Acabamos el año y lo hacemos satisfechos por cómo ha evolucionado la economía y las empresas y lo hacemos todavía con más énfasis si tenemos en cuenta el contexto político de este año, que ahora no hace falta que os explique. Parece que el crecimiento de este año será de un 3,4% del PIB, hemos tenido récord de exportaciones, hemos mejorado las ventas, hemos creado ocupación, ha mejorado el consumo y la construcción, uno de los sectores más castigados por la crisis, también ha remontado.
Ahora toca seguir con la misma línea y continuar a la alza. Ahora que por fin tenemos todos los gobiernos con gobernantes, toca hacer políticas porque las pymes continúen siendo el motor de la economía. Las previsiones son buenas, las pymes industriales catalanas crecerán en facturación y exportaciones, y mantendrán plantillas o las incrementarán moderadamente, tal como demostraba el estudio Evolución de la pyme industrial catalana el 2016 y perspectivas para el 2017 que presentamos este miércoles.
En este contexto, se hace más necesario que nunca que las políticas nos acompañen porque estas buenas previsiones acontezcan una realidad. Hoy por hoy, las decisiones del nuevo Gobierno central parece que van en la dirección contraria. Las últimas medidas aprobadas por el nuevo Gobierno del Estado para cuadrar las cuentas públicas ante las exigencias de la Comisión Europea vuelven a impactar sobre la fiscalidad de las pymes y esto afecta la competitividad empresarial y, por lo tanto, el país. Ahora que también es tiempo de buenos deseos, pedimos en el Gobierno español que reduzca las cargas formales y hacerlas proporcionales a la dimensión de la empresa.
También es el momento de hacer una buena transposición de la Directiva Europea de Contratación Pública. No queremos una ley pensada para los oligopolios. Desde PIMEC ya hemos propuesto una serie de enmiendas al texto presentado por el Gobierno que hemos enviado a los partidos políticos con representación parlamentaria, la aprobación de los cuales eliminaría ambigüedades y contradicciones, y permitirían a las pymes un mejor acceso a la contratación pública.
En el contexto laboral, necesitamos una reforma que simplifique y abarata la regulación de los contratos fijos y una mayor seguridad jurídica. Ahora se ha decidido subir el salario mínimo interprofesional. Se tenía que hacer y esto no tiene que afectar la competitividad. De hecho, fuimos la única patronal al abrir este debate el pasado mes de abril.
Del mismo modo, necesitamos una Ley de Educación consensuada por todos, partidos políticos y agentes sociales, porque dure muchos y muchos años. Las empresas tenemos una fuerte necesidad de que se impulse una FP adaptada a nuestras necesidades. Teniendo en cuenta que la crisis ha castigado duramente muchas persones empresarias y autónomas que han perdido su negocio, por eso actuamos porque se regule verdaderamente la segunda oportunidad despenalizando el fracaso y facilitando el acceso en la financiación.
Y no puedo dejar de comentar el tema de la energía. Desgraciadamente es recurrente. Hay que abordar seriamente la planificación energética, definiendo un marco regulador establo y evitando la discriminación que representa que las empresas con consumos más bajos salgan perjudicadas, sobre todo ahora que se penaliza el autoconsum con unos gravámenes inéditos en Europa.
Ahora toca seguir con la misma línea y continuar a la alza. Ahora que por fin tenemos todos los gobiernos con gobernantes, toca hacer políticas porque las pymes continúen siendo el motor de la economía. Las previsiones son buenas, las pymes industriales catalanas crecerán en facturación y exportaciones, y mantendrán plantillas o las incrementarán moderadamente, tal como demostraba el estudio Evolución de la pyme industrial catalana el 2016 y perspectivas para el 2017 que presentamos este miércoles.
En este contexto, se hace más necesario que nunca que las políticas nos acompañen porque estas buenas previsiones acontezcan una realidad. Hoy por hoy, las decisiones del nuevo Gobierno central parece que van en la dirección contraria. Las últimas medidas aprobadas por el nuevo Gobierno del Estado para cuadrar las cuentas públicas ante las exigencias de la Comisión Europea vuelven a impactar sobre la fiscalidad de las pymes y esto afecta la competitividad empresarial y, por lo tanto, el país. Ahora que también es tiempo de buenos deseos, pedimos en el Gobierno español que reduzca las cargas formales y hacerlas proporcionales a la dimensión de la empresa.
También es el momento de hacer una buena transposición de la Directiva Europea de Contratación Pública. No queremos una ley pensada para los oligopolios. Desde PIMEC ya hemos propuesto una serie de enmiendas al texto presentado por el Gobierno que hemos enviado a los partidos políticos con representación parlamentaria, la aprobación de los cuales eliminaría ambigüedades y contradicciones, y permitirían a las pymes un mejor acceso a la contratación pública.
En el contexto laboral, necesitamos una reforma que simplifique y abarata la regulación de los contratos fijos y una mayor seguridad jurídica. Ahora se ha decidido subir el salario mínimo interprofesional. Se tenía que hacer y esto no tiene que afectar la competitividad. De hecho, fuimos la única patronal al abrir este debate el pasado mes de abril.
Del mismo modo, necesitamos una Ley de Educación consensuada por todos, partidos políticos y agentes sociales, porque dure muchos y muchos años. Las empresas tenemos una fuerte necesidad de que se impulse una FP adaptada a nuestras necesidades. Teniendo en cuenta que la crisis ha castigado duramente muchas persones empresarias y autónomas que han perdido su negocio, por eso actuamos porque se regule verdaderamente la segunda oportunidad despenalizando el fracaso y facilitando el acceso en la financiación.
Y no puedo dejar de comentar el tema de la energía. Desgraciadamente es recurrente. Hay que abordar seriamente la planificación energética, definiendo un marco regulador establo y evitando la discriminación que representa que las empresas con consumos más bajos salgan perjudicadas, sobre todo ahora que se penaliza el autoconsum con unos gravámenes inéditos en Europa.
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