La Generalitat hace pública la lista de personas y sociedades que tienen deudas pendientes con la administración catalana. De este modo se conforma un año más –y por segunda vez– la lista de morosos que no han abonado al fisco deudas o sanciones pendientes y que esta vez recopila unas cifras muy superiores a la del año anterior. El número de morosos casi se dobla y pasa de nueve a 17 personas o sociedades y hay un cambio de los 14,8 millones de euros a los 36,7. La publicación de esta lista es una de las medidas incluidas en el plan de prevención y reducción del fraude fiscal del ejecutivo catalán y tiene como objetivo fomentar las buenas prácticas en este ámbito en todo el territorio.
Según fuentes del Departament d'Economia, este crecimiento está vinculado al cierre de varios litigios contra los actuales deudores que habrían permitido incluirlos en la lista. La publicación llega a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), que presenta sus balances una vez se ha dado por cerrada la campaña de la renta. En este recopilatorio, además, nueve de los 17 nombres que aparecen ya habían acumulado deudas en el ejercicio de 2019. Por otro lado, cuatro de las compañías o particulares también constan entre los morosos que contabiliza la Agencia Tributaria Española (AEAT).
Una deuda de más de tres millones de euros
La clasificación de personas morosas lo encabezan las hermanas Maria Carmen y Maria del Mar Ballbé Anglada. Las dos acumulan una deuda de aproximadamente 3,6 y 3,5 millones respectivamente –un total de 7,1 millones de euros– y provienen del sector del alquiler de viviendas. Según consta al registro mercantil, tienen una comunidad de bienes con sede en Terrassa. Por otro lado, a pesar de que estos nombres no constan en la recopilación del año pasado, registran la cifra más elevada.
El segundo nombre de la lista es el de la empresa Moramar. Esta sociedad había liderado el ranking del primer recopilatorio y esta vez continúa en la parte alta. De hecho, aumenta su deuda y pasa de los 3,27 millones de euros pendientes a los 3,37 millones. La compañía se dedica a cuestiones relacionadas con el juego y el bingo y tiene la sede fiscal en el número 73 de la calle del Comte Borrell de Barcelona. Esta deuda lo ha llevado a entrar en un concurso de acreedores que se abrió el 15 de enero de 2020 y que, según el registro mercantil, sigue vigente. Otra empresa vinculada al mismo sector y que también se cuenta entre las deudoras es Recreativos Caballero. Esta firma ya aparecía en la anterior lista y aumenta su deuda de los 1,64 millones de euros hasta los 2,1. En este sentido, a pesar de que la Generalitat no entra en detalles, ambas contracciones de deuda podrían estar vinculadas al impuesto del juego.
Uno de los factores que puede jugar un papel clave en la confección de esta lista de morosos es el pago del canon del agua
Ana Maria Borrell Marín es el cuarto nombre de esta clasificación y el último que supera los tres millones de euros pendientes con la administración. Borrell gestiona bienes relacionados con los muebles y el mobiliario, la maquinaria y el sector de la ferretería. En su caso, debe cerca de 3,1 millones de euros y es administradora única de Estanterías Bope SA y apoderada de Bhome 2014 SL.
Deudas derivadas del canon del agua, negocios inmobiliarios y alimentación
Uno de los factores que puede jugar un papel clave en la confección de esta lista es el pago del canon del agua. A pesar de que la administración catalana no especifica que esta cuestión sea el origen de la deuda, en la lista aparecen Riera de Cabanyes Companyia d'Aigües SA (2,9 millones) y Rec Madral Companyia d'Aigües (2,7 millones). También hay entre los nombres Comunitat d'Aigües SL, que acumula una deuda menor -de unos 1,1 millones de euros- y que es el segundo año que hace acto de presencia en la lista de morosos catalanes.
La apertura de nuevos procedimientos judiciales también ha hecho que las personas que ocupaban los primeros lugares de la lista cayeran hasta media tabla. Este es el caso de Carmen Elena Blázquez del Pozo, quien a pesar de aumentar en 400.000 euros su deuda con el fisco catalán –de los 2,2 millones de euros a los 2,6 millones– no se encuentra entre los primeros nombres. Blázquez es un apellido ligado a las deudas en el Estado español a pesar de que la familia nunca ha residido aquí. A pesar de utilizar este argumento como defensa a la hora de no tributar, este linaje también es uno de los principales morosos de la Hacienda estatal. Acumula una deuda de 10,2 millones de euros en las instancias españolas. Blázquez había sido vinculada años atrás a Promotora Viladrau.
