El 9 de mayo es el Día de Europa. Y es la fecha tope de la nueva prórroga que ha aprobado el Congreso de los Diputados a petición del presidente Sánchez. Una fecha que para muchos es urgente que sea ya un punto de inflexión. En el País Valencià ya son numerosas las voces que están pidiéndolo, desde su presidente hasta los (grandes) empresarios. En la diputación permanente de las Cortes Valencianas de este miércoles Ximo Puig ha asegurado que a partir de este 9 de mayo habría que "volver progresivamente a la nueva normalidad, con toda la apertura posible y sin correr riesgos para la salud", porque "el confinamiento total también tiene un coste elevado".
También lo reclaman empresas potentes como Mercadona, Chocolates Valor y Baleària. Sus presidentes, como miembros de la junta directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), han pedido activar motores con un llevar comunicado enviado jueves que exige "volver de manera urgente a la actividad económica, porque la paralización está afectando muy seriamente a decenas de miles de empresas y trabajadores a los cuales, si se los continúa impidiendo volver a su actividad tendrán que cerrar, con efectos desastrosos en la ocupación en nuestro país". AVE hace una advertencia: "O volvemos de manera inmediata a reabrir todos los comercios, bares, restaurantes, hoteles, actividades y empresas, o el impacto sobre la ocupación y nuestro Estado del bienestar será dramático".
En algún punto tiene que estar de acuerdo el Consell valenciano cuando han ideado una guía práctica con recomendaciones para conseguir parques empresariales seguros y libres de coronavirus que contempla controles de temperatura a distancia y en cada empresa y que las mismas empresas sean las que faciliten mascarillas higiénicas a sus empleados, entre otras muchas recomendaciones.
Derecho al desconfinamiento y el informe IVIE
En el mismo discurso de esta semana de Puig ha reivindicado en este contexto el "derecho de la Comunidad Valenciana a adaptar el desconfinamiento a su realidad particular". Una realidad que, según ha certificado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) es "menos severa" que en el resto del Estado. El octavo informe de la serie que la entidad valenciana está dedicando a los efectos del COVID-19 incluye la presentación de tres indicadores sintéticos, focalizados en los afectados graves, que permiten evaluar la severidad y el impacto de la pandemia y su evolución, así como las diferencias entre territorios.
Los autores -miembros del IVIE, la Universitat de València, la Universidad de Alicante y la Universidad Pablo de Olavide- apuntan que si se considera la población afectada grave, "el alcance del COVID-19 ha sido menor". Añaden que "en cuanto a la severidad de la pandemia, se agravó en la Comunidad Valenciana en los últimos diez días de marzo pero se ha reducido desde entonces, situándose actualmente en niveles inferiores a los del principio de la serie. La trayectoria valenciana también es más favorable que la de España en cuanto al impacto limpio (descontando los pacientes recuperados), porque no crece desde principios de abril".
Buenas noticias en medio del caos. Porque si en primer plano está la salud, detrás viene la economía, y la desazón es considerable. La Confederación Empresarial de Empresarios (CEV) insiste en la vital importancia de que España pueda influir en el diseño del Plan de Reconstrucción de la Unión Europea, tal como lo han manifestado este viernes a la eurodiputada valenciana y miembro de la Comisión de Comercio Internacional, Inmaculada Rodríguez-Piñero, el presidente y los vicepresidentes de la CEV.
Las reuniones entre unos y otras son constantes en un escenario que se prevé complicado en el País Valencià, según las estimaciones. Las de la CEV de esta semana tampoco son positivas: 354 empresas valencianas han participado en un estudio de CEPYME que estima que más del 52% de las pequeñas y medianas empresas valencianas considera que no podrá mantener la ocupación dentro de 6 meses. Y todo en un contexto de suma y sigue de los ERTE, con la Conselleria de Economía Sostenible desbordada, habiendo sumado 30 funcionarios más para resolver el mismo volumen de expedientes temporales de regulación de ocupación que durante 59 años de historia de la economía valenciana. Con fecha 23 de abril han resuelto el 82,9% de los expedientes solicitados, un total de 51.701 de los 62.333 que tienen encima la mesa (virtual). Ahora se pueden consultar las cifras en abierto también.
Y en este maremàgnum, el gasto público también se dispara: el Consell valenciano cifra en 341 millones de euros la dotación global que ya ha gestionado para combatir la pandemia del COVID-19. En la suma, se entiende, entra el coste de los 15 aviones contratados por la Generalitat Valenciana desde China para transportar material sanitario y por el cual está recibiendo no pocos reconocimientos públicos. El acumulado son 529,3 toneladas, distribuidas en 18,7 millones de mascaretes, 7,8 millones de guantes, 1,3 millones de monos EPI, 611.600 gafas de protección, 20.000 termómetros y 50.000 batas. Con todo, van tarde y por eso el presidente Puig y la consellera Ana Barceló han pedido perdón desde las Corts: este viernes 24 de abril el total de sanitarios contagiados son 1.742.