Ante el desbarajuste de la administración catalana (Generalitat y ayuntamientos, con sus diputaciones provinciales incluidas) empiezan a aparecer voces, clamores, que piden que las cosas se arreglen. La mayoría de la población comienza a estar harta de la incompetencia de quienes gobiernan. Esta degradación no es más que el fruto de un desgobierno que dura, aproximadamente, veinte años. Es cierto que la maquinaria funcionarial -que en cada ciclo electoral queda truncada en unos quinientos miembros directivos- va tirando. Pero el desgaste y el desánimo hacen estragos entre el personal funcionarial -no hay nada peor que tener un superior jerárquico incompetente-. Además, los bienes inmovilizados se han hecho viejos y nadie los ha repuesto.
"La mayoría de la población comienza a estar harta de la incompetencia de quienes gobiernan"
Pedir que todo esto se arregle de golpe es complicado. Y más si quienes deben arreglarlo son los que mandan ahora. Quiero decir que, aunque tuvieran la firme intención de arreglarlo -lo cual ignoro- implementarlo costaría un esfuerzo y un tiempo precioso. Por lo tanto, hay que buscar alternativas.
Hace un tiempo leí una entrevista que le hacían al señor Joan Font, que es quien dirige el grupo Bon Preu. Se quejaba del hecho de que para abrir un establecimiento tardaban años y años debido a la incompetencia administrativa pública. Él decía, aproximadamente, algo evidente: “Nosotros (en Bon Preu) sabemos cómo deben hacerse las instalaciones de un nuevo establecimiento. Entonces, podríamos hacerlo con mínima intervención de las administraciones públicas y ellos podrían pasar a hacer la inspección al final. Nosotros corregiríamos los errores o imperfecciones”. Pues bien, esto que apuntaba el señor Font, esta manera de proceder, tiene un nombre: Declaración Responsable.
La Declaración Responsable figura definida en el artículo 69 del Código de Derecho Administrativo en su primer apartado que dice: “Documento en el que una persona manifiesta y suscribe que cumple unos requisitos para acceder al reconocimiento de un derecho o una facultad o para ejercerlos, que dispone de la documentación acreditativa y que los continuará cumpliendo durante el periodo inherente a este reconocimiento o este ejercicio”. Si una administración utilizara este recurso para acelerar los procesos, se daría cumplimiento a lo que reclamaba el señor Font.
Pues bien, ahora han surgido movimientos que también lo reclaman. Hablo de #DeclaraciónResponsable y #StopBurocracia. El proceso sería sencillo. Cuando alguien quiere llevar a cabo una actividad que requiere acciones físicas para las cuales ya ha demostrado sobradamente tener conocimiento y práctica suficientes, se trataría de:
- Presentar un proyecto bajo su responsabilidad y obtener el permiso inmediato provisional para iniciar las obras.
- La administración (generalmente el ayuntamiento) comprobaría posteriormente el cumplimiento de todas las normativas. En caso de incumplimiento, no solo se obliga a rehacer lo que no cumple con las normas, sino que, adicionalmente, se aplica una fuerte multa.
Los movimientos de los que les hablo dan más detalles y videos aquí.
¿Qué se puede hacer? No creo que haya dudas. ¿Que los ayuntamientos lo quieran aplicar? No tienen excusa.