Todo el mundo es consciente que tenemos un problema muy grave en el pago de las pensions, tan presentes cómo, todavía más, futuras. Todo el mundo, excepto los políticos que nos gobiernan, que no se cansan de repetir, por activa y por pasiva, que el sistema no peligra y que el pago de las pensiones está asegurado.
Los problemas estructurales del envejecimiento poblacional y la consecuente reducción de la ratio entre ocupados y pensionistas es irresoluble a corto y mediano plazo. El porcentaje de personas que trabajan en España, en relación a las que están en edad de trabajar, es inferior en la media europea. Y el modelo productivo, demasiado centrado en el turismo low coste y en servicios de bajo valor añadido, suspende permanentemente en términos de productividad . Una población crecientemente envejecida que se fundamenta en una estructura económica de poco valor añadido, dentro de un sistema institucional disfuncional y marcadamente corrupto, no es sostenible. Los políticos han aprobado pegados de urgencia sin reconocer, como decimos, la gravedad de la situación.
Las pensiones se calculaban, hace mucho tiempo, teniendo en cuenta los últimos dos años de vida laboral. Después fueron ocho años y después 15. Rodríguez Zapatero reformó las pensiones públicas en 2011, elevando la edad de jubilación hasta los 67 años, estableciendo que la base reguladora se calcule a partir de los últimos 25 años de vida laboral y aumentando hasta 37 el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. La tendencia es a ampliar el periodo de cálculo hasta alcanzar, cómo ha sugerido la ministra de Trabajo y Seguridad Social Fátima Báñez, toda la vida laboral. También la popular Celia Villalobos ha recomendado, como si esto fuera posible con rentas bajas, la suscripción de planes de pensiones privados. Rajoy, a su vez, volvió a reformar las pensiones en 2013, estableciendo el factor de sostenibilidad intergeneracional y la no indexación con el IPC. Desde el año 2014, las pensiones incrementan el 0,25% anual, inferior al incremento del coste de la vida, y pierden, por lo tanto, poder adquisitivo. La secretaria confederal de políticas sociales, ocupación y Seguridad Social de la UGT, Mari Carmen Barrera, ha calificado el aumento de las pensiones de "subida de m…" y la central sindical ha iniciado una campaña de denuncia que se prolongará durando todo el año y que se visualizará con un lazo marrón. El envejecimiento de la población, el paro permanentemente superior a la media europea y la precariedad laboral de muchos trabajadores han dado un golpe de muerto al sistema actual, que requiere a gritos cambios importantes.
"Una población crecientemente envejecida que se fundamenta en una estructura económica de poco valor añadido"
Retengamos algunos datos. El número de pensiones pagadas en España es actualmente de 9,6 millones, por un total de 8,7 millones de pensionistas (aproximadamente un millón de ellos cobran dos pensiones simultáneamente, como jubilación y viudedad). Esto supone un gasto superior a los 110.000 millones de euros anuales (11% del PIB). Según la Comisión Europea y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), manteniendo las actuales tasas de ocupación y sin recortar las pensiones, este gasto se disparará el 2060 hasta el 18,5% del PIB. Esto supone un incremento en el gasto anual superior a 83.000 millones de euros.
Actualmente, la Seguridad Social ya presenta un déficit anual de 15.000 millones de euros, financiado con el recurso al Fondo de Reserva de las pensiones, que está en camino del exhauriment, y con deuda pública, la más peligrosa de todas las burbujas. Este desequilibrio gigantesco, si no aumenta la productividad del trabajo ni se reduce el paro actual, puede superar perfectamente los 100.000 millones de euros (!).
Y para acabar de configurar la tormenta perfecta, hay que recordar el artículo 135 de la Constitución, reformado en tiempo récord el verano del 2011 por iniciativa del socialista Rodríguez Zapatero con el visto bueno del popular Mariano Rajoy (316 diputados de un total de 350 apoyaron a la reforma constitucional). La nueva redacción del artículo da prioridad absoluta al pago de los intereses de la deuda pública. Antes de que la sanidad y la educación, con el mantenimiento de hospitales y escuelas, y antes de que las pensiones y los servicios sociales, pagando jubilaciones y atendiendo casos de exclusión social, hay que pagar los acreedores del Estado español. Por imperativo legal, puesto que así lo manda la Constitución.
"Antes de que la sanidad y la educación, hay que pagar los acreedores del Estado español, lo manda la Constitución"
El pago actual de intereses, a pesar de una deuda pública descontrolat del 100% del PIB, es bastante bajo. Y lo es por las anómalas políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo. Con un tipo de interés nulo no se pagan intereses, aunque la deuda no pare de crecer. Pero esta aberración económica va llegando a su final. Los EE.UU., que traen la batuta en el concierto económico internacional, ya han iniciado la subida del tipo de interés. De momento están en el +1,5% y la expectativa es a continuar el ascenso hasta recuperar niveles más normalizados. Los programas de compra ilimitada de deuda pública a coste cero van llegando a su fin. Y por cada punto porcentual de interés, el Estado español tiene la obligación constitucional de pagar el servicio de la deuda, por un importe aproximado de 10.000 millones de euros. Por lo tanto, un interés del 5% significaría una factura de 50.000 millones, prioritaria en el pago a todo otro gasto, incluidas las pensiones. Entonces habrá los llantos y retumbar de dientes.