Este miércoles está previsto que el Parlamento Europeo apruebe una nueva directiva para reducir el volumen de residuos generado. Aumentar el reciclado de los residuos municipales hasta el 65%, limitar el uso de los vertederos para un máximo del 10% de residuos producidos, hacer obligatoria la recogida de materia orgánica, reutilizar los envases –y otros productos- en vez de reciclarlos, reducir envases y envoltorios para luchar contra los residuos plásticos, frenar la malversación alimentaria, hacer obligatoria la recogida selectiva de textiles y ampliar la responsabilidad de los fabricantes en el reciclaje de productos de consumo un golpe utilizados son las principales medidas que contempla la directiva.
Las medidas de protección ambiental a menudo son mal aceptadas por los destinatarios, sean empresas o consumidores, y es bueno que desde Europa se impulse la adopción por aquello que cuanto más distante está la Administración y más global es la medida, más difícil parece desatenderla. De todos modos, ya sabemos que las directivas europeas tienen que ser traspasadas a la normativa de cada estado, y España encabeza la lista de los estados que más incumple estas transposiciones.
Si repasamos todas las medidas planteadas por la nueva directiva europea, encontramos fundamentalmente un aumento del nivel de exigencia y el establecimiento de unos plazos para medidas que en gran parte ya aplicamos en casa nuestra. El problema es que traemos unos años estancados en la consecución de estos objetivos. Por ejemplo, hace siete años que el porcentaje de residuos orgánicos recogidos selectivamente no avanza en Barcelona.
En este sentido, el Ayuntamiento acaba de hacer saber que la nueva contrata de recogida de basura para el 2019 obligará que los contenedores incorporen sensores inteligentes y que sólo puedan abrirse con una tarjeta personalizada, de forma que puedan detectar el volumen y la tipología de basura que se aboca y quien lo hace. Estos sistemas de personalización de la basura ya se están ensayando en algunos lugares con éxito, como la ciudad noruega de Bergen. Allá, pero, parten de un sistema de recogida neumática al que se accede desde cada casa.
En todo caso, un golpe parece que hemos llegado a un techo en la separación de residuos de forma voluntaria, hay que establecer las medidas coercitivas que sean eficientes para responsabilizar y premiar o penalizar los diferentes comportamientos. El Ayuntamiento de Barcelona dice que ofrecerá rebajas a la tasa municipal de residuos. Pero mientras esta tasa vaya enmascarada en el recibo del agua como va ahora, difícilmente la población tendrá conciencia de los costes que comporta la gestión de los residuos y de los eventuales descuentos, o recargos, que pueda soportar según su actitud hacia la recogida selectiva.
El único cambio conceptual en la directiva europea respecto a nuestras prácticas corresponde a potenciar la reutilización de envases en vez de su reciclaje. Países como Alemania y países del Este hace muchos años que lo practican. Ahora se ha incorporado Gran Bretaña. En casa nuestra, se reutilizan los envases de vidrio consumidos a los establecimientos de restauración, porque los mismos distribuidores del producto se encargan de recoger el envase vacío. Aun así, a escala general, el lobby de las empresas que reciclan envases de vidrio, de plástico y otros materiales ve peligrar su negocio y ha retrasado todo el que han podido la implantación de la retornabilitat. Esperamos que con la directiva europea se desbloquee la situación y que las mismas empresas que se dedican a la recogida y el reciclaje tengan la oportunidad de ofrecer soluciones eficientes para generalizar el sistema de envases retornables.
"Avanzar de forma decidida hacia una economía circular, donde no tengamos que menester inputs externos requiere pasos como estos y muchos más todavía"
A nivel más ejecutivo, nos llega también la noticia que la Comisión Europea ha establecido la obligación que todos los aparcamientos colectivos –garajes de comunidad de vecinos incluidos- tienen que disponer de puntos de recàrrega para el vehículo eléctrico. Aunque vamos avanzando en la duración de las baterías y en la autonomía de los vehículos, el hecho que todos los vehículos particulares que duerman bajo cubierto tengan acceso a un punto de recàrrega mientras están parados es un requisito indispensable para generalizar la movilidad eléctrica. Todavía ahora se construyen muchos edificios residenciales sin este tipo de instalaciones a sus garajes, pero a partir del 2021 ya serán obligatorias a las nuevas construcciones y habrá un plazo de adaptación de las ya existentes hasta el 2030.
Todas estas medidas que hemos enumerado inciden básicamente en la función consumo y pasan de puntillas en la función producción y en las obligaciones de las empresas en general. Avanzar de forma decidida hacia una economía circular, donde no tengamos que menester inputs externos –primeras materias, energía, agua, suelo...- para mantener el funcionamiento de la economía y esta se pueda proveer de residuos y agua y energía reciclada, requiere pasos como estos y muchos más todavía.
La fiscalidad verde continúa siendo una asignatura pendiente y cuestionada a cada pequeño paso que realiza. Estos días hemos sabido que el Tribunal Constitucional español acaba de levantar la suspensión cautelar a la mayor parte de la Ley del Cambio Climático aprobada por el Parlamento de Cataluña. De este modo se podrá implantar a partir del año próximo el impuesto sobre las emisiones de CO₂, las recaudaciones del cual -mientras no se consiga disminuir sustancialmente las emisiones, que es el objetivo final del impuesto- tienen que servir para financiar las medidas para frenar el cambio climático desde Cataluña.
Toda una serie de noticias positivas en materia ambiental, pues, que nos tienen que permitir frenar la generación de residuos en Europa y continuar avanzando hacia una economía más sostenible por más verde.