Tanto los profesionales liberales como los autónomos son una parte muy importante tanto en el sistema económico español como en el catalán. De hecho, hay varios anuncios televisivos en que los describen como auténticos "superhombres" y que, por lo tanto, merecen un montón de reconocimientos y de ofertas para simplificar sus tareas y sus costes. Pero la realidad es otra: son colectivos propicios para cargar con todo tipo de obstáculos, dada su capacidad demostrada de hacer frente a cualquier tarea y adversidad, casi como auténticos superhéroes.
Al pacto de firmado por el Partido Popular y Ciutadans entre las principales medidas económicas en que hablan de autónomos y profesionales liberales hay apuntados, por ejemplo, evitar la tributación de autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo; adaptar la cotización para trabajos a tiempo parcial o no habituales; ampliar de seis meses a un año la cuota de 50 euros a la Seguridad Social; mejorar el trato de las autónomas en caso de maternidad; clarificar como deducir los gastos y mejorar la seguridad jurídica. Todas estas propuestas representan mejoras, está claro, pero corren el riesgo de ser esto sólo propuestas, pues al parecer los sistemas para hacerlas realidad no están desarrolladas.
Por ejemplo, la medida de clarificar las deducciones de los gastos y mejorar la seguridad jurídica es una de las más importantes, en mi opinión, pues actualmente es fuente de muchos males entendidos y perjuicios económicos a la hora de una inspección fiscal, dada la diversidad y múltiples interpretaciones que se aplican. Por lo tanto, redactar una normativa que sea clara y concisa, que dé cabida a las numerosas sentencias judiciales favorables sobre las deducciones contables de los profesionales que van acotant el que se considera gasto sumptuària, inadecuada, oportuna o excesiva.
Estos conceptos traídos a su máxima expresión han implicado la deriva al concepto de liberalidades, de forma que todo el que no es estrictamente necesario, es una liberalidad, silogismo que el juez considera que es sustancialmente erróneo, u otros favorables al profesional liberal, como ingenieros, arquitectos... en que, por ejemplo,requiere un vehículo para controlar y dirigir sus obras pero no se le acepta la contabilización como gasto la del vehículo. En este sentido, mejorar la seguridad jurídica es urgente porque según la Ley de IRPF el autónomo o profesional liberal tiene que demostrar la dedicación del vehículo al 100% a su actividad, puesto que quién tiene que aportar las pruebas que no se han utilizado privadamente es el mismo profesional, hecho que es imposible de demostrar, ni hay ninguna manera fehaciente de probarlo y, por lo tanto, es injusto e incluso se podría entender no ajustado a legalidad, pues crea indefensión.
Antes, tanto la Ley de Sociedades como la del IVA tenían este mismo redactado, pero fueron modificadas en el sentido que si queda demostrada la afectación a la actividad, es desgravable el 50% de todos los gastos imputables al vehículo y el 50% de la cuota del IVA de las facturas. La prueba que es inferior recae en la Administración, y, si se quiere desgravar un importe superior, el profesional o autónomo tiene que demostrar la afectación más gorda. Y en este caso, la prueba vuelve a manso del profesional.
Por un profesional liberal, que en general no dispone de grandes recursos, recurrir a la justicia tiene un coste, que si además no gana el pleito, pueden ser muy elevados, hecho que hace que el contribuyente se encuentre indefenso.
Los pactos de los partidos, si quieren apoyar a la emprendeduría que representan los profesionales liberales, tienen que ir dirigidos a hacer leyes fiscales que sean justas, con criterios claros, con interpretaciones favorables no sólo con ánimo recaudatorio. Es evidente que tienen que servir para recaudar impuestos, pero de forma razonable, escalonada y sobre beneficios reales, no teóricos.
