Una posible consecuencia de la pandemia, que claramente marcaría un punto de inflexión respecto a la trayectoria anterior, sería la aceptación entusiasta del Estado como un agente económico de primer orden, garante a partir de ahora que la población pueda satisfacer sus agigantadas necesidades colectivas. No hay ninguna duda que el Estado se ha tenido que hacer omnipresente durante el tiempo que llevamos conviviendo con el virus del Covid-19. El Sector Público ha dejado de jugar un papel secundario, prácticamente subsidiario del Sector Privado, y ha pasado a organizar nuestra cotidianidad. Hoy lo encontramos multiplicando la provisión de los servicios públicos que ofrece la sociedad del bienestar, asegurando los ingresos de los ciudadanos con subvenciones, préstamos y avales, y sosteniendo la actividad económica de las empresas. Durante este año 2020, el Estado se ha convertido por necesidad en intermediario imprescindible y demandante de último recurso.
Desde hace décadas, las funciones del Estado se vienen clasificando en tres grandes categorías: asignativa, estabilizadora y distributiva. Pero según el lugar y el momento, estas funciones han sido aceptadas por la sociedad en grados muy diversos. El motivo por el cual nos podemos encontrar con el rechazo es que toda actuación estatal en la línea de alguna de las funciones anteriores requiere financiación, y la forma de obtener los recursos necesarios no es neutral. Aun así, con la pandemia hemos observado que desde prácticamente todos los ámbitos profesionales, incluyendo empresarios, gerentes, trabajadores autónomos, asalariados, parados, pensionistas, e incluso rendistas, se está reclamando una mayor participación directa del Sector Público en la economía.
Esta no es una cuestión menor dado que la historia reciente ha sido dominada por el discurso inspirado por unas élites que han querido apartar el Estado de la esfera económica. Curiosamente, una vez asumido por la mayoría, este planteamiento lleva a reducir su presencia a la mínima expresión. Tal vez la justa para garantizar la pervivencia de ciertos privilegios. El discurso, hilvanado con parches de procedencia diversa, alega que el Estado es un productor ineficiente, un regulador que desestabiliza los mercados cuando por sí mismos tienden a autoregularse, y una rémora para el bienestar porque impide la creación de riqueza al priorizar la redistribución respecto al crecimiento. Obviamente, en un periodo de pandemia en que se muestran de la manera más cruda las debilidades del sistema, es fácil ver como recular todas estas críticas mientras se aparca el discurso del "menos es más".
Pero más allá de la situación presente, la duda lógica es saber qué pasará el día después, al día siguiente a la pandemia. Es del todo oportuno preguntarnos si nos encontramos en un punto de inflexión tendencial o sólo en una situación de excepcionalidad transitoria. ¿Más Estado por siempre jamás o regreso a la subsidiariedad? La respuesta la darán los ciudadanos con su preferencia política y el voto electoral mayoritario.
"¿Más Estado por siempre jamás o regreso a la subsidiariedad? La respuesta la darán los ciudadanos con su preferencia política y el voto electoral mayoritario"
Cómo hemos dicho antes, toda actividad del sector público en la economía necesita hacer uso de recursos económicos que, por definición, son escasos. Entonces, la mayor o menor aceptación social de un Estado interventor se concreta al fin y al cabo en el mayor o menor consentimiento ciudadano para que la Administración Pública y los Organismos del Estado decidan sobre qué hacer con una parte importante de los recursos de la economía.
Las formas de obtener recursos que tiene a su alcance el Sector Público, para poder llevar a cabo sus funciones, son variadas. Puede producirlos directamente, recibirlos del exterior en forma de ayudas, o solicitarlos a los agentes privados (personas físicas y jurídicas) que residen dentro de su área geográfica de influencia. En este último caso, que es el que regularmente utilizan los Estados en las economías de nuestro entorno, se puede optar por la vía coercitiva de los impuestos o por la vía aparentemente menos agresiva de modificar la cantidad y la estructura de sus activos (privatizando bienes del patrimonio nacional) y pasivos (endeudándose).
En nuestro caso, las políticas públicas que se han aplicado en el pasado han menguado la capacidad de operar en algunas de las fuentes anteriores, trayéndolas hasta el punto del agotamiento o a la más absoluta irrellevància. En la actualidad pues, el Estado sólo cuenta con las opciones de los impuestos y la deuda, las cuales están muy mediatitzades por los compromisos adquiridos a nivel internacional en el marco del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Governanza (Pacte Presupuestario) que se aplica en los países de la Unión Europea.
Últimamente, pero, para hacer frente a la crisis sanitaria actual, la Unión Europea ha modificado las disposiciones fiscales del Pacto, relajando los criterios y poniéndolo en stand-by. También ha aprobado el programa Next Generation UE que pondrá en manso del Sido Espanyol una cantidad importante de recursos en forma de subvenciones y préstamos provenientes del exterior. Es una ayuda para paliar el desequilibrio en las finanzas del Sector Público, provocado por las medidas de urgencia que tratan de amortiguar el choque y recuperar la economía. También es una ayuda destinada a financiar proyectos de futuro vinculados a la digitalización de la economía y la transición ecológica. Pero a pesar de su importancia, esta fuente de recursos tiene fecha de caducidad y es, por lo tanto, transitoria.
