El gobierno español tiene previsto indemnizar a Abertis con 1.291 millones de euros cuando finalice la concesión del tramo de la AP-7 entre Tarragona y La Jonquera, una cantidad que impactará en el déficit público del Estado. Así consta en el Plan de Estabilidad que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho llegar en los últimos días a las autoridades europeas.
El conflicto tiene el origen en 2006, cuando la entonces ministra de Fomento Magdalena Álvarez, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, firmó un acuerdo con la concesionaria para que hiciera obras de ampliación de estas vías a cargo del aumento de tráfico estimado y sin repercutir en el precio de los peajes. A cambio, la empresa podía ser compensada si no se lograba el tráfico de vehículos esperado.
La concesión de este tramo de autopista finaliza el próximo 31 de agosto y el actual gobierno español ya dejó claro hace muchos meses que no pensaba alargar los contratos de explotación con Abertis -a través de la filial Acesa- y que estas vías pasarían a ser gestionadas directamente por el Estado. De hecho, hace unos días el gobierno español licitó la conservación y explotación de los tramos catalanes que finalizan la concesión a la AP-7, además de la AP-2 (Zaragoza-El Vendrell), que también acaba el 31 de agosto.
Entre las obras de ampliación que se incluyeron en el acuerdo después de constatar el aumento del tráfico en estas vías, había la construcción del tercer carril entre Maçanet y Fornells de la Selva y entre Medinyà y La Jonquera; un cuarto carril entre Fornells de la Selva y Sant Gregori; enlaces de Fornells de la Selva, Medinyà y Sant Gregori; y en las comarcas de Tarragona un tercer carril en Vilaseca/Salou con el enlace con la AP-2.
Según informa El Pais, Abertis pide hasta cerca de 3.000 millones de euros, casi el triple de los 1.291 millones de euros que el gobierno español acepta pagar, de acuerdo con el documento que ha hecho llegar Pedro Sánchez a las autoridades europeas. Del total, 890 millones de euros serían por las inversiones hechas para ampliar los carriles de este tramo de la AP-7 y 2.061 millones por la indemnización en el descenso del tráfico. Todo esto, añade el diario, sin contar el descenso de la circulación desde marzo del año pasado a raíz de la pandemia.
Hace cerca de un mes, ya se hizo público que el gobierno español preveía un sistema de pago para uso en las vías de alta capacidad, una medida incluida en el Plan de Recuperación que también se ha remitido a Bruselas. Era la primera vez que el ejecutivo hablaba explícitamente de su intención de "revisar la financiación de las vías de alta capacidad" y "establecer un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red estatal".