La competencia, esto es, el proceso de rivalidad para conseguir los objetivos, es una calidad institucional necesaria para el progreso y la libertad de una sociedad abierta y próspera. Sus principales enemigos son los monopolios legales que detenten una posición de privilegio, no por méritos propios, sino por el apoyo del gobierno.
El trato de favor otorgado al monopolio es mutuamente beneficioso para ambas partes. Por parte del grupo social o empresa monopolista, la carencia de competencia significa la obtención de beneficios extraordinarios. Por parte del gobierno, significa la compra de lealtades (y votos) o la posibilidad de acceder a una parte de las rentas extraordinarias que acaparará el monopolista (participación en los consejos de administración). Naturalmente, la parte perdedora es el conjunto de la sociedad, ignorando y no consciente de la situación, desorganizada y sin voz, que acaba soportando los mayores costes.
De monopolios legales han existido en todas las épocas y naciones, aunque con diferencias notables. España, gracias a la habilidad y astucia de los Reyes Católicos en la política matrimonial de sus hijos, consiguió un imperio notable. Con la suma de los territorios americanos, después de la llegada de Cristòfor Colom al nuevo mundo, un imperio mundial donde nunca se ponía el solo. Las bases económicas, pero, siempre fueron muy débiles. A diferencia del Imperio británico, los españoles nunca fueron partidarios de la libertad comercial. En lugar de establecer un espacio de libre comercio e intercambio, optaron por una despiadada extracción de rentas en régimen de monopolio. La Casa de la Contratación de Indias, situada en Sevilla, fue creada para centralizar y controlar todo el comercio y la navegación con los territorios de ultramar. Excluidos quedaban los catalanes y aragoneses, valencianos y mallorquines. El veto a comerciar con las colonias duraría hasta el 1788 (1765 en las Antillas), casi trescientos años después del descubrimiento de América, cuando finalmente Carles III decide autorizarlo.
La institución que se utilizó para adjudicar los indios a los diferentes conquistadores para el trabajo de minas y campos fue la encomienda . Las condiciones de trabajo eran durísimas y, a menudo, significaba la esclavitud o abyecta servidumbre. A las minas de mercurio de Huancavelica, en el Perú, altamente tóxicas, se obligaba a trabajar niños en condiciones tan infrahumanas que los padres los herían intencionadamente hasta dejarlos inválidos. Preferían tener un hijo inválido, pero vive, que un hijo muerto. Los misioneros y juristas denunciarían los abusos y los excesos cometidos.
Estas prácticas monopolistas y desproporcionadamente extractivas no eran, por otro lado, ninguna novedad. La Corona obraba arbitrariamente, repartiendo favores a unos y agravios a otros. Un caso representativo fue el conflicto entre agricultores y ganaderos, agrupados los últimos en el poderoso lobby de la Mesta. Los pastores guiaban los rebaños de los pastos veraniegos a los corrales cerrados del invierno. La Corona obtenía impuestos mediante el cobro de peajes en lugares estratégicos. También la venta de la lana, centralizada monopolísticament en Burgos, proporcionaba importantes ingresos fiscales. Esto hizo que los monarcas, siempre ávidos de impuestos, concedieran a la Mesta privilegios, como el derecho de paso o el pastoreo en terrenos comunitarios. Los agricultores, perjudicados por la política de los gobernantes, ofrecían productividades baixíssimes. Con la nefasta intervención añadida de precios regulados máximos, la agricultura dejó de ser rentable y el campo se despobló.
Castilla consiguió la preeminencia política con poco tiempo, pero también el declive fue rápido. En el periodo que comprende desde la muerte de Felip II, el 1598, a la de Carles II, el 1700, se convierte en un país de segunda categoría. Parte de la plata extraída del nuevo continente se tendría que utilizar para pagar las importaciones de trigo, necesarias para alimentar una población que blasma el trabajo y se adelita con el ociositat. En muchas provincias hispánicas se desconoce, hoy en día, no tan sólo la revolución industrial, sino también el agrícola.
Y este hilo histórico lo podemos continuar hasta el momento actual, con el éxodo de muchas empresas que marchan de Cataluña y establecen la sede social en Madrid, Alicante o Palma. Esta situación no se tiene que interpretar como un afebliment de la economía catalana. Las fábricas y los trabajadores continúan aquí. Abertis se traslada, pero los peajes los continuaremos pagando en Cataluña. O alguien se piensa que se pagarán en Castilla o Andalucía?
"La hacienda autonómica sólo dejará de ingresar una parte poco importante del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados"
La deslocalización industrial en territorios extremeños, por ejemplo, válida para relanzar la subsidiada economía de este territorio, ni se ha producido ni se prevé. Tampoco se tiene que interpretar como una pérdida de recursos fiscales por parte de la Generalitat. Las empresas pagan el impuesto sobre los beneficios, que recauda íntegramente la administración central, con independencia de su localización. Si se pagaba a la hacienda central, se continuará haciéndolo. La hacienda autonómica sólo dejará de ingresar una parte poco importante del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, por operaciones societarias que no se harán en territorio catalán.
Entonces, como se tienen que interpretar estos movimientos? Pues en clave de regulación privilegiada. Si los niveles de facturación de una empresa dependen del redactado del BOE, es normal que, ante la situación política actual, traslade la sede social a la capital del imperio. Imperio que se perdió, ya hace muchos años, precisamente por las instituciones extractivas que concentran el poder en manso de una élite reducida que se apodera, en beneficio propio, de las rentas de buena parte de la ciudadanía. Imperio que se perdió, ya hace muchos años, por la incapacidad de construir instituciones inclusivas que permitieran la participación de todas las personas y empresas en las actividades económicas y políticas, promoviendo el talento, la creatividad y el espíritu emprendedor de la sociedad. Conviene recordarlo.