Hace muchos años que Cataluña se queja de las infraestructuras. El actual Estatuto de Autonomía de Cataluña tiene la disposición adicional tercera que establece que las inversiones del Estado en infraestructuras en Cataluña se tienen que equiparar a su porcentaje del PIB respecto del total. Con este artículo que no fue anulado por el Tribunal Constitucional se pretendía corregir el déficit de infraestructuras. Desgraciadamente, el Estado ha incomplert sistemáticamente el compromiso que marca el Estatuto.
El déficit de infraestructuras se ha evidenciado en muchos estudios. Por ejemplo, en un estudio publicado por la Comisión de Economía catalana del Colegio de Economistas cifra este déficit en un 5,5% del PIB en el periodo 2007-2012. Este porcentaje se obtiene por la diferencia entre la aportación de Cataluña al PIB español (19%) y la participación de Cataluña en el total de la inversión española en infraestructuras (13,5%).
Pero las cosas todavía han empeorado. De acuerdo con los datos del Ministerio de Fomento, la inversión presupuestada entre 2008 y 2014 ha caído en Cataluña en un 74%, siendo la comunidad autónoma donde más ha caído. Y además de caer a escala de presupuesto, en Cataluña es donde son más grandes los incumplimientos. Por ejemplo, según ADIF, en 2015 el grado de cumplimiento del presupuesto en Cataluña fue sólo de un 27%, mientras en muchas CCAA se ejecutó más del previsto, como Galicia (153%), Castilla La Mancha (257%) o La Rioja (1.433%).
Este es un tema relevante que afecta tanto la competitividad de las empresas como la calidad de vida de las personas. En cuanto a las empresas, últimamente hemos escuchado declaraciones de dirigentes de empresas multinacionales con instalaciones en Cataluña, manifestando que el proceso no los da miedo, el que sí puede hacer que dejen de invertir o incluso marchen es la carencia de Corredor Mediterráneo o de conexiones con puertos o aeropuertos.
Hace unos días se ha hecho público que en Cataluña y el País Valenciano hay inversiones empresariales paradas por valor de más de 300 millones de euros por la carencia de Corredor Mediterráneo. Estas inversiones tendrían un efecto muy beneficioso en la ocupación y la actividad económica. Y en relación con las personas, continuamente hay quejas sobre el mal funcionamiento de Cercanías y otras infraestructuras. El caos, retrasos y mala calidad del servicio ferroviario tiene consecuencias. Como muestra podemos recordar que en Tarragona, durante la última década, el número de usuarios ha caído un 21,4%.
En definitiva, el déficit de infraestructuras es un problema grave y día que pasa va a peor. Y todavía hay quién se sorprende que los catalanes se consideren maltratados.
El déficit de infraestructuras se ha evidenciado en muchos estudios. Por ejemplo, en un estudio publicado por la Comisión de Economía catalana del Colegio de Economistas cifra este déficit en un 5,5% del PIB en el periodo 2007-2012. Este porcentaje se obtiene por la diferencia entre la aportación de Cataluña al PIB español (19%) y la participación de Cataluña en el total de la inversión española en infraestructuras (13,5%).
Pero las cosas todavía han empeorado. De acuerdo con los datos del Ministerio de Fomento, la inversión presupuestada entre 2008 y 2014 ha caído en Cataluña en un 74%, siendo la comunidad autónoma donde más ha caído. Y además de caer a escala de presupuesto, en Cataluña es donde son más grandes los incumplimientos. Por ejemplo, según ADIF, en 2015 el grado de cumplimiento del presupuesto en Cataluña fue sólo de un 27%, mientras en muchas CCAA se ejecutó más del previsto, como Galicia (153%), Castilla La Mancha (257%) o La Rioja (1.433%).
Este es un tema relevante que afecta tanto la competitividad de las empresas como la calidad de vida de las personas. En cuanto a las empresas, últimamente hemos escuchado declaraciones de dirigentes de empresas multinacionales con instalaciones en Cataluña, manifestando que el proceso no los da miedo, el que sí puede hacer que dejen de invertir o incluso marchen es la carencia de Corredor Mediterráneo o de conexiones con puertos o aeropuertos.
Hace unos días se ha hecho público que en Cataluña y el País Valenciano hay inversiones empresariales paradas por valor de más de 300 millones de euros por la carencia de Corredor Mediterráneo. Estas inversiones tendrían un efecto muy beneficioso en la ocupación y la actividad económica. Y en relación con las personas, continuamente hay quejas sobre el mal funcionamiento de Cercanías y otras infraestructuras. El caos, retrasos y mala calidad del servicio ferroviario tiene consecuencias. Como muestra podemos recordar que en Tarragona, durante la última década, el número de usuarios ha caído un 21,4%.
En definitiva, el déficit de infraestructuras es un problema grave y día que pasa va a peor. Y todavía hay quién se sorprende que los catalanes se consideren maltratados.
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