30 de abril de 2012. Es la fecha de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Cerca de cinco años después de la gran crisis financiera mundial, una norma estatal hablaba de disciplina, la que no había existido en los mecanismos de la anterior norma puesto de manifiesto con el estallido de la burbuja inmobiliaria. La LOEPSF exige que el superávit del Estado, Comunidades autónomas y ayuntamientos se destine a reducir el endeudamiento neto. Ahora, ocho años y una pandemia después, esta disciplina presupuestaria es cuestionada por algunas voces, como la del alcalde de Valencia Joan Ribó que pide que "se libere el uso del superávit municipal no sólo para este asunto, sino porque las ciudades podamos emplearlo en aquello que consideremos necesario".
El alcalde de València propone crear un fondo estatal de transporte para reducir el impacto que la pandemia ha ocasionado en los servicios de transporte públicos. El descenso de ingresos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) es de un 90% y ha obligado el consistorio a pedir una póliza de crédito para hacer frente a la pérdida de 27,2 millones de euros. "El Consorcio Regional de Transportes de Madrid recibirá 258,1 millones y la Autoridad de Transporte Metropolitano de Barcelona recibirá parte de los 240,5 millones que se destinarán a Catalunya. Mientras que en la Comunidad Valenciana sólo llegarán 40 millones de euros, de los cuales todavía no tenemos noticias de aquello que llegará a la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia. Esta es la dura realidad", ha señalado el alcalde esta semana después del reparto de fondos estatal.
La propuesta de gastar el superávit en este propósito o en otras necesidades ocasionadas no es espontánea. En Barcelona se ha aprobado este miércoles una modificación del presupuesto de 2020 en que se valora destinar 90 millones de euros a los efectos del coronavirus. En la votación, ERC, que se ha abstenido, ha evidenciado que el consistorio no tiene luz verde para gastar el superávit de 161 millones de euros; una luz que desde el Gobierno catalán piden que paso a verde el más rápido posible. El vicepresidente catalán Pere Aragonés también insiste en la necesidad que los ayuntamientos puedan disponer del superávit acumulado que actualmente tienen inmovilizado en los bancos: "Cuanto más tarde el Gobierno español en tomar todas estas decisiones, más sufrimiento tendrán los ciudadanos de Catalunya y de todo el Estado", ha advertido.
Aragonés también insiste en la necesidad que los ayuntamientos puedan disponer del superávit acumulado que actualmente tienen inmovilizado en los bancos
La exigencia llega desde diferentes municipios pero también se escucha en Madrid. Allí la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha comparecido este jueves anunciando la modificación de carácter puntual de la ley de bases de régimen local de 1985 que prepara el Gobierno español para dotar de más autonomía a los ayuntamientos. Pero los parlamentarios han ido más allá y desde los grupos se ha exigido que se permita a las corporaciones locales gastar el superávit en la reactivación económica post-COVID. "Dejad de utilizar a los ayuntamientos como si fueron menores de edad", ha dicho el portavoz de Geroa Bai con relación a este asunto, tal como recoge Europa Press. Darias pasa la pelota a la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, que ya negocia con la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP).
El pasado 4 de junio, Abel Caballero, presidente de la FEMP, ya habló de esta posibilidad en su comparecencia de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que se ha formado en el Congreso de los Diputados. Caballero reivindicó el uso de superávits y remanentes de los gobiernos locales en sus propios territorios, así como la flexibilización del equilibrio presupuestario, la regla de gasto y el pago a proveedores. Caballero, en este sentido, afirmaba estar convencido "que podremos usar nuestros remanentes y muy pronto". Pero, ¿cuándo?