Hace apenas un mes se conmemoró el 60è aniversario del Tratado de Roma, que daba lugar en la Comunitat Económica Europa, precursora de la actual Unión Europea (UE). Sin duda, el aniversario llega en uno de los momentos más difíciles de su historia, todavía digiriendo el Brexit y con varias amenazas de salida de la UE, desde Francia hasta Hungría.
El populismo político en auge al continente difunde la idea que la UE no ha llegado a los ciudadanos y no ha mejorado su calidad de vida. Seguramente no es del todo cierto, pero quizás hay un punto de razón. La peor crisis económica en un siglo ha tenido un impacto nefasto sobre las clases medianas y las instituciones europeas no han conseguido aplicar medidas de alivio.
Una Europa más centrada en los ciudadanos pasa para favorecer las pymes y los autónomos, el principal motor de las economías europeas y herramienta capital de distribución de la riqueza entre territorios y personas, un auténtico "ascensor social". La UE acoge más de 22 millones de pymes que representan un 70% de la ocupación y el 60% del valor añadido europeos.
Las políticas europeas hacia las pymes cogieron impulso con la iniciativa "Small Business Act" (SBA) del 2008, pero su aplicación ha sido desigual en todo el continente. A la vez, la misma UE se muestra poco ágil en medidas concretas a favor de los pequeños negocios.
En Bruselas, por ejemplo, se debate ahora una Directiva sobre Segunda Oportunidad que tendría que permitir que los empresarios fracasados no queden estigmatizados ni ahogados por las deudas históricas. La modificación de la Directiva sobre IVA también prevé incorporar medidas que hagan más sencillo el cumplimiento tributario para las pequeñas empresas. Todo ello son buenas iniciativas que, no obstante, exigen agilidad en su promulgación y en su aplicación efectiva, uniforme e inmediata en todo el continente.
El Estado español no ha sido precisamente un ejemplo a la hora de incorporar regulaciones europeas. La Directiva 2011/7/UE sobre Plazos de Pago todavía no ha derivado dentro del ordenamiento jurídico español en medidas efectivas como el régimen sancionador que Pimec ha sido reclamando durante años. A la vez, la Directiva 2014/24/UE sobre Contratación Pública se está transposant tarde y mal en nuestro país, cosa que dificulta el acceso de las pymes a la compra pública, que representa un 20% del PIB. Pimec ha presentado 18 enmiendas en su trámite en el Congreso de Diputados.
Con todo ello, no nos tiene que extrañar que la dimensión de las pymes catalanas sea inferior a la de sus homólogos europeos, tal como han demostrado varios estudios de Pimec. El 2014, el número mediano de trabajadores de una pyme catalana era de 3,5, ante los 7,6 en Alemania, 5,6 en el Reino Unido o 4,5 a los Países Bajos. Condiciones menos favorables implican menos dimensión y, por lo tanto, menos recursos humanos y financieros de nuestras pymes, que dificultan la competitividad.
En este momento crítico para el proceso de construcción europea hace falta que la UE se aboque a fondo a favorecer las pymes como mejor instrumento para hacer llegar a los ciudadanos los beneficios del crecimiento económico. Una Europa "pro pymes" es una Europa más cercana a los ciudadanos y, por lo tanto, más resistente a los populismos y la demagogia política.
El populismo político en auge al continente difunde la idea que la UE no ha llegado a los ciudadanos y no ha mejorado su calidad de vida. Seguramente no es del todo cierto, pero quizás hay un punto de razón. La peor crisis económica en un siglo ha tenido un impacto nefasto sobre las clases medianas y las instituciones europeas no han conseguido aplicar medidas de alivio.
Una Europa más centrada en los ciudadanos pasa para favorecer las pymes y los autónomos, el principal motor de las economías europeas y herramienta capital de distribución de la riqueza entre territorios y personas, un auténtico "ascensor social". La UE acoge más de 22 millones de pymes que representan un 70% de la ocupación y el 60% del valor añadido europeos.
Las políticas europeas hacia las pymes cogieron impulso con la iniciativa "Small Business Act" (SBA) del 2008, pero su aplicación ha sido desigual en todo el continente. A la vez, la misma UE se muestra poco ágil en medidas concretas a favor de los pequeños negocios.
En Bruselas, por ejemplo, se debate ahora una Directiva sobre Segunda Oportunidad que tendría que permitir que los empresarios fracasados no queden estigmatizados ni ahogados por las deudas históricas. La modificación de la Directiva sobre IVA también prevé incorporar medidas que hagan más sencillo el cumplimiento tributario para las pequeñas empresas. Todo ello son buenas iniciativas que, no obstante, exigen agilidad en su promulgación y en su aplicación efectiva, uniforme e inmediata en todo el continente.
El Estado español no ha sido precisamente un ejemplo a la hora de incorporar regulaciones europeas. La Directiva 2011/7/UE sobre Plazos de Pago todavía no ha derivado dentro del ordenamiento jurídico español en medidas efectivas como el régimen sancionador que Pimec ha sido reclamando durante años. A la vez, la Directiva 2014/24/UE sobre Contratación Pública se está transposant tarde y mal en nuestro país, cosa que dificulta el acceso de las pymes a la compra pública, que representa un 20% del PIB. Pimec ha presentado 18 enmiendas en su trámite en el Congreso de Diputados.
Con todo ello, no nos tiene que extrañar que la dimensión de las pymes catalanas sea inferior a la de sus homólogos europeos, tal como han demostrado varios estudios de Pimec. El 2014, el número mediano de trabajadores de una pyme catalana era de 3,5, ante los 7,6 en Alemania, 5,6 en el Reino Unido o 4,5 a los Países Bajos. Condiciones menos favorables implican menos dimensión y, por lo tanto, menos recursos humanos y financieros de nuestras pymes, que dificultan la competitividad.
En este momento crítico para el proceso de construcción europea hace falta que la UE se aboque a fondo a favorecer las pymes como mejor instrumento para hacer llegar a los ciudadanos los beneficios del crecimiento económico. Una Europa "pro pymes" es una Europa más cercana a los ciudadanos y, por lo tanto, más resistente a los populismos y la demagogia política.
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