Este será, si nada cambia, el último verano que será de pago la autopista AP-7 en su tramo Valènciano, de Alicante a Tarragona. Los 373 kilómetros que recorre pasaran a ser de gestión pública el uno de enero de 2020, que es cuando expira la concesión actual, prorrogada en 2007. Desde el Gobierno español aseguran que será gratuita y esto no acaba de convencer los empresarios, que temen que se convierta en una segunda carretera nacional.
Hablar de la AP-7 en territorio Valènciano en verano es importante porque vertebra la costa, un espacio muy concurrido durante la época de calor. Atención a las comarcas del sur de València y a las norteñas de Alicante, porque allí están las zonas más preciadas para alquilar el pisito de verano y darse un baño: Gandia, Dénia, Xàbia, Calp. Mención especial a Oliva, municipio totalmente atravesado por la N-332, que estos días se llena de camiones, caravanas y coches de turistas; colas de vehículos que colapsan el municipio y que triplican el tiempo estimado del viaje. Esto genera molestias a los vecinos de los pueblos e inseguridad; son frecuentes los atropellos, algunos de ellos mortales. Igualmente, el resto del año también es un problema.
La AP-7 de València a Dénia ingresa más de 65 millones de euros al año
Hay una alternativa, la AP-7, que cuesta 10 euros de València a Dénia (una hora de trayecto por autopista; por nacional... paciencia), un precio que disuade muchos conductores. Aun así, lo utilizan más de 18.000 vehículos diarios de media (frente a los 25.000 que eligen la nacional), por los cuales se ingresan más de 65 millones de euros al año.
Los tres escenarios: de pago, gratuita y "peaje blando"
La liberación de la autopista podría paréixer, a priori, una solución a los inconvenientes, pero los empresarios alicantinos quieren abrir el debate sobre el futuro modelo de gestión. El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) presentó hace un año un estudio hecho por investigadores de la Universitat d'Alacant donde plantean tres posibles escenarios: mantener la tarifa actual, reducirla entre un 40 y un 60% con bonificaciones para residentes y la gratuidad total.
Las conclusiones de la INECA sobre la posibilidad de no tocar el peaje implican que la empresa concesionaria provea "compensaciones" en obras y no prevería transferencia de tránsito, por lo cual mantendría "una asignación descompensada" que "infrautilitza recursos ociosos (exceso de capacidad en la AP-7) a expensas de sobrecargar otras (N-332)".
En cuanto a la reducción de tarifas y ventajas económicas para residentes ("peaje blando"), es esperable un aumento de los vehículos procedentes de la N-332 pero con un precio que garantice "un nivel de servicio estable a alta velocidad"; las tareas de conservación y explotación de la autopista se gestionaría vía concesión administrativa o gestión pública directa. Estas dos alternativas, según INECA, "compensan los gastos externos" y conseguiría "la autosuficiencia económica y ambiental".
Por último, la liberación total implica que el Estado pasa a soportar todos los gastos de mantenimiento y conservación de la AP-7 y un aumento considerable del tránsito que beneficiaría a una N-332 muy congestionada. Esta opción, prometida por el Ministerio de Fomento, supondría la generación de un déficit superior a los 300 millones de euros entre 2020 y 2030.
La liberación total de la AP-7 supondría la generación de un déficit para el Estado superior a los 300 millones de euros entre 2020 y 2030
La solución más apropiada para la INECA, de acuerdo con el resultado comparativo, "es netament favorable" a la reducción de las tarifas porque "favorece un cierto reequilibre de tránsito y reduce los gastos externos globales".
La visión de los empresarios alicantinos
Qué dicen los empresarios alicantinos sobre el futuro de la AP-7, considerada "la joya de la corona"? En primer lugar, la Cámara de Alicante, CEV Alicante y UEPAL piden la constitución de una Mesa de Diálogo con todos los agentes afectados. De momento, prefieren no pronunciarse abiertamente sobre si están a favor o en contra de la liberación de la autopista. Sí que han manifestado que la carretera genera unos recursos que pueden ayudar a paliar la carencia de inversión en la provincia de Alicante en materia de infraestructuras, necesarias para que sea un territorio más competitivo. Por lo tanto, estarían más cercanos a la tercera vía, el abaratamiento del peaje y beneficios económicos para residentes.
La presidenta del Círculo Empresarial de la Marina Alta (CEDMA), Sonja Dietz, da su apoyo a la liberación o al "peaje blando", siempre que la medida esté ligada a "más infraestructuras en carreteras": "Si la AP-7 es gratuita, tendríamos la ventaja que no pagaríamos, pero todo el tránsito pesado la colapsaría. La nacional, que hoy es muy peligrosa y lenta, tendría que ampliarse para evitar que la autopista se convierta en una carretera lenta y necesitaríamos más accesos".
Dietz pone Alemania o Austria como ejemplo, donde asegura que autopistas como las de Múnich o Salzburgo se liberaron y hoy "están muy colapsadas porque las utiliza todo el mundo". "Para los empresarios y trabajadores coger el coche en la costa alicantina es un gasto alto porque tenemos que coger mucho la autopista. Una tarifa para residentes nos ayudaría mucho mientras continúan faltando otras infraestructuras como el Tren de Costa", defiende la empresaria.
Ha puesto el dedo a la llaga. La AP-7 y la N-332 son la única vía de transporte entre los municipios costeros de València y Alicante, porque el reivindicadíssim Tren de Costa (pedido desde hace 45 años!) que uniría Gandia y Dénia no llega. Pero esta es otra historia.