En el artículo de la semana pasada quise hacer atención al problema de los diputados no designados por el territorio. Intencionadamente, lo desataba de ideologías sobre la estructura política del país. El problema de los diputados escogidos por el partido y refrendados -solo refrendados- por la población afecta a todo el mundo: separatistas, unionistas, españolistas, catalanistas, escépticos, etc. Pero se convierte en una herramienta de destrucción del territorio, especialmente nociva, cuando el que hace las listas está fuera de este territorio. Y este hecho, dentro de los países democráticos europeos, solo tiene lugar en España. Y, de rebote, evidentemente, en Catalunya. Quiero decir que incluso en los países más jacobinos -por ejemplo, Francia- los candidatos se determinan localmente.
Y hablando de Francia, déjenme explicarles una anécdota. En un momento determinado, el Partido Socialista francés decidió, desde París, colocar a la señora Ségolène Royale como candidata para el distrito electoral de Charente-Maritime. El que tenía que ser candidato local, el socialista Olivier Falorni, muy apreciado por el electorado, se enojó, lógicamente. Abandonó el partido. Y se presentó en solitario -otra de las trabas que aquí tenemos, no se pueden presentar candidatos independientes-. Y ganó las elecciones del distrito -distrito unipersonal, evidentemente-. El electorado rechazó una candidata foránea. Conclusión: Ségolène, ¡allez chez vous!
Aquello que a comienzos de la Transición se denominaba "sucursalismo" y que muchos se lo tomaban a cachondeo porque, simplemente, lo habían patentado los partidos catalanistas, ahora vemos que merecía ser considerado seriamente. Entonces se vio como provinciano, ahora nos damos cuenta de que haber sido ligeros a la hora de calibrar esta característica ha engendrado una máquina de destrucción del país. Nos encontramos con una aberración como es la de tener que refrendar (insisto, no elegir) unos diputados que están a sueldo (porque si tienen sueldo, o no, lo decide quien los coloca en las listas) de intereses foráneos que casi siempre son contrarios a los intereses de nuestro territorio -en este caso, Catalunya-. Hemos pasado del sucursalismo al botiflerismo. Pero nos hemos acostumbrado y ya no toca decir las cosas por su nombre.
Parece que está fuera de cuestión plantearse que los diputados actuales se hagan el 'harakiri' votando una ley que quizás los eche
Hasta la fecha, la ley electoral no se ha modificado porque los partidos no lo han querido. Tanto los catalanes como los foráneos. Porque la discusión no se ha centrado en cómo elegir al diputado, o cómo mejorar la calidad democrática del sistema. Las trifulgas principales han venido de querer alterar las circunscripciones, manteniendo listas cerradas. El objetivo de los partidos ha consistido en ampliar las probabilidades de que sus diputados salgan elegidos. Es decir, para dar, o no, más peso demográfico a las ciudades (intereses de los Comuns, antes, de Iniciativa, también del PSOE... en general de los partidos españoles, que centran el interés en el volumen de población más que en el territorio, porque, al final, el territorio, de hecho el país, les molesta). Todo centrado en los intereses del partido, siempre. Parece que está fuera de cuestión plantearse que los diputados actuales se hagan el harakiri votando una ley que quizás los eche. Pero miren, esto es lo que hicieron las Cortes franquistas cuando votaron la Ley de Reforma Política. ¿Será posible que tuvieran más sensibilidad histórica aquella gente, aquellos procuradores a los que creemos inmovilistas, que los que ahora ocupan las poltronas parlamentarias? Parece ser que sí.
El caso es que los partidos catalanes (no hablo de las sucursales de los partidos españoles), desde una posición totalmente egoísta y miope, han dejado que por una rendija se colaran enemigos declarados del territorio. Ha sido un error. Pero ahora estamos todos entrampados. Solo una gran hecatombe, una revisión constitucional española completa que, quizás, incluso, eliminaría la monarquía, puede hacer que algún día el sistema electoral español se modifique. Como todo va dentro del mismo fardo, créanme, esto no tendrá lugar. Y en cuanto al sistema electoral catalán, la mayoría exigida para aprobar una nueva ley electoral tampoco hace viable ninguna reforma. Entonces, ¿qué hacemos? Si realmente los partidos catalanes lo desearan, hay una herramienta que, de paso, les daría una ventaja competitiva adicional. Pero esto requiere patriotismo institucional. Y de esto vamos faltos.