Servido un nuevo conflicto

Mientras, con una mezcla de sorpresa y de aburrimiento, vamos siguiendo las peripecias ante las dificultades de formar un nuevo gobierno en Madrid, ya tenemos materia para prever un nuevo conflicto, este a tres bandas, entre Bruselas, Madrid y Barcelona. La magnitud del déficit público español, que estaba limitado por la UE a un 4,2% del PIB por el año 2015, se confirma que ha superado el 5,1%, es decir que se habrá desviado más de un 20%.

No sé si la cifra prevista era la más lógica, pero fue negociada y era un compromiso adquirido por el Gobierno español. A lo largo del año, la Comisión Europea había ido advirtiendo que no lo cumpliría; finos había criticado algunas de las medidas, como bajadas de impuestos, que se habían tomado en época de perspectiva electoral. El Gobierno decía que no sufrieran... Es por lo tanto previsible que a la UE le cueste más esta vez mirar hacia otra banda, cómo ha hecho en los años anteriores, y es probable que vivamos enfrentamientos que agravarán la situación de intranquilidad que ya se vive en Bruselas sobre la duración de la parálisis política española.

El conflicto tiene una segunda dimensión exclusivamente española. La forma como el gobierno del Estado repartió, en una decisión unilateral, el déficit entre la Administración central y las autonómicas, ha hecho que estas aparecían ahora como las principales culpables de la desviación registrada, puesto que muchas de ellas se han excedido en los respectivos objetivos de déficit. Ya se está diciendo que, por lo tanto, hará falta un incremento del control estatal sobre los gastos autonómicos, y establecer nuevas exigencias para tener acceso en la financiación vía FLA. Dinero a cambio de hacer caso...

Hay que decir también que las desviaciones habrían sido más pequeñas si, como pidieron muchas CCAA y especialmente Cataluña, el incremento de déficit que se obtuvo en la negociación con la UE se hubiera distribuido de una forma más proporcional entre el Estado y las Comunidades, sobre todo teniendo en cuenta que el gasto público autonómico es mayoritariamente de tipo social (educación, sanidad, servicios sociales) y, por lo tanto, mucho más difícil de reducir sin provocar dolor y desigualdad, que no según qué gastos en infraestructuras estatales. Expulsar responsabilidades es una costumbre cada vez más corriendo en todos los gobiernos...

Veremos actuaciones "disciplinarias" desde la Comisión hacia el gobierno de Madrid; veremos algunas poco disimuladas medidas de "recentralització" desde Madrid hacia las CCAA; y veremos, incluso, alguna "intervención" sobre Barcelona. No es el mejor escenario por los tiempos que vivimos...