La familia Blázquez del Pozo es habitual entre las deudas en el Estado español, a pesar de que nunca ha residido aquí; vive en las Bahamas
La familia reside en las Bahamas, pero la generación de su fortuna ha tenido lugar en un periplo a través de países de continentes diversos. Blázquez nació en Cuba a inicios de los años 40, pero huyó del país por cuestiones políticas relativas al régimen de Fiel Castro. Su primera parada fue en Canadá, donde conoció a Josep Busquets Verges, un industrial catalán del sector metalúrgico que también había emigrado de España para dejar atrás la dictadura franquista. Al casarse, Busquets y Blázquez se establecieron en Venezuela, donde nacieron sus cuatro hijos. A pesar de todo, conservaron propiedades inmobiliarias en Barcelona. Al mismo tiempo, el negocio siderúrgico prosperó y la pareja se convirtió en una de las familias más adineradas de la escena catalana, llevándolos a ampliar sus intereses en otros sectores, como por ejemplo la moda, el lujo y el comercio electrónico. Finalmente, el levantamiento de 1992 en Venezuela y la llegada de Hugo Chávez al poder convirtió a la familia en enemigo público número uno en su país por sus críticas al régimen. Esto provocó que tuvieran que huir a Suiza y finalmente se establecieran en las Bahamas, localización donde todavía residen.
La otra cara de la moneda es Ibupe Rehabilitació SA. Esta sociedad, a pesar de que sigue en la lista de morosos catalana sale de la lista negra española –debía 2,3 millones en 2019– y se mantiene con una deuda de 1,6 millones a las arcas catalanas. Esta empresa, dedicada al sector inmobiliario, tuvo como dirigente un jurista implicado en una estafa a la Generalitat hace tres décadas. Antonio López Bosch falsificaba a través de su gestoría las cartas de pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales que recaudaba la Generalitat. En aquel momento, se calculó que el expolio ascendía a los 18.600 millones de pesetas, teniendo en cuenta que aquella sociedad tramitaba alrededor del 15% de las tasas totales en todo el territorio catalán.
Nozar SA es otra de las empresas que repite en la lista de morosos catalanes. Esta sociedad es propiedad de la familia Nozaleda, que ostentó hasta 2014 la propiedad de Boí Taüll y hasta finales de 2018 la explotación del resort de Boí Taull. En ambos casos, la empresa catalana fue rescatada por la Generalitat y en un primer momento asumió gran parte de las acciones de la empresa por la gestión de las pistas y, cuatro años más tarde, asumió el paradero. Aún así, la compañía no pudo evitar registrar cifras en rojo a finales de 2020 y debe unos 1,4 millones de euros. Esta cantidad, sin embargo, es insignificante si se compara con su marca en la lista negra de la AEAT, donde la firma registra una deuda pendiente de 215 millones.
Los nombres de empresas de la lista los cierra Hato Verde Golf, una sociedad propiedad de la familia Ramos Guardiola, que repite por segundo año consecutivo en la lista de morosos
Los nombres de empresas de la lista los cierra Hato Verde Golf SL. Se trata de una sociedad propiedad de la familia Ramos Guardiola, que repite por segundo año consecutivo en la lista de morosos. En este sentido, los datos de deuda registradas a finales de 2019 fueron de 1,06 millones de euros y en este último ejercicio que ahora se hace público las cifras son casi idénticas considerando que ha pasado de los 1,06 millones a los 1,08. Hato Verde Golf tiene como administrador único a Jorge Francisco Sánchez Blanco, empresario vinculado a varias sociedades de los sectores inmobiliario y eléctrico, entre otros.
En cuanto a los particulares, aparecen en la lista Víctor Juan Fontfreda Puig –que debe al fisco cerca de 1,9 millones de euros–, administrador solidario de la empresa inmobiliaria Apartamentos Asistidos SL. Lo sigue de cerca Nancy Janneth Suárez Cáceres, que repite en la lista y pasa de deber 1,48 millones de euros a 1,53, una cifra similar. Esta persona física es propietaria de un locutorio. Cierran la lista Miquel dels Sants Anglada Puigcerver, que debuta con deuda de 1,55 millones de euros a la administración catalana y 2,6, a la AEAT; Luis Ventura Elías, con deuda de cerca de un millón y medio de euros y socio de un negocio de lavado y puesta a punto de automóviles en Castelldefels; y Natividad Casanova Solanas, que repite en la lista pasando de 1,16 a 1,2 millones de euros pendientes. Casanova es administradora única en las empresas con sede en Lleida Amadeo Roig SA y Porcarn SA.