El Gobierno español ha aprobado recientemente la ampliación de los plazos de vigencia de los avales ICO especiales para el Covid-19 en tres años en el vencimiento global y en un año en forma de periodo de carencia adicional a la cabeza de 12 meses. Esta ampliación de plazos podemos calificarla de adecuada en términos de adaptación temporal de la carga financiera sobrevenida a las empresas, pero insuficiente respecto a los requerimientos de solvencia que las pymes necesitan para poder hacer frente a la reorientación empresarial que el entorno actual exige. También es insuficiente para recuperar el mínimo equilibrio financiero en aquellos casos en que ha habido una elevada afectación de la actividad sin compensaciones directas.
Estas medidas sirven como máximo para mantener las empresas en funcionamiento. Si recordamos la línea de avales de 100.000 millones de euros, de los cuales hoy se han utilizado 80.683 millones, la ampliación de los vencimientos representa una adaptación a la perspectiva real de la crisis de actividad en términos de magnitud del impacto, que podemos diluir a lo largo de ocho años, y del periodo de afectación de la actividad, dejando dos años de carencia que serían los más complejos para las pymes.
Desgraciadamente, la diferente gestión de los apoyos por países deja unos factores de diferencia competitiva negativa de las pymes catalanas respecto a otros del entorno europeo, por la baja aportación en forma de ayudas directas y por la carencia de medidas de recapitalización orientada a las pymes. Teniendo en cuenta el objetivo del plan europeo de acelerar la transición ecológica y digital de la economía, sólo podrán optar a estos fondos las empresas que dispongan de la solvencia necesaria para afrontar proyectos de inversión, mientras que las pymes quedarán excluidas.
"La diferente gestión de los apoyos por países deja unos factores de diferencia competitiva negativa de las pymes catalanas respecto a otros del entorno europeo"
Con todo esto, si no contamos con soluciones que apoyen a la solvencia, las pymes catalanas se verán afectadas por una carencia de capacidad inversora que las dejará con una desventaja competitiva respecto a otras empresas de países de la Unión Europea. Este hecho es especialmente grave si tenemos en cuenta que el Marco Temporal de Ayudas de la UE aprobó las pautas de las medidas de recapitalización para los estados miembros el pasado 13 de octubre y las administraciones todavía no han emitido ningún marco útil para la mejora de la solvencia de las pymes. Esta tardanza es todavía más grave si se tiene en cuenta que la Unión Europea las autoriza hasta el 30 de septiembre de 2021, es decir, que no se puede demorar más allá la concreción de estos instrumentos.
Ante esta situación, en la cual las empresas catalanas han recibido menos ayudas directas que sus competidoras europeas, hace falta al menos que no se vean perjudicadas por la carencia de medidas de recapitalización. En caso contrario, se producirá un doble agravio comparativo y una pérdida de competitividad muy importante.