En el horizonte, el que encontramos es un Estado que necesita recursos para desarrollar sus tareas sociales y económicas, y al cual le quedan los impuestos y la deuda como únicos instrumentos estructurales para obtener el flujo de financiación permanente que le hace falta. Los impuestos suponen una carga corriente que satisfacen las personas con sus ingresos del periodo. Pueden ser en forma de imposición indirecta si graban el consumo en general y la compra de algunos bienes en particular, o de imposición directa cuando graban, entre otros, el rendimiento del trabajo, las rentas del capital y el patrimonio. En cambio, la deuda comporta un compromiso financiero periódico, asociado al pago de intereses y de las cuotas de amortización del préstamo, que también tendrán que asumir las personas. El servicio de la deuda es, por lo tanto, una obligación diferida en el tiempo, pero impuestos, al fin y al cabo. Esta carga será más o menos pesada dependiente de cómo evolucione la base de recursos que tiene que servir para hacer frente al pago de esos impuestos en el futuro.
Si las personas establecen un vínculo entre el presente y el futuro, y tienen en consideración todos los impuestos que tienen que pagar, sea ahora o más adelante, la respuesta a la pregunta de si tendremos más o menos Estado en nuestra economía post-pandémica depende de qué sea el discurso que se acabo imponiendo en relación con el pago de impuestos. Como los políticos van y vienen con los votos, y sus posiciones volátiles están condicionadas electoralmente, por un lado tenemos los que dicen que "el dinero de los impuestos donde mejor están es en el bolsillo de los ciudadanos", y de la otra los que reclaman un Estado del Bienestar potente y robusto. Los primeros siempre se quejan de las subidas de impuestos. Los segundos, de las carencias en la provisión de servicios públicos. Aun así, si se quiere incidir de manera duradera en las políticas públicas, se tiene que cambiar la opinión pública. Cuando cambian las creencias y expectativas de la gente, el discurso político cambia también.
"Si se quiere incidir de manera duradera en las políticas públicas, se tiene que cambiar la opinión pública"
Antes de la actual pandemia el discurso dominante era lo de la presión fiscal excesiva, a pesar de que esta presión era baja comparada con la de los países de nuestro entorno que poseen unos servicios públicos de bienestar mucho más desarrollados que los nuestros. Este discurso cuenta con un gran apoyo porque los pocos contribuyentes a los cuales los corresponde pagar muchos impuestos, de alguna manera han conseguido convencer la demasiada de contribuyentes a los cuales los corresponde pagar pocos impuestos. Esto es posible porque aunque los impuestos directos afectan a anchas capas de la población sólo ligeramente, los impuestos indirectos los afectan por igual. Además, hay la falsa expectativa de un gran porcentaje de población que piensa que se verá sensiblemente beneficiada por una reducción de impuestos que en realidad beneficiará de manera significativa solamente a una parte muy minoritaria de los contribuyentes.
En cualquier caso, la realidad es que "más es más", y si queremos mayor bienestar tenemos que pagar por él, quedando margen sólo para decidir como se tiene que distribuir su coste. Ahora mismo nos encontramos ante unos Presupuestos Generales del Estado que proponen cambios fiscales importantes. Por un lado el incremento de impuestos indirectos que afectará a toda la población sin consideraciones de capacidad económica y, de la otra, el incremento de impuestos directos que tendrán impacto sólo sobre las rentas y patrimonio del selecto grupo de los muy ricos. En esta tessitura, la respuesta a la pregunta de cuál será el papel del Estado en la economía del día siguiente de la pandemia está en el aire. La reacción será, lógicamente, encarnizada por parte de los contribuyentes que obtienen rendimientos del trabajo superiores a los 300.000 euros, rentas del capital superiores a los 200.000 euros, o tienen un patrimonio que supera los 10.000.000 euros. Pero el resultado final dependerá de la posición que adopto el resto de la sociedad. Principalmente de la percepción fiscal de aquellos que sí que tienen necesidad de un Sido proveedor de servicios públicos, en cantidad y calidad homologables, pero que verán como aumentan algunos impuestos indirectos que ya pagan, y cómo se los traslada la carga otros de nueva creación.
La desinformación y un cierto grado de disonancia cognitiva crean un nexo entre los privilegios de una minoría y la voluntad de la mayoría, y pueden hacer que la sociedad mayoritariamente se decanto por el partido del "menos es más". No es seguro, pues, que hoy por hoy nos encontramos a primeros de una nueva tendencia, sino que probablemente todo acabo en un episodio transitorio, que durará hasta que remita la crisis sanitaria y la economía vaya devolviendo a la "normalidad" de antes de la pandemia.