Este Primero de Mayo llega como punto de inflexión. Por un lado estamos hartos de sentir voces que no dejan de repetirnos que el peor ya ha pasado. Que ya estamos saliendo de la crisis. Que ya se puede ver la luz al final del túnel. Desde la otra, nos damos cuenta de la gran paradoja que esto sucede presuntamente mientras estos indicios poco o nada tienen que ver con nuestra realidad, la de aquellos que continuamos sufriendo el paro, la pobreza y las desigualdades, provocadas por las políticas de austeridad, los recortes y las privatizaciones.
No nos podemos hacer trampas al solitario. Los datos de la Encuesta de Población Activa referentes al primer trimestre de 2016, que hemos conocido esta semana, nos alertan de los estragos de esta dualidad entre percepciones y realidades: en Cataluña, 218.800 hogares tienen todos sus activos en situación de desocupación, y 107.700 no tienen ningún perceptor de ingresos. El paro y la precariedad laboral también se intensifican en la población joven: el 90% no percibe ninguna prestación ni subsidio de paro. Este es nuestro presente. Y, desgraciadamente, también nuestro futuro.
La derrota social que significan estas cifras todavía puede ser peor si tenemos en cuenta que hoy tener un trabajo tampoco es ninguna garantía de salir de la pobreza. Las reformas laborales han devaluado tanto las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, que han consolidado una suerte de explotación laboral legal, que precaritza todavía más el mercado laboral y cronifica los salarios bajos. Hay que hacer toda la presión para derogar las reformas laborales que tanto han malogrado nuestro mercado laboral.
A guisa de ejemplo, las empresas de servicios integrales son herederas de esta explotación laboral legal. Es del todo inasumible —laboralmente y social— que esta nueva figura empresarial que se sacan ahora de la manga permita que, por ejemplo, haya camareras de piso cobrando hasta un 40% menos del que se las correspondería por convenio. Trabajadores de primera y de segunda, con los mismos deberes y desnudados de derechos; y todo amparado por la legalidad vigente. Es por eso que queremos obligar las Administraciones a equiparar las empresas de servicios integrales con las empresas de trabajo temporal. Si quieren hacer negocio, que lo hagan a expensas de su margen de beneficios, no de los sueldos de los trabajadores y de las trabajadoras.
Así mismo, si es cierto que estamos saliendo de la crisis, y ellos nos aseguran que lo es, es hora que repartimos los beneficios. Necesitamos más negociación colectiva para recuperar todos los recortes salariales y de condiciones laborales efectuadas con el pretexto de la crisis. Si esta realmente ha acabado, que nos devuelvan aquello que es nuestro. Hay que incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario mediano; es decir, los 1.000 euros. La dignidad de los trabajadores y las trabajadoras pasa no sólo para tener trabajo, sino para tener unas condiciones mínimas de dignidad que los permitan llegar a final de mes.
Este Primero de Mayo dejaremos de estar a la retaguardia. Ahora es la hora de la ofensiva sindical para recuperar todos los derechos laborales que hemos perdido en esta crisis.
No nos podemos hacer trampas al solitario. Los datos de la Encuesta de Población Activa referentes al primer trimestre de 2016, que hemos conocido esta semana, nos alertan de los estragos de esta dualidad entre percepciones y realidades: en Cataluña, 218.800 hogares tienen todos sus activos en situación de desocupación, y 107.700 no tienen ningún perceptor de ingresos. El paro y la precariedad laboral también se intensifican en la población joven: el 90% no percibe ninguna prestación ni subsidio de paro. Este es nuestro presente. Y, desgraciadamente, también nuestro futuro.
La derrota social que significan estas cifras todavía puede ser peor si tenemos en cuenta que hoy tener un trabajo tampoco es ninguna garantía de salir de la pobreza. Las reformas laborales han devaluado tanto las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, que han consolidado una suerte de explotación laboral legal, que precaritza todavía más el mercado laboral y cronifica los salarios bajos. Hay que hacer toda la presión para derogar las reformas laborales que tanto han malogrado nuestro mercado laboral.
A guisa de ejemplo, las empresas de servicios integrales son herederas de esta explotación laboral legal. Es del todo inasumible —laboralmente y social— que esta nueva figura empresarial que se sacan ahora de la manga permita que, por ejemplo, haya camareras de piso cobrando hasta un 40% menos del que se las correspondería por convenio. Trabajadores de primera y de segunda, con los mismos deberes y desnudados de derechos; y todo amparado por la legalidad vigente. Es por eso que queremos obligar las Administraciones a equiparar las empresas de servicios integrales con las empresas de trabajo temporal. Si quieren hacer negocio, que lo hagan a expensas de su margen de beneficios, no de los sueldos de los trabajadores y de las trabajadoras.
Así mismo, si es cierto que estamos saliendo de la crisis, y ellos nos aseguran que lo es, es hora que repartimos los beneficios. Necesitamos más negociación colectiva para recuperar todos los recortes salariales y de condiciones laborales efectuadas con el pretexto de la crisis. Si esta realmente ha acabado, que nos devuelvan aquello que es nuestro. Hay que incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario mediano; es decir, los 1.000 euros. La dignidad de los trabajadores y las trabajadoras pasa no sólo para tener trabajo, sino para tener unas condiciones mínimas de dignidad que los permitan llegar a final de mes.
Este Primero de Mayo dejaremos de estar a la retaguardia. Ahora es la hora de la ofensiva sindical para recuperar todos los derechos laborales que hemos perdido en esta crisis.
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