Durante la campaña de las últimas elecciones municipales, desde el Col·legi de Censors Jurats de Comptes se levantaba la voz para denunciar "un desequilibrio entre las obligaciones del sector privado y la administración pública". En una entrevista en VIA Empresa, Antoni Gómez, presidente de la entidad, había planteado la posibilidad que los auditores formaran parte de los equipos de supervisión de las cuentas de los ayuntamientos, entre otras entidades públicas. Para reforzar su argumento, Gómez asegura que, durante el año 2022, de los 947 municipios de Catalunya, la Sindicatura de Comptes solo revisó la actividad de un consistorio.
Según los datos expuestos en el Registro Público de Contratación, desde el año 2019 hasta la actualidad, la Generalitat ha destinado 10,9 millones de euros para contratar servicios externos de auditoría. Un gasto que recoge los movimientos de las respectivas consejerías, empresas públicas y organismos vinculados.
El tipo de adjudicación es diversa, desde la contratación menor, abierta, adjudicación menor no directa hasta las relaciones basadas en los acuerdos marco. Ernst & Young, Bac Engineering, Faura-Casas, PwC, KPMG o Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría son algunas de las empresas con las cuales la administración catalana ha fijado una relación contractual.
En la órbita de la Generalitat, más allá de las consejerías, aparecen y se analizan entidades autónomas administrativas, entidades de derecho público, sociedades participadas, consorcios y fundaciones. El CCJC cita como ejemplo el caso de Portugal, donde el correspondiente organismo supervisor utiliza los auditores privados para llevar a cabo revisiones de cuentas, siempre bajo la supervisión final de una figura pública. "Nuestra posición no va vinculada a un interés económico, solo profesional", explicaba Gómez ahora hace unas semanas.
El control del Institut Català de Finances
En los últimos cuatro años, el contrato de auditoría más alto (312.375 euros) ha sido el firmado con Ernst & Young para supervisar las cuentas del Institut Català de Finances y todas las sociedades del grupo. En paralelo, los contratos de mayor peso quedan situados en una horquilla de 100.000-200.000 euros, impulsados por el departamento de Economía y Hacienda.
Sin dejar este ámbito estrictamente financiero, también hay que destacar el volumen de los contratos de las cuentas del Hospital Clínic (107.192 euros) o el Institut Català del Sòl (106.000 euros). Por la parte baja, de media, los 1.000 euros procedentes de las cuentas públicas se reparten, principalmente, por pequeñas firmas de auditoría tecnológica, medioambiental, seguridad y otros ámbitos técnicos.
TOP 10
| EMPRESA | PRECIO | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO |
| Ernst & Young | 312.375€ | Servicios de auditoría externa del 'Institut Català de Finances |
| Bac Engineering | 188.460€ | Auditoría de estructuras del Servei Català de Trànsit |
| Telefónica | 159.541€ | Servicio de auditoría en el Servei d'Ocupació de Catalunya |
| Faura Casas | 158.400€ | Servicio de auditoría financiera de varias entidades públicas |
| Faura Casas | 155.400€ | Servicio de auditoría financiera de varias entidades públicas |
| Uniaudit Oliver Campos | 146.970€ | Servicio de auditoría de cuentas anuales de entidades públicas participadas |
| Faura Casas | 132.000€ | Auditoría financiera del Institut Català de Finances para el ejercicio 2021 |
| Fundación Avedis | 131.200€ | Auditoría de dispositivos de atención urgente para el Servei Català de la Salut |
| Faura Casas | 129.000€ | Auditoría de cuentas anuales del Institut Català de la Salut |
| Ernst & Young | 107.192€ | Servicio de auditoría de las cuentas del Hospital Clínic para los años 2020, 2021 y 2022 |
| Serrado Auditores | 106.000€ | Auditoría del Incasòl para los ejercicios de los años 2018, 2019 y 2020 |
| Faura Casas | 94.000€ | Auditoría en centros privados para gastos Covid |
| Meta Engineering | 92.500€ | Asistencia técnica para la redacción del estudio de auditoría técnica por un proyecto de FGC |
A principios de año, los economistas denunciaron la alta concentración en el sector de la auditoría. Según el último informe del Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes sobre la situación del sector en España, un grupo de ocho sociedades de auditoría, que representan el 0,6% del conjunto, facturaron el 67,6% del total de las sociedades auditoras.
A escala laboral, hay que tener en cuenta la bajada de candidatos que se han presentado al examen de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas, 1.905 personas en 2011 y 575 personas, diez años más tarde. En la línea del discurso de Antoni Gómez, el Estado español es uno de los países miembros de la Unión Europea donde hay un menor impacto de las auditorías, dentro del mundo local.