Hay sociedades inclusivas y abiertas, que promueven la generación de valor, y otros que mediante la exclusión y los privilegios favorecen la captación de rentas. La governança de las primeras está guiada por los principios de competencia y transparencia, responsabilidad y diligencia, evaluación de resultados y rendición de cuentas. Las segundas, en cambio, por las relaciones de poder y el intercambio mutuo de favores, la coacción generalizada y el principio de nepotismo. Las primeras hacen que los incentivos personales y profesionales estén alineados con los objetivos sociales que se persiguen. Las segundas, en cambio, que los objetivos sociales se modelen según las ambiciones particulares de quienes ostenta el poder. Vivimos momentos de mucha crispación y tensión.
La intervención económica de la Generalitat por parte del Gobierno central equivale a la aplicación del artículo 155 de la Constitución por la puerta trasera. El gobierno autonómico catalán tiene derecho a unos ingresos fiscales (50% del IVA, 50% del IRPF, 58% de los impuestos especiales). El Estado avanza mensualmente una estimación de la recaudación y la liquidación definitiva se hace dos años después. Ahora Hacienda, con el ministro Montoro Romero al frente, se apodera del anticipo y deja claro quién manda y quien tiene la clave de la caja. Será el ministerio de Hacienda quien decidirá pagar (o no) los acreedores de la Generalitat, incluidos funcionarios y personal contratado.
El control y la intervención de los ingresos ordinarios de la autonomía catalana equivale a congelar los gastos aprobados a los presupuestos de la Generalitat para el actual ejercicio 2017. Si con esto consigue reducir el gasto autonómico en 2.000 o 3.000 millones de euros, la jugada habrá sido perfecta. Desactiva las finanzas autonómicas, anula cualquier gasto vinculado al referéndum y a la vez reduce el déficit público de la Administración del Estado. Así mata dos gorriones de un disparo.
La sociedad catalana siempre ha tenido un talante tolerante y pactista, que la ha conformado de manera inclusiva y abierta. Su capital humano es elevado, con una educación gratuita y obligatoria, profesorado muy formado y equipamientos de calidad. Dentro del ámbito de mejora, habría que reforzar los vínculos entre la educación y el mundo laboral, excesivamente alejados todavía, así como maximizar el regreso social de un sistema universitario orientado a la excelencia. El sistema sanitario, que se compara favorablemente con otros países, presenta problemas graves de insolvencia a medio plazo, asociados a los cambios demográficos y el envejecimiento de la población. Se estima que el 40% de los ciudadanos tendrá más de 60 años el 2050 y que la cifra de personas octogenarias supondrá el 16% de la población total. Vamos por el camino de ser el país con una de las poblaciones más envejecidas del planeta, con todo el que esto significa por el sistema sociosanitario, el sistema de pensiones, la dependencia y los costes del Estado del bienestar. Se hace necesario priorizar el gasto, optando por criterios de coste-efectividad, e introducir nuevas vías de ingreso que incluyan la coparticipación de los usuarios en la financiación del gasto sanitario y social. Y más allá de la gestión de los recursos económicos, habrá que replantear las bases sobre las cuales se tiene que desarrollar la provisión de servicios sanitarios en una sociedad crecientemente envejecida.
En cuanto al capital físico, la sociedad catalana continúa sufriendo déficits en infraestructuras. La inversión pública es escasa y el déficit acumulado hace, por ejemplo, que la duración del trayecto en tren entre Manresa y Barcelona el 2017 sea el mismo (o superior) que el del día de la inauguración el 3 de julio de 1859. También Corredor Mediterráneo es clave para revitalizar la economía en el arco geográfico más industrial y con más potencial exportador del litoral. Cataluña dispone también de un buen sistema de investigación básica y de un nivel de producción científica a la altura de los mejores estándares internacionales. El reto es trasladar el nivel de excelencia que se ha conseguido en la investigación básica a los ámbitos de la investigación aplicada y de la innovación tecnológica.
A escala de capital institucional, esto es, la calidad del entorno regulatorio que define la relación del sector privado con el público, la Administración española es heredera de la cultura administrativa francesa y actúa desde una posición de supremacía en la relación con los ciudadanos. El choque institucional actual y el movimiento de la ciudadanía tendrían que impulsar un cambio de modelo que pusiera la Administración pública catalana al servicio de las personas, simplificando los numerosos trámites administrativos, publicando indicadores de resultados y luchando contra la corrupción con transparencia y un sistema de sanciones rápido.
"Corredor Mediterráneo es clave para revitalizar la economía en el arco geográfico más industrial y con más potencial exportador del litoral"
Finalmente, el capital social es el valor económico del tejido asociativo que configura la llamada sociedad civil. Esta cooperación y coordinación entre individuos con unos valores compartidos es una garantía que la sociedad catalana puede superar el choque institucional actual y la pérdida de facto del autogobierno. No se puede subestimar la brutal fuerza represiva del Estado, ciertamente. Pero los efectos reactivos de la opinión pública, no sólo catalana, pueden desbordar la fuerza del Leviatà.