A pesar de que la producción y comercialización de materiales con amianto se prohibió en España en 2021, legalmente no se obliga a retirar las instalaciones con este componente si no ha llegado a finales de su vida útil. Y es que la vida útil de los materiales que contienen amianto, uralita o fibrocemento, no finaliza exclusivamente cuando pierden sus características funcionales, sino justo antes de suponer un riesgo para la salud de las personas en cuanto a la liberación de las fibras de amianto que contienen. En Catalunya la mayor parte de los materiales que contienen amianto se instalaron entre la mitad de los años 60 y final de los años 80. Si se estima que la vida útil del amianto es de entre 30 y 50 años, quiere decir que la mayoría de instalaciones han llegado o están llegando al final de su vida útil.
El Parlamento Europeo, mediante el Comité Económico y Social Europeo (CESE), fijó como fecha tope en 2032 para sustituir los materiales que contienen amianto en el ámbito privado y en 2028 para el ámbito público. Con la sustitución de los materiales se pretende ganar años y calidad de vida de la ciudadanía en general y de las personas trabajadoras que desarrollan su jornada a los centros de trabajo en particular; reducir el gasto en la atención sanitaria; lograr un beneficio medio ambiental; revalorizar los terrenos afectados, así como impulsar el sector empresarial especializado en la gestión, retirada y sustitución de estos materiales.
Con la sustitución de los materiales se pretende ganar años y calidad de vida de la ciudadanía en general y de las personas trabajadoras
El noviembre de 2020 el Gobierno aprobó la memoria preliminar sobre el Anteproyecto de ley para la erradicació del amianto en Catalunya. En el año 2021 se presentó el informe Poniendo las bases para la erradicación del amianto en Catalunya, donde se analiza el estado de situación y donde se subraya la necesidad de un liderazgo político fuerte y sostenido en el tiempo, que se lleve a cabo desde una posición transversal y multicompetencial. También remarca que harán falta inversiones muy importantes y plurianuales, así como la participación de diferentes gobiernos para poder ejecutar un plan con un plazo a 10 años.
Se estima que en Catalunya hay todavía 150 millones de metros cuadrados de cubiertas de fibrocemento, muchas de ellas en cubiertas de naves industriales situadas en los polígonos que fueron creciendo a lo largo de los años 60, 70 y 80, en el entorno de las principales zonas industriales del país, como lo es el Vallès. Solo hay que pasearse por alguno de sus polígonos o consultar Google Maps, para constatar todavía la presencia de este material en un % muy elevado de las cubiertas de las empresas que los ocupan. Pero el problema del amianto no es solo un problema de salud pública o medioambiental, sino que puede acontecer también un freno para que muchas de nuestras empresas puedan afrontar el reto de su transición energética.
Se estima que en Catalunya hay todavía 150 millones de metros cuadrados de cubiertas de fibrocemento
Uno de los motivos que dificulta que las empresas propietarias de estas cubiertas de fibrocemento puedan hacer los primeros pasos hacia la transición de su modelo energético es la imposibilidad legal de utilizarlas para colocar una instalación de autoconsumo fotovoltaico. Así pues las empresas que no se quieran quedar atrás en el objetivo de ser más eficientes y competitivas energéticamente y, a la hora, quieran cumplir en un futuro no demasiado lejano con la normativa europea, tendrán que hacer frente a importantes inversiones para retirar y sustituir sus cubiertas de uralita. Un gasto que a día de hoy, y después del impacto de las diferentes crisis que ha sufrido gran parte del tejido empresarial los últimos años, será difícil o imposible afrontar. Recordemos que las empresas han tenido que sobreendeudarse para poder reactivar la actividad después de la covid-19.
