El mes de octubre, en el marco de nuestra cena anual, tuvimos la ocasión de expresar que la competitividad y la eficiencia en nuestro entorno ya no se piden sino que se diseñan y se implementan conjuntamente: empresas, trabajadores/se y administración. El que vamos reivindicando meses atrás es avanzar mediante liderazgos colaborativos. Tenemos muy claro que la suma de conocimientos y de experiencias del mundo empresarial y el de las administraciones públicas nos traerían a un mejor estadio de competitividad-país y de sociedad del bienestar.
Con este convencimiento, en 2015 el Consejo Intertextil Español, el Centro Metalúrgico y la Cecot interpusimos de forma conjunta, a instancias europeas, una denuncia por Ayudas de Estado en relación a la gestión del caso Castor. En aquella acción también contamos con el Apoyo de Fepime Cataluña. Las entidades pedimos al Ministro Soria dejar sin efecto la aplicación del cobro de los 1.350 millones de euros y los intereses derivados, fruto de la gestión en la construcción del almacén gasístic Castor, hasta que la Comisión Europea emitiera su resolución a nuestra denuncia. Aun así el Gobierno español decidió aplicar un incremento en el recibo de los consumidores de gas a partir del 1 de enero del año siguiente para ir cubriendo un gasto que lejos de los 1.350 millones de euros anunciados llegará a los 4.500M de euros y que tendremos que ir pagando durante treinta años mediante el recibo del gas.
El Castor ha sido una inversión fallada, con dinero público, donde prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad, y no estamos de acuerdo que los usuarios del gas tengan que asumir el coste.
"El Castor ha sido una inversión fallada, con dinero público, donde prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad"
La industria supone más del 60% del consumo del gas a todo el estado español y el incremento de costes en los procesos productivos afecta directamente su competitividad sin obtener a cambio ninguna mejora en el servicio de suministro de gas. Según el estudio Panorámica Industrial del INE, el gas constituye el 28% del consumo energético en la industria extractiva y manufacturera española, destacando la industria química donde el consumo de gas llega al 43% del total de consumo energético que utiliza este tipo de industria. Hay sectores en los cuales el peso de la industria es estratégico para poder continuar la actividad y la resolución de Castor es totalmente incoherente con el discurso de los Gobiernos sobre la necesidad de reindustrialitzar el país. La industria garantiza la estabilidad laboral y la ocupación en los territorios, es un sector estratégico no sólo por la generación de ocupación directa, sino también por toda la industria auxiliar y de servicios que genera a su entorno, y hay que preservarla.
También en 2015, el comité ejecutivo de la Cecot aprobó internamente iniciar un proceso de litigio a instancias españolas para impugnar las Órdenes Ministeriales derivadas del Real decreto-Ley 13/2014 con el objetivo de evitar la traslación a los consumidores de gas de los costes de mantenimiento y operatividad del almacén con cargo a los ingresos por peajes y cánones del sistema gasista. Desde nuestra entidad entendimos que había que actuar, conscientes de entrar en un proceso costoso, largo en el tiempo y sin garantías de resultados. Pero más allá de las proclamas y denuncias verbalitzades hacía falta y hay que pasar a la acción tanto en este tema como en muchos otros. Impugnamos cuatro Órdenes Ministeriales que contemplan los gastos de mantenimiento de los años 2014 al 2017 y antes de finalizar el 2018 hemos recibido sentencia positiva de las dos primeras demandas. El Tribunal Supremo obliga en el Gobierno a devolver, hasta el momento, 118 millones de euros a los consumidores de gas correspondientes a cánones del mantenimiento de las instalaciones gasistas de CASTOR de 2014 y de 2015, así como la primera cuota anual (80.6 millones de euros) de regreso del crédito de 1.350 millones de euros que el anterior Gobierno central autorizó a pagar al ex concesionaria Escal UGS. Estamos convencidos que estas resoluciones se replicarán en las dos demandas que restan y que, sumadas, supondrá que el Gobierno tendrá que devolver a los consumidores de gas un total de 200 millones de euros. La resolución del TC en 2017 contra la indemnización a las empresas promotoras del almacén ha supuesto un refuerzo positivo a las demandas de impugnación que tramitamos. Por ley, el Gobierno dispone de dos meses para definir el proceso y las fórmulas de devolución de los importes. No será una gestión fácil ni rápida y que muy probablemente al consumidor particular no le supondrá un regreso significativo, pero creemos que es de justicia social actuar, y lo continuaremos haciendo, para hacer visible nuestro rechazo y penalización en una mala gestión de la administración con el dinero de todos nosotros. Hacen falta más liderazgos colaborativos y apoyar el apoderamiento social para evitar que vuelvan a darse casos como el Castor.