Me quiero hacer eco del hecho, aparecido a los medios con poca trascendencia para la mayoría de ciudadanos, que las patronales FEPIME (de la que la tanto la FOEG como la UIER formamos parte de su Comité Ejecutivo), CECOT, el Consejo Intertèxtil Espanyol y el Centro Metalúrgico han presentado una denuncia ante la Comisión Europea por la indemnización del Gobierno español a la concesionaria del almacén submarino de gas Castor.
Todos recordaréis los graves problemas sísmicos que se han producido en 2013 ante las costas de Tarragona debido a las perforaciones para construir un almacén de gas submarino. Debido a estos graves problemas (que la concesionaria se emperró a negar en todo momento) finalmente el Ministerio de industria español paralizó el proyecto en septiembre del 2013 y un año después, la concesionaria ESCAL UGS, empresa participada mayoritariamente por ACS (que es la empresa presidida por Florentino Pérez) renunció a la concesión de la explotación.
El Gobierno español fijó entonces (oh!, sorprendida!) una indemnización millonaria de 1.350 millones de euros para la compañía Escal UGS. Para evitar que el presupuesto común se viera aminorado en estos 1.350 millones de euros el decreto de indemnización determina que sean los consumidores de gas quien paguen esta indemnización con un aumento de su recibo del gas del 4,5% durante 30 años, a partir del 1 de enero de 2016. Poca broma!
Cómo que el proyecto empresarial Castor ha resultado fallido, ya pagarán los consumidores y aquí no ha pasado nada. Este sobrecost afectará a todos los consumidores, tanto domésticos como industriales. Los industriales representan el 60% del consumo del gas en España y el consumo de gas a la industria es el 28% de toda la energía que necesita la industria.
Las patronales que hemos firmado la denuncia entendemos que no nos podemos quedar impasibles ante un hecho que puede vulnerar la libre competencia (a quien le pagan los proyectos fallidos?) y la competitividad, cuando el precio de la energía en este país ya es un freno importante a la competitividad empresarial, ahora añadiremos un coste que no tiene nada que ver con el consumo ni con la actividad.
Esta denuncia ante las autoridades europeas entendemos que es un servicio que nos toca hacer a las patronales para defender nuestras empresas que ya tienen bastante con las dificultades cotidianas porque se los añadan, además, costes que no tienen nada que ver con su eficiencia ni con su competitividad propia.
Hoy en día cuesta mucho sobrevivir en un mundo hostil y globalizado como el que tenemos y el que nos hace falta son apoyos y no trabas, sobre todo cuando benefician a uno y perjudican a todos los otros (también a los particulares), que no tienen nada que ver con el proyecto de infraestructura de una empresa privada que el que realmente perseguía era mejorar su proyecto empresarial y sus resultados empresariales.
Todos recordaréis los graves problemas sísmicos que se han producido en 2013 ante las costas de Tarragona debido a las perforaciones para construir un almacén de gas submarino. Debido a estos graves problemas (que la concesionaria se emperró a negar en todo momento) finalmente el Ministerio de industria español paralizó el proyecto en septiembre del 2013 y un año después, la concesionaria ESCAL UGS, empresa participada mayoritariamente por ACS (que es la empresa presidida por Florentino Pérez) renunció a la concesión de la explotación.
El Gobierno español fijó entonces (oh!, sorprendida!) una indemnización millonaria de 1.350 millones de euros para la compañía Escal UGS. Para evitar que el presupuesto común se viera aminorado en estos 1.350 millones de euros el decreto de indemnización determina que sean los consumidores de gas quien paguen esta indemnización con un aumento de su recibo del gas del 4,5% durante 30 años, a partir del 1 de enero de 2016. Poca broma!
Cómo que el proyecto empresarial Castor ha resultado fallido, ya pagarán los consumidores y aquí no ha pasado nada. Este sobrecost afectará a todos los consumidores, tanto domésticos como industriales. Los industriales representan el 60% del consumo del gas en España y el consumo de gas a la industria es el 28% de toda la energía que necesita la industria.
Las patronales que hemos firmado la denuncia entendemos que no nos podemos quedar impasibles ante un hecho que puede vulnerar la libre competencia (a quien le pagan los proyectos fallidos?) y la competitividad, cuando el precio de la energía en este país ya es un freno importante a la competitividad empresarial, ahora añadiremos un coste que no tiene nada que ver con el consumo ni con la actividad.
Esta denuncia ante las autoridades europeas entendemos que es un servicio que nos toca hacer a las patronales para defender nuestras empresas que ya tienen bastante con las dificultades cotidianas porque se los añadan, además, costes que no tienen nada que ver con su eficiencia ni con su competitividad propia.
Hoy en día cuesta mucho sobrevivir en un mundo hostil y globalizado como el que tenemos y el que nos hace falta son apoyos y no trabas, sobre todo cuando benefician a uno y perjudican a todos los otros (también a los particulares), que no tienen nada que ver con el proyecto de infraestructura de una empresa privada que el que realmente perseguía era mejorar su proyecto empresarial y sus resultados empresariales.
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