Pero como pasa a veces, en el mismo problema se puede encontrar la solución. La sustitución de las cubiertas de fibrocemento vinculada a la inversión en la nueva cubierta de una instalación fotovoltaica para autoconsumo y/o para autoconsumo compartido, permitiría a las empresas que se encuentran en esta situación, conseguir una reducción en su gasto energético, que permitiría a la vez, en un periodo razonable de tiempo, amortizar la instalación fotovoltaica en sí y recuperar también la inversión del cambio de cubierta. Al mismo tiempo, la empresa contribuiría a la generación eléctrica con fuentes renovables y reduciría sus emisión de gases de efecto invernadero.
Si comparamos un ejemplo de proyecto fotovoltaico con y sin sustitución de amianto, podremos ver que el coste que tiene la retirada y sustitución de la cubierta de uralita por una de panel de Sandwich, el proyecto se encarece un 62% y el pay back se incrementa en 2,7 años.
Si tenemos en cuenta pero que la vida útil de una instalación fotovoltaica es de entre 25 y 30 años, el regreso del conjunto de la inversión y el flujo de caja que generará la misma en este periodo, compensará sin duda, y con creces, cualquiera de las dos opciones. Aún así, las administraciones no pueden desentenderse de este problema que, como decíamos al principio, es también un problema de salud pública. Hay que hacer su implicación no solo regulando la retirada de estos materiales de nuestro entorno, sino también a la hora de afrontar el gasto que esto puede representar, especialmente y por la dimensión de las inversiones necesarias, para el sector empresarial.
La opción de no hacer nada y mantener la situación actual es totalmente desaconsejable tanto desde el punto de vista de la salud pública como del de la transición energética
La primera comunidad que elaboró un plan director para erradicar el amianto fue el Gobierno de Navarra en 2019, con una inversión de 245 millones de euros en 12 años. En la CCAA de Navarra se estima que hay seis millones de metros cuadrados de uralita y 566 km de canalizaciones con fibrocemento. En Catalunya, el 2019 se creó la Comisión para la erradicación del amianto con el fin de constituir un espacio de trabajo interdepartamental para fijar a medio plazo un plan de trabajo para la eliminación de la presencia de amianto en Catalunya y de sus efectos sobre las personas y el medio ambiente. Dicha comisión, a nuestro entender, tiene que decidir entre tres posibles opciones: la opción de no hacer nada y mantener la situación actual, totalmente desaconsejable tanto desde el punto de vista de la salud pública como del de la transición energética; la opción de regular el proceso de erradicación, a nivel legal, estableciendo un censo de las infraestructuras, fijando procedimientos, estructurando un sistema de financiación, etc.; y la última opción, un modelo focalizado en los incentivos fiscales, las ayudas y las medidas voluntarias. Desde nuestro punto de vista, sumando la segunda y la tercera opción se podría incentivar a las empresas a invertir en la sustitución de sus cubiertas vinculándolo a que inviertan también en una instalación fotovoltaica para autoconsumo.
Esta apuesta, pero, se tiene que abordar de forma decidida, con los recursos necesarios y una intensidad de ayudas que incentive a las empresas a hacer estas inversiones, si no el esfuerzo se verá abocado al fracaso. Hasta ahora, las líneas de ayudas a la retirada de cubiertas de uralita han tenido una dotación muy modesta y no han servido, ni servirán si siguen igual, para resolver un problema de esta dimensión. El ejemplo más claro lo hemos visto en la convocatoria de los fondos Next Generation a las renovables, las primeras partidas de ayudas a instalaciones fotovoltaicas se han agotado en un santiamén, por el contrario, han sido poquíssimes las empresas con cubiertas de uralita que hayan solicitado la ayuda a la retirada de uralita vinculada a la fotovoltaica, el motivo, la intensidad de la misma y la limitación de la ayuda a la superficie que ocupa la instalación en vez de poder alcanzar el total de la cubierta.
Así pues, para resolver este problema de salud pública, de competitividad empresarial y de transición energética hay que aprovechar el momento, la oportunidad de los fondos europeos, el incentivo del autoconsumo y el impulso de un nuevo modelo energético. Si no lo hacemos ahora, muchas empresas se quedarán atrás y no podrán lograr estos objetivos que, en definitiva, acaban repercutiendo y beneficiando a todo el mundo.