La Ley 12/2023 para el Derecho a la Vivienda, aprobada en el Congreso el pasado mes de mayo, ofrece la posibilidad de declarar área tensionada a los municipios en los que el pago de la hipoteca o del alquiler supere el 30% de la renta disponible de las familias o que los precios de compra o de alquiler de las viviendas hayan crecido, en los últimos cinco años, un 3% por encima del IPC. La aprobación por parte del MITMA de esta declaración comportará de forma inmediata que los nuevos contratos de alquiler tengan un tope de renta.
A los activistas para el derecho a la vivienda esta medida, que afecta únicamente a los contratos de vivienda permanente, no les parece suficiente y pretenden también regular los contratos de vivienda de uso temporal que no queden sometidos a ningún tope de renta.
Los contratos de alquiler temporal responden a una necesidad real que se da en las grandes ciudades y que es consecuencia de su dinámica económica. El caso de Barcelona es un claro ejemplo. Una ciudad universitaria y con reputados centros de formación superior, que cuenta con centros hospitalarios de prestigio internacional, en la que centenares de empresas multinacionales y startups han instalado centros de desarrollo de negocio, con un sector turístico que aporta el 15% del PIB de la ciudad y con una dinámica de población, especialmente la joven, con un alto grado de movilidad.
En Barcelona, el sector turístico aporta el 15% del PIB
En este entorno, los contratos de alquiler de cinco o siete años destinados a vivienda permanente y que están grabados con una cláusula de penalización en caso de incumplimiento de su plazo no se ajustan a lo que necesita una parte importante de los residentes en Barcelona que están vinculados a las actividades económicas y a la dinámica de población que hemos mencionado, especialmente los que se enmarcan en la categoría de población flotante.
En consecuencia, es numeroso el colectivo de población de la ciudad que necesita una vivienda temporal que les ofrezca flexibilidad de uso. Esta flexibilidad pasa por viviendas en ubicaciones céntricas que, en la mayoría de los casos, estén amuebladas y con contratos que no los liguen a largo plazo.
Este tipo de viviendas, por el equipamiento que necesita disponer, por el desgaste en su uso y por la alta rotación de los usuarios, son más caras de gestionar, pero no únicamente les perjudica el incremento de los costes de gestión. También la fiscalidad es superior, dado que no se benefician de la reducción en los rendimientos del IRPF del que disfrutan los contratos de vivienda permanente. Esto explica que el alquiler de este tipo de viviendas temporales sea más caro que el permanente.
Es numeroso el colectivo de población de la ciudad que necesita una vivienda temporal que les ofrezca flexibilidad de uso
Regular los contratos de alquiler temporal como piden los activistas de la vivienda para forzarlos a convertirse en permanentes dejará a la población flotante de Barcelona sin alternativa habitacional, a la vez que muchos propietarios especializados en este tipo de arrendamientos pueden decidir salir del mercado de alquiler, un hecho que tensará todavía más la oferta de vivienda en la ciudad.
Parece que los colectivos para el derecho de la vivienda se han autoasignado la potestad de decidir quién puede alquilar una vivienda, ignorando cuál es la dinámica natural de la ciudad, y decretar quién puede ser o no vecino del municipio.
Si con su activismo ya están dañando el mercado de vivienda de alquiler tradicional, ahora se proponen acabar con el de temporada sin tener en cuenta ni las consecuencias negativas sobre el mercado de la vivienda, ni tampoco el prejuicio que la falta de vivienda temporal provocará en la actividad económica de la ciudad.
