Las elecciones municipales también son obsoletas

A lo largo de la historia, los humanos nos hemos ido reuniendo en grupos cada vez más grandes y complejos que han necesitado una continuada evolución de las normas y sistemas de convivencia. La solución para ordenar y administrar la vida de un grupo de quinientas personas podía dejar de funcionar cuando el grupo crecía hasta las decenas de miles, y la nueva solución volvía a dejar de funcionar cuando el grupo llegaba a ser de millones de personas, y así sucesivamente. Con el paso de los siglos el resultado ha sido un sistema de gobernanza con instituciones que van desde el mundo local hasta el autonómico, el estatal, el continental y el mundial. Tenemos el Ayuntamiento de Sabadell, el Consejo Comarcal del Vallès Oriental, la Diputación de Barcelona, el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Reino de España, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas. Cada uno de ellos engloba los anteriores, como las capas de una cebolla, y en el corazón de todo están los gobiernos locales. Los ayuntamientos son la primera y más próxima de todas las capas forales de nuestro sistema político.

El mes que viene habrá elecciones municipales en todo el territorio español y cada municipio escogerá sus representantes, las personas que se encargarán de un montón de cosas, como administrar el presupuesto de la población, definir los planes urbanísticos, diseñar las políticas de movilidad, hacer una mayor o menor apuesta por el turismo o el tejido industrial, velar por la salud y la educación, garantizar la limpieza, el mantenimiento y la seguridad, promover la cultura y defender el patrimonio. Los vecinos nos juntamos y escogemos quién queremos que se ocupe de administrar nuestra población. Es la más cercada de las instituciones y probablemente la que tiene un mayor impacto en el día a día de las personas.

Antes, mucho antes, lo más habitual era que una persona naciese, viviese y muriese en el mismo pueblo. La ingeniería y la tecnología del siglo XX han aumentado de manera muy significativa la movilidad de la población y ahora es muy habitual que una persona viva en una población, pero trabaje en otra, y pese a ir y volver cada día en ningún caso se plantee mudarse. Incluso hay quien lleva cada día sus hijos a una escuela de otro municipio. O que satisfacen sus inquietudes culturales de teatro, música o arte con equipamientos que no están su pueblo. La gente se mueve. Cada día.

La carta de ciudadanía no debería estar vinculada sólo al lugar de residencia, sino también al grado de compromiso

No es normal que el criterio del cual dependen nuestros derechos políticos sea sólo dónde tengamos el domicilio. Ni es normal ni es justo.

La carta de ciudadanía no debería estar vinculada sólo al lugar de residencia, sino también al grado de compromiso, y lo que deberíamos acreditar no es sólo un domicilio sino una actividad. Si acredito que vivo en Sabadell puedo participar políticamente en Sabadell, pero si acredito que trabajo en Terrassa también debería tener algunos derechos políticos en Terrassa, y si acredito disfrutar con cierta frecuencia de la oferta cultural de Barcelona también debería tener algún derecho. Hay gente que no vive en Barcelona, que es normal que no pueda decidir quién debe ocupar la alcaldía, pero que debería tener derecho a participar sobre su transporte público, de la misma manera que hay gente que no vive en Terrassa, que debería tener derecho a participar sobre su plan urbanístico, o que no vive en Sant Cugat, pero debería poder participar sobre su modelo asistencial. Hay cosas de Barcelona, que se deberían decidir teniendo en cuenta la opinión de gente que vive en Figueres.

Ya no estamos en el siglo XVIII y con la tecnología actual es perfectamente posible y razonable gestionar los derechos de una manera más afinada, en lugar de concentrarlos todos alrededor de una idea tan concreta, limitada y antigua como el domicilio. Una ciudad es una plataforma de servicios, de espacios relacionales y de actividad económica y cultural que afecta a mucha gente y no sólo a los allí empadronados. Estamos en el siglo XXI: el concepto de identidad ciudadana, y los derechos y deberes que de ello se derivan, piden una puesta al día.