Hace falta más formación para luchar contra el cibercrim

Uno de los retos más importantes que plantea la revolución tecnológica y digital que vivimos -la conocida como "Revolución Industrial 4.0"- es el de poder afrontar con las herramientas adecuadas el fenómeno creciente de la ciberdelinqüència.

Según las mismas fuerzas y cuerpos de seguridad, en España, los delitos a Internet ya suponen el segundo desafío más importante al cual se tienen que enfrentar, sólo por detrás del terrorismo. Los datos son elocuentes y hablan por sí suelas. Según la Memoria de la Fiscalía 2016 y el Estudio sobre la cibercriminalitat 2015 del Ministerio del Interior, sólo en un año (2015), se abrieron más de 22.000 procedimientos judiciales por cibercrim y se detuvieron 5.500 personas. Según las mismas fuentes, las investigaciones por delitos cometidos en Internet se han multiplicado por cuatro a los últimos cinco años y, por tipología de ilícitos, los delitos de estafa, de descubrimiento y revelación de secretos y las amenazas y coacciones encabezan el ranking.

Es evidente que no podemos ignorar ni minimizar el impacto de la ciberdelinqüència a nuestra sociedad, sobre todo si tenemos en cuenta que cada vez hay más víctimas que son menores de edad, especialmente vulnerables (en cuatro años, la Policía española ha detenido más de 2.100 personas por delitos vinculados a la pornografía infantil).

A pesar de que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal han sido recientemente reformados para mejorar los mecanismos de persecución del cibercrim y que las principales redes sociales y plataformas de Internet disponen de Centros de Ayuda que permiten denunciar algunas conductas ilegales, todavía nos encontramos demasiadas dificultades. La carencia de conciencia y vulnerabilidad de los usuarios a Internet, el miedo de muchas víctimas a presentar las denuncias, la falta de medios y de formación de los policías, jueces e investigadores o la escasa agilidad de los mecanismos de colaboración con las autoridades extranjeras son algunos ejemplos.

Si no queremos que las cifras aumenten año tras año, hace falta que ponemos remedio cuanto antes mejor. Para proteger adecuadamente las víctimas y asegurar sus garantías de defensa, especialmente si se trata de menores, hacen falta sin duda más recursos, pero también más formación. Una formación especializada en el entorno digital desde un triple perspectiva, jurídica, criminológica y procesal, y no sólo dirigida a abogados, sino también a policías, fiscales, jueces, criminólogos, investigadores y todos aquellos colectivos que se dedican a la prevención, investigación y persecución de los delitos a Internet.