Esta mala costumbre de invocar a los jueces para cualquier asunto ha acabado perjudicando todavía más a una buena parte de nuestra administración. Las personas que trabajan allí saben que cualquier error puede tener consecuencias jurídicas, y han acabado dando prioridad al cumplimiento de las normas muy por encima del logro de resultados. Hay mucho control sobre los procedimientos, la definición de los requisitos, las bases y normas de cada concurso, la fundamentación de la decisión, la comunicación de los plazos… pero hay una ausencia casi absoluta de seguimiento de los resultados. De hecho, demasiado a menudo los resultados no están ni tan solo definidos o medidos. La administración debería estar orientada a la creación de valor público pero la mayoría de los servicios públicos y de los trabajadores públicos no rinden nunca cuentas del valor público que han generado. De hecho, muchos de ellos ni tan sólo sabrían definir el valor público que se supone deben perseguir, y por tanto serán incapaces de evaluarlo.
Es un problema general, no sólo catalán o español. En muchos lugares de Europa la administración se ha orientado al cumplimiento de la norma y el procedimiento, pero no ha habido ni de lejos un esfuerzo similar en definir y evaluar el objetivo perseguido. En todas partes hay un interventor supervisando los procesos, pero en casi ningún sitio hay una figura similar evaluando los resultados. Hay alguien que nos garantiza que las cosas se han hecho bien, pero no hay nadie garantizándonos que hayan servido para algo.
La administración debería estar orientada a la creación de valor público pero la mayoría de los servicios públicos y de los trabajadores públicos no rinden nunca cuentas del valor público que han generado
No hace demasiado surgió una plataforma ciudadano reivindicando que es necesario medir para avanzar, mesurarperavançar.cat. Insistían que es necesario evaluar las políticas públicas, ponían ejemplos de nuestro entorno y señalaban las deficiencias del sistema catalán, que pese a los esfuerzos de ivalua.cat aún tiene demasiadas limitaciones. Acababan proponiendo un decálogo de acciones que deberían llevarse a cabo, y la última de ellas me parece especialmente relevante porque justo ahora hay una ventana de oportunidad: la reforma del reglamento del Parlamento catalán.
Ahora mismo se está discutiendo una propuesta de reforma del reglamento del Parlament, y se podría hacer obligatorio que cualquier proyecto de Ley, tanto del Gobierno como de la oposición, deba incorporar una memoria económica y una definición de los objetivos esperados, de manera que fuese más fácilmente evaluable que las leyes aprobadas han tenido los resultados esperados, tanto en objetivos como en impacto económico.
Hacer las cosas bien no es suficiente. Además hay que demostrar que sirven para alguna cosa.