La corrupción es uno de los grandes problemas que ocupan muchas de las democracias modernas. Una concepción paternalista del Estado, unas autoridades que piensan los recursos públicos no como algo colectivo y dedicado al bienestar común sino como un recurso a su alcance, es uno de los síntomas de una pobre calidad democrática. La Unión Europea contemporánea permanece, según ha destacado The Economist en su reciente estudio anual de salud democrática, como el centro neurálgico de la calidad democrática global. Con el permiso de Nueva Zelanda, el continente cuenta con las instituciones democráticas mejor valoradas por la publicación británica. Si se observa el ranking de percepción de la corrupción que publica anualmente el organismo Transparency International, estos datos coinciden – son los Estados europeos los que mejor relación tienen con sus ciudadanos en cuanto a su buen funcionamiento. Las noticias en el acumulado histórico no son muy buenas, sin embargo, y menos para el Estado español.
El informe elaborado por el digital económico con sede en Londres es elocuente en este sentido. A pesar de que los países de la Unión todavía copan los primeros lugares de la tabla, 2022 ha sido "un nuevo punto bajo para la democracia al mundo". El Estado español no ha sido ajeno a esta tendencia hacia la mala salud democrática, en cuanto que ha caído por primera vez de la categoría de democracia plena a la de democracia defectuosa – juntamente, justo es decir, con vecinos europeos como Italia, Francia o Portugal. España ha caído, así, por debajo del ocho (7,94) en la calificación de su salud democrática por primera vez en más de década y media que se lleva elaborando este informe. Si se observa su posición en el ranking de percepción de la corrupción que sale del estudio del organismo de transparencia, por su parte la Estado se sitúa con una valoración de 61, una caída interanual modesta, de solo dos puntos, pero que marca, afirman "una mala tendencia" para la forma en que los ciudadanos ven la limpieza de sus instituciones.
La correlación entre ambas magnitudes no se queda, sin embargo, en el Estado español. Empezando por las buenas noticias, se puede ver como, con meridiana claridad, los países que The Economist considera que cuentan con democracias de mejor salud – los que entiende el digital británico que llegan al umbral de democracias llenas – son también los que ocupan las primeras posiciones en el estudio de corrupción de Transparency International. Si se observa la tabla elaborada por el digital británico, la democracia más saludable del mundo sería Noruega, que a pesar de que pierde unas décimas en su puntuación global, se mantiene al frente de la clasificación con una valoración de 9,75. La monarquía nórdica logra, por el lado de la transparencia, una calificación de 85 en cuanto a la percepción de la corrupción, el que lo situaría cuarto en la clasificación. Países como Dinamarca (9,09 en salud democrática por 88 en transparencia); Suecia (9,26 por 85) o Finlandia (9,27 por 88) replican esta tendencia: los países europeos con mejor salud democrática son también aquellos que sus ciudadanos perciben como más limpios.
El acumulado histórico negativo que muestra el Estado español se puede seguir también en algunos de sus vecinos más próximos, mucho más comparables que los países nórdicos – o países centroeuropeos como Alemania o los Países Bajos. Uno de los estados europeos que acompaña a España en su caída a la categoría de democracia defectuosa es Francia, que también ve su calificación reducida por debajo de los ocho puntos (7,99) en el informe de The Economist de este año. Igualmente, la república gala también registra una caída en el índice de transparencia, hasta los 71 puntos, que la coloca por debajo de países como Uruguay o Japón, y muy lejos de los referentes europeos en este ámbito. Los casos español y francés encuentran réplicas en Portugal, Italia o Grecia, la caída de los cuales en la gráfica de salud democrática va acompañada de un ligero hundimiento en la percepción de la corrupción en sus instituciones.
Tendencias internacionales
Oceanía y Norteamerica son, según los estudios de ambas organizaciones, las otras regiones que, pese a las dudas y los retrocesos democráticos detectados durante los años de la pandemia, conservan una relativamente buena salud institucional. Los Estados Unidos, igual que Francia o el Estado español, caen a la categoría de democracia defectuosa, con una valoración todavía inferior a la de los países del Europa occidental, un 7,85. En cuanto a la percepción de la corrupción, se encuentra poco por encima del Estado, con 67 puntos, al nivel de Chile o Barbados y por debajo de Taiwán. Canadá, por su parte, se acerca más al centro de Europa que a la vertiente occidental del continente, con una percepción de la transparencia institucional al nivel del Reino Unido o Hong Kong (74) y una calificación de salud democrática superior, por ejemplo, a la de Alemania (8,85).
En América Latina aparecen dos referentes claros: Uruguay y Chile. El país del nuevo presidente Gabriel Boric se acerca a la categoría de democracia plena con una calificación por The Economist de 7,92 puntos, justo por debajo del Estado español y por encima de los Estados Unidos. En cuanto a la percepción de la corrupción, el país andino logra una puntuación de 67 puntos, por encima de la mayoría de la Europa mediterránea. En cuanto a la República Oriental, su valoración de calidad democrática es equiparable a referentes como lo Japón o el mismo Canadá, con un 8,85, en medio de la categoría de democracia plena. Como también pasa en gran parte de los casos comparados, también se encuentra en una posición comoda en cuanto a la percepción de la corrupción, con 73 puntos. Justo es decir, sin embargo, que la mayoría de los países del América Latina entran dentro del espectro de regímenes democráticos, según la interpretación de The Economist.
La salud democrática de los países va de la mano, de nuevo, a la concepción de la Estado que tienen sus autoridades – y a cómo se percibe esta concepción desde la población. Regímenes que, desde el punto de vista occidental, se perciben como autoritarios, como el de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos o Myanmar ocupan también las últimas posiciones en percepción de transparencia institucional; mientras que los líderes democráticos del mundo – Australia, Nueva Zelanda, Japón o los países nórdicos – cuentan con la confianza ciudadana en el funcionamiento de su burocracia y la buena fe de sus cargos electos. La ciudadanía contemporánea, como demuestran los estudios de The Economist y Transparency, es consciente y capaz de analizar la salud de sus democracias – una salud todavía sólida en los epicentros norteños global, pero que muestra tendencias, como mínimo, poco esperanzadoras.