Un 4,7% de la población activa de Catalunya estaba en el mes de mayo en ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Son 183.969 personas que están en el limbo laboral: tienen un salario fijo -más reducido que el habitual-, pero no pueden desarrollar su trabajo, o gran parte de éste. La hostelería y el turismo son los dos sectores que más han sufrido el impacto socioeconómico de la pandemia y, por lo tanto, los que más se han acogido a esta regulación. Para muchos de estos afectados, además, se suma la incertidumbre de no conocer la fecha de vencimiento: la última prórroga ha alargado este instrumento hasta el 30 de septiembre y no se descartan futuros aplazamientos.
Desde las diferentes administraciones, se ha intentado apoyar a las miles de personas que están en ERTE para ayudar a paliar el impacto de esta crisis: ayudas económicas mensuales, descuentos en las facturas de la luz, deducciones y prórrogas en el pago de varios impuestos, entre otros. Concretamente, en el ámbito de la vivienda, la Generalitat tiene abiertas tres líneas de ayuda hasta el 9 de agosto: suspensión de desahucios a familias vulnerables, prórroga de los contratos de alquiler y aplazamiento del alquiler en caso de ser un piso de un gran tenedor. Parecería que este grupo de afectados está cubierto en este aspecto, pero la realidad es que hay una carencia no cubierta en el tiempo: su vulnerabilidad dificulta gravemente el acceso a la vivienda.
¿Estar en ERTE es motivo para ser descartado como candidato para alquilar un piso? En VIA Empresa hemos conocido un caso que ha querido mantener su anonimato y que asegura haber sido rechazado por varias inmobiliarias en el proceso de cribaje por estar en ERTE y no poder aportar ningún otro aval económico externo. Idealista, por ejemplo, publicó un artículo con consejos para alquilar una vivienda en tiempos de covid-19 en el que decía que "para comprobar la solvencia es esencial pedir el contrato de trabajo, la declaración de la renta del año anterior y las últimas nóminas para saber el tiempo que lleva cotizado, si está indefinido o temporal, si tiene embargada la nómina o si está afectado por un ERTE".
Pero según las inmobiliarias Forcadell y Engel & Völkers, esta praxis no está sucediendo. "En muchas ocasiones, no se pasa el filtro porque los ingresos mensuales no son suficientes para aportar solvencia económica y el candidato no ha encontrado ningún avalista solidario", explica Alex Vàzquez, director de administración de alquileres de Forcadell. "Esté en ERTE o no, el importe del alquiler no tiene que superar el 30% o 35% de los ingresos del futuro inquilino". Según esta ratio de filtraje, por lo tanto, para acceder a un piso de 1.000 euros al mes, se tendría que demostrar la entrada de 3.330 euros mensuales entre los principales arrendatarios del inmueble.
Para Albert González, director de alquileres de Engel & Völkers Barcelona, hay otras maneras de demostrar solvencia económica, como entregar "la declaración de la renta del año anterior y acreditar disponibilidad económica en la cuenta corriente". Desde las principales inmobiliarias también se recomienda que el propietario contrate un seguro de alquiler que pueda hacerse cargo de un posible impago.
La cifra de despidos colectivos de los primeros cinco meses del año ya ha superado la totalidad de 2020 y es la peor desde 2013
Del ERTE al ERE
"El miedo que tiene el propietario es que el ERTE acabe en un ERE", explica Vázquez de Forcadell. De hecho, según Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, hasta un 20% de los ERTE acabarán transformándose en despidos. Es una tendencia que algunas empresas ya han iniciado para hacer frente al impacto de la pandemia: entre enero y mayo en Catalunya se han registrado 7.993 despidos colectivos. La cifra -que tiene en cuenta solo los cinco primeros meses del año- ya ha superado la totalidad de 2020 y es la peor desde 2013.
Fuentes del Sindicat de Llogateres denuncian que este no sería el único colectivo que está hoy en día discriminado por el mercado de alquiler residencial. La raza, el sexo, la ideología o la religión han podido convertirse en obstáculos para algunas personas a la hora de encontrar un piso. Esta discriminación se hace de manera directa y también indirecta: pidiendo un exceso de información o mayores garantías, acordando cláusulas abusivas o precios fuera de mercado, engañando sobre la disponibilidad de la vivienda o de sus condiciones, etcétera. Así lo explica el informe ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado de alquiler elaborado por Provivienda a encargo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta publicación destaca tres principales factores de discriminación: el acento y la barrera idiomática, los rasgos raciales y la indumentaria, y la presunción de precariedad económica.
La otra cara de la moneda: los propietarios
Tampoco ha sido el mejor año para los propietarios de pisos de alquiler, especialmente por los pequeños propietarios, que representan el 81,5% del stock de la vivienda en España, según un informe de la consultora JJLL. Según González de Engel & Völkers Barcelona, "los propietarios han tenido que ajustar las expectativas de precio debido a la regulación y tratan de compensar estas bajadas con solvencias más consolidadas para tratar de asegurar que a pesar de que reciban menos en concepto de alquiler, las rentas sean más seguras".
Los precios de los pisos en alquiler en Barcelona han bajado entre un 14% y un 17% en el último año
La pandemia y la regulación de los precios de alquiler aprobada en agosto de 2020 han sacudido el mercado residencial barcelonés y han producido importantes cambios de tendencia. Según datos del Institut Català del Sòl, en el primer trimestre de 2021 se registró un fuerte incremento de nuevos contratos de alquiler en la capital catalana: concretamente 14.399 firmas, cifra récord en Barcelona. La otra gran alteración es la bajada de los precios, que oscila entre el 14% y el 17% anual en Barcelona, según las principales inmobiliarias y portales. No solo es un porcentaje elevado, sino que implica un gran cambio de tendencia: la capital catalana acumulaba incrementos en los precios de alquiler desde 2014.