La nueva tasa Tobin, una herramienta de doble filo

El impuesto graba todas las adquisiciones de acciones de compañías españolas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros

La tasa Tobin graba la compra de acciones de grandes empresas | Europa Press La tasa Tobin graba la compra de acciones de grandes empresas | Europa Press

El pasado 16 de enero, entró en vigor en España el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (de ahora en adelante, ITF), mundialmente conocido como tasa Tobin. Este tributo, de naturaleza indirecta, afecta a cualquier inversor -persona física o jurídica- que haga una compra de acciones españolas, con independencia de su residencia fiscal. La carga por impuestos análogos o similares en mercados de otros países ya es existente, como por ejemplo el stamp duty en el mercado británico o las tasas por transacciones financieras en Francia o Italia. Sin embargo, todavía son muchos los países en todo el mundo que no graban las compraventas de acciones.

La tasa Tobin graba todas las adquisiciones de acciones de compañías españolas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros, a un tipo impositivo del 0,2% sobre el importe efectivo de la compra, sin tener en cuenta los gastos y/o costes asociados. Aún así, aquellos inversores que hagan operaciones de especulación durante el mismo día tributan por el importe limpio, regularizado al final del día.

El listado de compañías afectadas por la tasa se publicará anualmente, cada mes de diciembre, en la página web de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. La tasa se aplicará a aquellas compañías que, a día 1 de diciembre del año anterior, dispongan de una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. Es decir, durante 2021, estarán grabadas todas las operaciones de compra de acciones de las compañías españolas que, en fecha 1 de diciembre de 2020, tuvieran una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

"Se prevé que el Gobierno central recaudará con la tasa Tobin, aproximadamente, unos 850 millones de euros al año"

El responsable de cobrar el impuesto al inversor final será el intermediario financiero que ejecute la operación de compraventa de las acciones. La ley reguladora del ITF excluye explícitamente la aplicación de la tasa a una serie de activos como serían los derivados, los ETF (fondos cotizados) o los CFD (contratos por diferencias), entre otros. Hoy en día, el Gobierno del Estado no ha hecho mención de cuál será el destino de los fondos recaudados por la referida tasa, que se prevén, aproximadamente, en unos 850 millones de euros al año. Todo apunta que, debido a la crisis sanitaria actual derivada del SARS-CoV-2, podrían destinarse a cubrir los gastos derivados de la aplicación de la Ley 11/2020, del 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que entró en vigor el pasado 1 de enero.

Menos rentabilidad

Este impuesto afecta a los pequeños y grandes inversores que deseen invertir en acciones españolas afectadas por la tasa, puesto que no se discrimina con ningún límite mínimo en número de acciones o en importe, por su aplicación. En otras palabras, la aplicación de la tasa supondrá directamente una mengua en la rentabilidad de sus inversiones, punto que dificultará el trabajo de los asesores financieros para obtener las rentabilidades objetivo establecidas por los inversores.

Es importante dejar patente también que el país desde donde se invierta es indiferente para la aplicación de la tasa. Esto implica que todas las entidades financieras de todo el mundo estarán obligadas, de manera directa o indirecta, a aplicar el 0,2% sobre el importe efectivo de la compra en concepto de tasa Tobin a todos aquellos clientes que quieran realizar compras de acciones de compañías afectadas por la referida tasa.

"La tasa Tobin pone en un punto de desventaja competitiva al mercado español respecto al de los países que no graban la mencionada adquisición de acciones"

Los intermediarios financieros o las entidades financieras no son el obligado tributario del impuesto, sino que lo es el cliente final que realiza la compra de las acciones. De todos modos, sí están obligados a repercutir la tasa a los clientes finales y son los encargados de recaudar y liquidar el impuesto hacia la Administración Tributaria española.

La tasa Tobin pone en un punto de desventaja competitiva al mercado español respecto al de los países que no graban la mencionada adquisición de acciones. ¿Por qué invertir en compañías de un país donde el Estado te penaliza a la hora de adquirir las acciones si se puede invertir en todo el mundo sin tener que pagar el referido peaje? Queda por ver si finalmente las perjudicadas serán las compañías españolas afectadas por la famosa tasa.

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