Ya hace tiempo que el Banco de España, y en concreto el hasta ahora economista Juan S. Mora Sanguinetti, nos alerta que España sufre económicamente los efectos negativos de su alta complejidad normativa. Y esto es provocado, principalmente, por la enorme producción normativa de la administración pública. En concreto, entre el año 1979 y 2021, el conjunto de las administraciones españolas aprobaron 411.804 normas nuevas. Y, solo en 2021, se aprobaron más de 12.000. Y sí, la tendencia es creciente.
La gravedad de la situación no deja de ser paradójica. El desarrollo de normas que regulen nuestra economía y la sociedad en general tiene por finalidad reducir la incertidumbre y proteger los derechos y deberes de los sujetos de derecho. Pero la excesiva convivencia de normas y, a menudo, su redacción deficiente, nos deja un escenario con imposibilidades de cumplimiento, con inseguridad jurídica y con incremento de costes.
Entre el año 1979 y 2021, el conjunto de las administraciones españolas aprobaron 411.804 normas nuevas. Y, solo en 2021, se aprobaron más de 12.000
Según apunta el economista, la complejidad normativa tiene tres fuentes: la primera es la excesiva cantidad de normas; la segunda, los problemas de comprensión derivados de problemas lingüísticos, ambigüedad o mala redacción; y la tercera proviene de la complejidad relacional y conexión entre las diferentes normas. Y esto tiene unas consecuencias negativas que nos tienen que preocupar, y mucho.
A las empresas, queriendo y teniendo que cumplir con la ley, se les hace cada vez más difícil y las distrae de su actividad ordinaria, lo que ocasiona la pérdida de oportunidades y de competitividad. La sobre regulación reduce nuestra capacidad de crear nuevas empresas, de hacer crecer las existentes y de atraer nuevas desde otras partes del mundo. Tiene efectos negativos en la creación de puestos de trabajo y en la productividad de nuestra economía.
Y en Catalunya la situación es todavía peor. Ya hace años que lidera la producción de normas, y según apunta el mismo Banco de España, el incremento observado a consecuencia del covid-19 ha sido especialmente importante en nuestro territorio.
Nadie ignora la importancia de contar con una legislación adecuada que garantice los derechos y deberes del conjunto de la ciudadanía y que acompañe los enormes retos y transformaciones, sociales y económicos que afrontan nuestras empresas, pero una mala calidad normativa es un freno al progreso, y un contrasentido. Es, por lo tanto, un problema de forma, y no de fondo. Un problema de incapacidad de aplicación, y no una crítica al contenido legislativo, que sería objeto de otro artículo.
En Catalunya la situación es todavía peor. Ya hace años que lidera la producción de normas
Hace falta un compromiso por parte del conjunto de la administración y de las fuerzas políticas, con el apoyo de los agentes sociales, para impulsar una simplificación normativa en España y en Catalunya. Un compromiso para una producción de calidad, que respete principios como el de "una más, una menos". Un compromiso para frenar este diluvio normativo y que genere una legislación más eficiente que no ahogue y que no frene nuestro crecimiento económico.