El conflicto entre Cataluña y España tiene muchas dimensiones. Sin duda, la parte más relevante es la vertiente política y todo el que tiene que ver con los derechos humanos. De todas maneras, hoy me centraré en la dimensión económica.
Si tratamos el tema desde una perspectiva global, el principal problema económico es el déficit fiscal. Es decir, la diferencia entre el que el Estado español recauda en Cataluña y el que gasta. Es el que se conoce como la balanza fiscal. En Cataluña, este saldo es negativo porque el Estado recauda mucho más en Cataluña del que gasta. Si se calcula este con los métodos que consensuaron el grupo de expertos de diferentes sensibilidades nombrados por el Gobierno Zapatero, da un déficit anual que se sitúa alrededor de los 16.000 millones de euros el año. Son más de 40 millones de euros diarios que marchan de Cataluña y no vuelven. Para poder valorar este importe conviene recordar que los recortes de los años postcrisi representaron unos 4.000 millones de euros y que el déficit anual de las cuentas de la Generalitat está alrededor de los 2.000 millones de euros. Por lo tanto, si no hubiera un déficit fiscal tan astronómico (16.000 millones de euros) ni habría habido que recortar ni la Generalitat tendría déficit.
"Son más de 40 millones de euros diarios que marchan de Cataluña y no vuelven"
Este déficit se genera porque los catalanes pagan mucho más que la media española, pero reciben menos que la media española. De hecho, los catalanes representan el 16% de la población española, pero pagan más del 19% de los impuestos, y sólo reciben el 11% del gasto estatal (explosa la Seguridad Social). Esto explica que de las 272 regiones de la Unión Europea, Cataluña sea de las más ricas (la 58 en renta per cápita), pero pasa a formar parte de las regiones pobres, puesto que es la 165 en Índice de Progrès Social, que tiene en cuenta el bienestar de la población. Este déficit tiene efectos importantes en las infraestructuras y en el gasto que afecta más a los ciudadanos (salud, educación...). Por lo tanto, afecta muy negativamente a la competitividad y al bienestar de la población.
Si queremos analizar el agravio económico con más detalle, puede ser de utilidad repasar la lista de las 46 demandas que el presidente Puigdemont planteó al presidente Rajoy hace un par de años. De las 46 demandas, muchas son económicas:
• Déficits de financiación: sistema público de salud, reducción de la financiación en políticas sociales, financiación insuficiente de la Ley de Dependencia, financiación de los Mossos d'Esquadra.
• Políticas activas de ocupación, Centros Especiales de Trabajo.
• Becas universitarias.
• Incumplimientos en infraestructuras: Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, Corredor Mediterráneo, Cercanías...
• Gestión centralizada de puertos y aeropuertos.
• Impacto de la reforma del sector eléctrico a la industria.
• IVA deducible a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
En la mayoría de estos temas el que sucede es que se incumplen compromisos adquiridos por el Estado, como es todo el que tiene que ver con las infraestructuras, por ejemplo. Además, hay temas donde el Estado incumple sistemáticamente sentencias judiciales. Por ejemplo, en las becas universitarias, que el Estado no traspasa en Cataluña, hay hasta seis sentencias del Tribunal Constitucional que instan el Estado a hacer el traspaso.
Estamos hablando de unos 150 millones de euros año que irían muy bien para reducir el coste que supone hacer estudios universitarios en Cataluña. Estas demandas, todo y su raonabilitat, hasta hoy no se han atendido, el que da una idea del interés del Estado al atender las demandas catalanas. A pesar de que los años van pasando, como que los agravios no se solucionan y, incluso, empeoran, seguiremos denunciándolos.