En esta legislatura los partidos políticos, todos juntos, derecha, centro e izquierda, tienen la oportunidad, por ejemplo, de cambiar la Ley del IRPF, en cuanto a la deducción del vehículo, entre otros, para simplificar las obligaciones de los profesionales, el que repercutirá en un aumento de la competitividad y más ingresos por estos colectivos y, consecuentemente, en un consumo más grande con el cual la recaudación fiscal también será más grande y se podrá destinar al campo social.
Al pacto de firmado por el Partido Popular y Ciutadans entre las principales medidas económicas en que hablan de autónomos y profesionales liberales hay apuntados, por ejemplo, evitar la tributación de autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo; adaptar la cotización para trabajos a tiempo parcial o no habituales; ampliar de seis meses a un año la cuota de 50 euros a la Seguridad Social; mejorar el trato de las autónomas en caso de maternidad; clarificar como deducir los gastos y mejorar la seguridad jurídica. Todas estas propuestas representan mejoras, está claro, pero corren el riesgo de ser esto sólo propuestas, pues al parecer los sistemas para hacerlas realidad no están desarrolladas.
Por ejemplo, la medida de clarificar las deducciones de los gastos y mejorar la seguridad jurídica es una de las más importantes, en mi opinión, pues actualmente es fuente de muchos males entendidos y perjuicios económicos a la hora de una inspección fiscal, dada la diversidad y múltiples interpretaciones que se aplican. Por lo tanto, redactar una normativa que sea clara y concisa, que dé cabida a las numerosas sentencias judiciales favorables sobre las deducciones contables de los profesionales que van acotant el que se considera gasto sumptuària, inadecuada, oportuna o excesiva.
Estos conceptos traídos a su máxima expresión han implicado la deriva al concepto de liberalidades, de forma que todo el que no es estrictamente necesario, es una liberalidad, silogismo que el juez considera que es sustancialmente erróneo, u otros favorables al profesional liberal, como ingenieros, arquitectos... en que, por ejemplo,requiere un vehículo para controlar y dirigir sus obras pero no se le acepta la contabilización como gasto la del vehículo. En este sentido, mejorar la seguridad jurídica es urgente porque según la Ley de IRPF el autónomo o profesional liberal tiene que demostrar la dedicación del vehículo al 100% a su actividad, puesto que quién tiene que aportar las pruebas que no se han utilizado privadamente es el mismo profesional, hecho que es imposible de demostrar, ni hay ninguna manera fehaciente de probarlo y, por lo tanto, es injusto e incluso se podría entender no ajustado a legalidad, pues crea indefensión.
Antes, tanto la Ley de Sociedades como la del IVA tenían este mismo redactado, pero fueron modificadas en el sentido que si queda demostrada la afectación a la actividad, es desgravable el 50% de todos los gastos imputables al vehículo y el 50% de la cuota del IVA de las facturas. La prueba que es inferior recae en la Administración, y, si se quiere desgravar un importe superior, el profesional o autónomo tiene que demostrar la afectación más gorda. Y en este caso, la prueba vuelve a manso del profesional.
Por un profesional liberal, que en general no dispone de grandes recursos, recurrir a la justicia tiene un coste, que si además no gana el pleito, pueden ser muy elevados, hecho que hace que el contribuyente se encuentre indefenso.
Los pactos de los partidos, si quieren apoyar a la emprendeduría que representan los profesionales liberales, tienen que ir dirigidos a hacer leyes fiscales que sean justas, con criterios claros, con interpretaciones favorables no sólo con ánimo recaudatorio. Es evidente que tienen que servir para recaudar impuestos, pero de forma razonable, escalonada y sobre beneficios reales, no teóricos.
En esta legislatura los partidos políticos, todos juntos, derecha, centro e izquierda, tienen la oportunidad, por ejemplo, de cambiar la Ley del IRPF, en cuanto a la deducción del vehículo, entre otros, para simplificar las obligaciones de los profesionales, el que repercutirá en un aumento de la competitividad y más ingresos por estos colectivos y, consecuentemente, en un consumo más grande con el cual la recaudación fiscal también será más grande y se podrá destinar al campo social.
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