El llamado fenómeno de las fake news y la desinformación, de tan radiante actualidad, ya existía antes de que se acuñara el término en sí mismo. Podemos considerarlo una parte mejorable, aunque inherente, de la naturaleza humana en su uso de la libertad de expresión. Bajo esta perspectiva, las fake news no producen daños públicos masivos ni significativos. Cuando los daños sí alcanzan grandes repercusiones es cuando hay que combatir la desinformación para salvaguardar los derechos y libertades democráticas. Y analizar porqué monopolios informativos, políticos y económicos invierten en la creación y viralización de desinformación.
De momento, las políticas públicas y las iniciativas legislativas diseñadas para la lucha contra la desinformación apuntan a limitar la libertad de expresión en internet. Esto implica recortar la libertad de los usuarios, dejando impunes a los verdaderos promotores de la desinformación colectiva (partidos políticos, medios de comunicación y grandes corporaciones). Y aunque existen suficientes bases jurídicas para actuar contra la desinformación sin socavar los derechos fundamentales, parece ser que los legisladores hacen caso omiso de ellas. El motivo resulta evidente: todos los caminos de la desinformación conducen al mismo origen: los partidos políticos y sus entramados de intereses e influencias. Si la legislación se centrara en este foco, se conseguiría un cambio radical en la situación.
La solución pasa por detener el lucro que genera, por garantizar a la ciudadanía un acceso transparente a la información y por exigir a gobiernos, partidos políticos, mass media y grandes corporaciones la verificación de la información
Deberíamos centrarnos en cuál es el lucro que genera la desinformación para cortar de raíz la amplificación y la replicación que genera. Sin embargo, las acciones contra la desinformación no deberían penalizar a los intermediarios de internet (las plataformas de contenidos) a través de la censura o la autocensura, sino enfocarnos en el obligado cumplimiento para los medios, gobiernos, partidos y grandes corporaciones de verificación proactiva de la información.
También se podría intervenir dentro del marco legislativo siempre que se incluya entre los generadores de desinformación a gobiernos, partidos políticos, mass media y corporaciones. Sin romper los moldes existentes, el objetivo en la lucha contra las fake news debe consistir en crear un marco normativo que desmantele el negocio de la desinformación. Hay que poner el foco en el lucro: penalizar los pagos y cobros por la emisión y viralización de información sin garantías de veracidad. A la vez, hay que precisar el deber de verificación inherente al ejercicio del derecho a la libertad de información
Las recomendaciones expresadas en este artículo promueven un acceso transparente, verificable, completo y fehaciente a la información y se alinean con la Declaración Conjunta Sobre La Libertad De Expresión Y "Noticias Falsas", Desinformación Y Propaganda del Relator Especial para la Libertad de los Medios de Comunicación de las Naciones Unidas (ONU). También se asientan sobre el artículo 20.2 de la Constitución, La libertad de información no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
Desde Xnet y el Postgrado en Tecnopolítica y Derechos en la Era Digital de la BSM-Universidad Pompeu Fabra seguimos trabajando para dar continuidad a la investigación sobre Fake News y desinformación elaborada en el sí del programa y crear propuestas de políticas concretas que puedan dar solución a esta problemática.