Con la ausencia de los presidentes de la Generalitat de Cataluña, Carles Puidemont, y del Lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, se ha celebrado en Madrid la llamada Conferencia de Presidentes de comunidades autónomas. Es posible que, como dice Puigdemont, sea solamente una puesta en escena y poco zumo tangible se pueda sacar de esta macro reunión presidida por el Rey Felip y por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. La financiación autonómica se ha ido convirtiendo en este puzzle pendiente de resolver, que crea tiranteces, agita tensiones y sobre el cual cada cual tiene su propia opinión formada y no está dispuesto a ceder nada de terreno por empatitzar con sus interlocutores.
La financiación de nuestras autonomías es el muelle nuclear de esta cumbre presidencial si bien se atisban otros puntos conflictivos más o menos relacionados con el tema del dinero. Los problemas demográficos en todas las comunidades son de un tinte parecido a pesar de que conviene distinguir el tipo de población residente y el uso de servicios públicos que se hace. No es el mismo, en este aspecto, una comunidad la tasa de la cual de inmigración sea muy alta que otra en la cual sea muy baja, no solamente por el número de habitantes, sino por el uso, más o menos intensivo, que los habitantes hagan del que conocemos como Estado de Bienestar. La sanidad, sin duda, constituye el máximo exponente de que decimos. Y también el coste de la educación, sin dejar de lado otros extremos como la dependencia, las inversiones en infraestructuras, la situación de desocupación, los hoy boga bonos sociales con objeto de mitigar las tristes consecuencias de la pobreza energética y la propuesta de una tarjeta social que recoja ayudas y prestaciones sociales. Además, el siempre controvertido asunto de la unidad de mercado y política funcionarial.
La agenda de la Conferencia de Presidentes de nuestras comunidades autónomas con el titular del Gobierno español, bajo la mirada del Rey, prometía…, cuando menos en el sentido de controversias sutiles de trasfondo áspero propiciadas, un día lejano, por aquello del 'café para todos'. Y es que la equidad, a menudo, requiere discriminaciones porque las igualdades cristalicen.
Hecha esta introducción, hay que poner sobre la mesa los números de nuestras comunidades autónomas que se van saldando en términos deficitarios durante los últimos cuatro años a razón de unos 18.000 millones de euros anuales en media. La primera reflexión, a la vista de estos descuadres, es que el actual modelo de financiación autonómica es inviable. Desde la ortodoxia contable podrá arremeterse contra el desajuste que en 2015 se cerró, según números definitivos de la Intervención General de la Administración del Estado, con unos ingresos por parte del conjunto de las autonomías de 152.104 millones de euros y unos gastos de 170.066 millones, lanzando un déficit de 17.962 millones de euros.
Cuando la historia de descuadre contable de nuestras autonomías se repite año tras año, es que hay algo que no funciona. Es cierto que las comunidades llegaron a gastar en total 193.552 millones de euros en 2011 y 191.252 millones en 2012, con unos ingresos, respectivamente, de 138.684 millones y 171.805 millones, y que desde el 2013 han sufrido un recorte en las cantidades ingresadas (148.050 millones de euros en 2013 y 146.447 millones en 2014) que se justifican, más o menos, en los años de crisis y de reorganización de nuestras cuentas públicas, aunque este extremo tenga que ponerse en entredicho a la vista del volumen de gasto público total de España que no ha sido debidamente reajustado incidiendo en una desmesurada presión fiscal sobre la ciudadanía.
Dos son los grandes gastos en que incurren, por sus propias competencias, las comunidades: sanidad y educación. En 2016 el gasto por sanidad del conjunto de las comunidades ascendió a 55.932 millones de euros, representando el 33,15% del gasto total presupuestado de las autonomías (no se incluyen aquí las ciudades autónomas ceutís y Melilla y otras pequeñas diferencias inherentes en el reparto autonómico). En 2016, también, el gasto total por educación asumida por las comunidades se elevó a 36.185 millones de euros, equivalente al 21,45% del gasto total de las comunidades. Solamente estas dos partidas, sanidad y educación, absorben más de 92.000 millones de euros y consumen casi el 55% del conjunto de los presupuestos autonómicos.
Seguridad y protección social es otra partida que juega un papel destacado en las finanzas autonómicas con más de 11.389 millones de euros, representativos del 6,75% de los gastos totales. Con todo, dos son las partidas que exigen por parte de nuestras comunidades un singular esfuerzo desde el frente del gasto: deuda pública, incluyendo intereses – mucho en la baja y condonados en grande parte estos últimos tiempos por parte del Gobierno de Madrid – y el resto de funciones o políticas, a manera de cajón de sastre del gasto autonómico no especificado.
En cuanto a la deuda pública, las devoluciones de dinero prestado en años anteriores van sumando, así como el pago por utilización del capital, la suma con el cual en 2016 han tenido que asumir las autonomías supera los 27.000 millones de euros, lo cual supone que el 16% del gasto de las comunidades se aplica al servicio de deuda. Y el resto de funciones o políticas, este comodín de los conceptos del gasto autonómico, con 38.145 millones de euros succiona el 22,61% de los recursos empleados por las comunidades.
La necesidad de dotar de fondos adecuados a las autonomías es una exigencia que no se puede posponer más. Para lo cual, hace falta que se establezca un pacto de Estado con la vista puesta a largo plazo, que sea estructural y alejado de los vaivenes puntuales que vayan surgiendo debido a impulsos políticos o acaso electoralistas.
Desde la posición de Cataluña, al margen de pretensiones soberanistas la cristalización de las cuales está para ver, es absolutamente imprescindible y apremia que se llegue a un acuerdo tan satisfactorio para los políticos catalanes como aceptable para el resto de España. No se trata de insistir en este polos inacabable entre Madrid y Barcelona, o Barcelona y Madrid, y sí de encontrar soluciones que permitan concentrar todos los esfuerzos a empujar el carro de nuestra economía. El desgaste de tanta discusión, declaración, escenas teatrales, del tira y afloja entre unos y otros, a la corta o a la larga, pasa factura y es el país el que acaba perdiendo.
Cataluña es la comunidad autónoma que tiene un mayor gasto con 29.500 millones de euros en números redondos, en la cual se da una serie de circunstancias: su gasto en sanidad representa el 28,04%, bastante por debajo del resto de autonomías, excepto Navarra (24,41%); su gasto en educación es lo más bajo de todo el mosaico autonómico, 17,27%, después de Navarra (15.01%); los fondos asignados a seguridad y protección social representan el 6,21% sobre el gasto total de Cataluña, situándose en la banda baja del tenedor autonómico; destina la mayor parte de sus recursos al servicio de la deuda pública (23,78%) siendo la comunidad que más fondo emplea para cubrir su endeudamiento; y, en lo concerniente al resto de funciones o políticas se encuentra entre el grupo de comunidades que más dinero aplica a estas, con el 24,68% de su gasto total.
Por lo tanto, urge equilibrar las cuentas de Cataluña dotándola de los recursos suficientes porque pueda atender en adecuadas condiciones sus gastos operativos y de funcionamiento como comunidad autónoma, a la vez que se tiene que exigir un adecuado control del gasto público que evite desequilibrios convertidos en déficit que a la larga restan, valga la expresión, auténtica autonomía financiera.