La realidad del prestigio internacional que tienen tanto las escuelas de negocios catalanas (IESE, ESADE) como nuestras universidades, es la otra cara de la moneda de un sistema educativo desequilibrado, en perjuicio de la formación técnica, la coloquialmente conocida formación profesional. Las razones son diversas, empezando por la particular relación de Cataluña con España. Ciertamente, a partir de la restauración de la Generalitat—con la autonomía para regular competencias como la educación, que no es nunca completa porque Madrid se reserva la última palabra en la cesión de competencias a las autonomías— las autoridades educativas catalanas han intentado racionalizar este ámbito, en paralelo a las crecientes reclamaciones de las asociaciones empresariales por el déficit de la formación técnica en Cataluña.
No obstante, las buenas intenciones y los importantes recursos destinados a la formación técnica, y un cierto éxito en el aumento del número de estudiantes, los resultados están lejos de ser los deseados: según un estudio reciente de PIMEC, la economía catalana sólo ofrece un 23,4% de puestos de trabajo de nivel alto (universitario), mientras que la población ocupada con este nivel formativo es muy superior, de hasta el 44%. Por el contrario, la oferta de puestos de trabajo de nivel mediano (perfil técnico) es del 36,5%, pero la población ocupada de este nivel es muy inferior, de sólo el 22,6%.
Para hacer frente a estos desequilibrios educativos, es necesario hacerlo desde un enfoque global, que considere todas las fases de la educación, pero también la estructuración del mercado de trabajo y, por qué no, la política migratoria. Convendría repensar el actual sistema de valores que prevalece en una mayoría de centros educativos que, de alguna manera, aíslan los alumnos de la realidad del mundo del trabajo.
También sería pertinente plantear un cambio de paradigma sobre la valoración de formaciones y profesiones, todas dignas y respetables. El abandono de los prejuicios sobre el desprestigi de las actividades manuales o físicas pasa porque accedan en la Universidad aquellos más inclinados a la actividad intelectual y, consiguientemente, mejor preparados.
En cuanto a la formación técnica, el cambio de paradigma tendrá que implicar que los que la siguen lo hagan por el prestigio asociado y no para ser la opción por descart. Así mismo, tanto aquellos que deciden invertir en la Universidad como especialmente aquellos que lo hacen en la formación técnica, tienen que tener garantías de estabilidad en el mercado de trabajo; por ejemplo, evitando la entrada masiva de trabajadores extranjeros, cómo ha sucedido durante los años del boom. Si bien estos, por su baja calificación, no serían competencia directa, sí que pueden desincentivar la inversión en maquinaria para sustituir mano de obra barata (la sustitución de mano de obra barata por maquinaria acaba creando puestos de trabajo de mayor calificación, sea directamente o indirectamente).
Cataluña tendría que poder disponer de la capacidad de afrontar su política educativa. Que fuera el Parlamento quien fijara los límites, y las instituciones catalanas el marco. Con la independencia de Cataluña, si se contempla la realidad de forma global, se consideran todas las circunstancias que concurren y se buscan las interrelaciones, el salto cualitativo en la oferta formativa será posible.