Tantos ERTE por resolver como en la suma de los últimos 59 años

El País Valencià resuelve el 84% de los expedientes desde la declaración del Estado de alarma

Repartiment de productes bàsics a persones vulnerables en València | Ajuntament de València Repartiment de productes bàsics a persones vulnerables en València | Ajuntament de València

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a través de la Dirección general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, ha resuelto un total de 51.078 expedientes de regulación temporal de ocupación, (ERTO), que afectan un total de 265.952 personas trabajadoras, lo cual supone casi el 84% de los ERTE y el 73% de los trabajadores del País Valencià desde la declaración del Estado de alarma.

La crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia COVID-19 ha provocado una situación sin precedentes en la autoridad laboral. De este modo, en un año se solían recibir alrededor de 1.000 peticiones de ERTO, lo cual implica que en sólo un mes se han resuelto tantos expedientes como en 59 años.

Se han resuelto 51.078 expedientes. Antes, en un año se solían recibir borde 1.000 expedientes de ERTO

En este sentido, el consejero de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha señalado que "nuestro objetivo en todo momento está siendo agilizar al máximo el proceso y que las personas trabajadoras afectadas en la Comunitat puedan percibir cuanto antes mejor las prestaciones por desocupación, y por eso quiero poner en valor el trabajo ingente de la dirección general y de las direcciones territoriales, puesto que estamos cumpliendo con los objetivos marcados desde que se decretó el Estado de alarma".

30 personas más trabajando

Por eso, Climent ha explicado que desde la Consellería de Economía Sostenible se han emprendido un conjunto de iniciativas, entre las cuales se han incluido el refuerzo de la plantilla del Servicio de Regulación de Ocupación en 30 personas, la agrupación y sistematización de solicitudes homogéneas y la ampliación del plazo de contestación de las solicitudes y evitar el silencio administrativo.

La Dirección general de Trabajo, Bienestar y Salud Laboral una vez recibe una petición de ERTE tiene que constatar la fuerza mayor alegada por la empresa en su solicitud y emitir la resolución estimatòria o desestimatoria porque el Servicio de Ocupación Pública Estatal, (SEPE), reconozca las prestaciones a las cuales tienen derecho las personas trabajadoras afectadas y se aplican la exoneración de cuotas a las empresas solicitantes.

El establecimiento del Estado de alarma el pasado 14 de marzo determinó el cese de actividad en multitud de sectores considerados como no esenciales y tuvo como consecuencia el cierre de miles de establecimientos y la regulación del uso de centenares de miles de personas trabajadoras. Hay que decir que en el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 20 de abril se han solicitado un total de 61.428 expedientes de regulación temporal de ocupación que afectan 366.596 trabajadores.

Suspensión de contratos es la opción mayoritaria

Del análisis de los datos se observa del tejido productivo valenciano queda reflejado que el mayor número de resoluciones lo acumula el sector servicios con el 88,9% y con el 80,5 % del total de las personas trabajadoras afectadas. La industria representa el 5,4 % de las solicitudes y el 14,7 % de los trabajadores.

También por el tamaño de las empresas se observa la misma característica, el 90,5% de las resoluciones corresponden a empresas de menos de 10 personas empleadas y el 8,8 % de entre 11 y 50 trabajadores.

Por medida reguladora propuesta, la suspensión de contratos es la opción mayoritaria, seguida por la reducción de jornada y la combinación de ambas, la extinción colectiva no es significativa.

Previsión de empeoramiento por la CEV 

Finalmente, si atendemos la causa, la fuerza mayor ha sido el origen del 98,4 % de los expedientes y su descenso en el número de solicitudes lamentablemente coincide con el ascenso de las causadas por razones económicas y productivas, el mayor incremento de las cuales se producirá, probablemente, a partir del cese del Estado de alarma. Y es que la previsión es que las consecuencias seas difíciles, tal como también ha avanzado este martes la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que asegura que más del 52% de las pequeñas y medianas empresas valencianas considera que no podrá mantener la ocupación dentro de 6 meses y sólo el 40% cruz que lo podrá hacer después de 12 meses. Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del barómetro de opinión hecho público por CEPYME y en el cual han participado más de 350 empresas valencianas.

El 84% de las pymes cree que si esta crisis se prolonga en el tiempo estaría en riesgo la supervivencia de su empresa y el 75% califica de negativas o muy negativas las medidas adoptadas por el Gobierno español en relación con la crisis por la COVID-19. La falta de demanda, el cierre por obligación legal, la imposibilidad de llevar a cabo la actividad y la falta de suministros, han sido, por este orden, las principales causas de la reducción del volumen de ingresos por parte de las empresas. Además, las pymes valencianas muestran su preocupación por la falta de liquidez, el incremento de la morosidad y la probable pérdida de clientes.

La falta de demanda, el cierre por obligación legal, la imposibilidad de llevar a cabo la actividad y la falta de suministros, problemas principales de las pymes

Un 46% calcula que para poder echar adelante necesitarán una inyección de liquidez por valor de entre un 10% y un 20% de su volumen de facturación anual y un 33% estiman que incluso superará el 20% del volumen de facturación. Ante la falta de liquidez, el 51% de las pymes han solicitado financiación con aval del Estado, pero el 27% asegura no haberla conseguido y un 47% declara que la tramitación ha sido complicada.

Apoyar a las pymes, dotarlas de la liquidez necesaria para asegurar su supervivencia y acompañarlas en el camino para superar la crisis económica generada por el coronavirus, es imprescindible para, pasada el alerta sanitaria, crear riqueza y ocupación, soportar los costes sociales y contribuir con sus impuestos a la recuperación.

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