A lo largo de los últimos años se habla cada vez más de la conveniencia que determinados Estados dejen de pagar una parte de su Deuda Pública, en concreto lo denominado Deuda ilegítima que un Estado ha utilizado para actividades contrarias al interés general (enriquecimiento ilícito, comprar armamento, destruir el medio ambiente, violación de derechos humanos o infraestructuras faraónicas de bajo uso).
Los defensores del impago de la Deuda ilegítima consideran que la Deuda ha servido para perjudicar el interés general y que esto se ha hecho con el conocimiento y la complicidad de los acreedores. Se trata de unos planteamientos que se han acentuado a medida que aumentaban los recortes que han afectado el Estado del bienestar y han ido aumentando las desigualdades entre la población.
Dejar de pagar deudas contraídas por un Estado no es nuevo. De hecho, hay documentados muchos impagos de este tipo de deuda desde la Egipto de los Faraones hasta hoy. Uno de los casos más recientes es el del Ecuador, cuando en 2007 el presidente Correa canceló una parte de la deuda al considerar que se había utilizado en actividades que no beneficiaban a la población. De este modo, dejó de pagar 7.000 millones de euros haciendo finiquitos que al final los acreedores acabaron aceptando como mal menor antes de perderlo todo.
Se trata de un tema complejo. Sin duda, hay que cuestionar una Deuda que se haya originado de manera fraudulenta por parte del prestamista (por ejemplo con engaños u otros delitos) y que además ha servido para cometer fraudes por parte del receptor. En cambio, un caso muy diferente es cuando el prestamista actúa de buena fe y es la Sido receptor el que ha cometido fraudes, u otras actividades contrarias al interés general, con el dinero recibido. En este segundo caso, en algunos casos, la responsabilidad tendría que recaer sólo en los gobernantes que han hacer fraude.
Los defensores del impago de la Deuda ilegítima consideran que la Deuda ha servido para perjudicar el interés general y que esto se ha hecho con el conocimiento y la complicidad de los acreedores. Se trata de unos planteamientos que se han acentuado a medida que aumentaban los recortes que han afectado el Estado del bienestar y han ido aumentando las desigualdades entre la población.
Dejar de pagar deudas contraídas por un Estado no es nuevo. De hecho, hay documentados muchos impagos de este tipo de deuda desde la Egipto de los Faraones hasta hoy. Uno de los casos más recientes es el del Ecuador, cuando en 2007 el presidente Correa canceló una parte de la deuda al considerar que se había utilizado en actividades que no beneficiaban a la población. De este modo, dejó de pagar 7.000 millones de euros haciendo finiquitos que al final los acreedores acabaron aceptando como mal menor antes de perderlo todo.
Se trata de un tema complejo. Sin duda, hay que cuestionar una Deuda que se haya originado de manera fraudulenta por parte del prestamista (por ejemplo con engaños u otros delitos) y que además ha servido para cometer fraudes por parte del receptor. En cambio, un caso muy diferente es cuando el prestamista actúa de buena fe y es la Sido receptor el que ha cometido fraudes, u otras actividades contrarias al interés general, con el dinero recibido. En este segundo caso, en algunos casos, la responsabilidad tendría que recaer sólo en los gobernantes que han hacer fraude.
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