que eliminaría y prohibiría el uso de tecnología extranjera en cualquier organismo estatal, lo que equivale a decir en casi cualquier parte.
"Las operadoras deberán abstenerse de instalar en puntos críticos de sus redes cualquier equipo de un fabricante de riesgo"
La sociedad digital ya es un tema de geopolítica y el mundo se está organizando en dos bloques. Hay que tomar partido. El 15 de febrero de 2020 El País ya titulaba “EEUU exige a Europa que secunde la guerra tecnológica contra China”, y aunque ya no esté Trump la cosa no va a cambiar: no podremos ser socios si nuestras infraestructuras pueden quedar bajo control del rival. Es una decisión estratégica de alta política, a largo plazo, y debe ejecutarse de manera inmediata. España llevaba un tiempo trabajando en la que debía ser su “Ley de Ciberseguridad 5G” pero el Gobierno aceleró y este 29 de marzo firmó un Real Decreto Ley de aplicación inmediata. Hay que garantizar que las redes 5G en España son seguras, y para ello el Decreto prevé clasificar a los suministradores de equipos técnicos como proveedores de riesgo bajo, medio o alto, incluso con efecto retroactivo. Es decir, las operadoras deberán abstenerse de instalar en puntos críticos de sus redes cualquier equipo de un fabricante de riesgo, y si ya tienen alguno en funcionamiento se fijó un plazo máximo de cinco años para que los sustituyan. El sector tuvo que empezar a acreditar con prisas la confianza que merecen sus equipos, y todo parecía indicar que tendrían problemas los componentes suministrados por empresas chinas, en especial Huawei y ZTE, que reclaman al Gobierno criterios claros y un trato justo.
Las infraestructuras tecnológicas de la sociedad digital están dividiendo el mundo en dos bloques, en dos maneras de entender cómo deben organizarse la vida y los derechos, la economía y los servicios, y España al igual que el resto de Europa debe confirmar su disposición a ser un buen socio. En contra de lo que se dijo la firma urgente de este Real Decreto Ley no tuvo nada que ver con la coyuntura bélica en Ucrania y las posibles amenazas rusas, sino con nuestra lealtad dentro de la nueva geopolítica digital.