La Agència Catalana del Consum (ACC) ha recaudado 10,5 millones de euros en sanciones en 2023, un 62% más que el año pasado. El crecimiento ha sido impulsado en gran parte por la duplicación de multas a grandes tenedores y propietarios por no ofrecer un alquiler social cuando están obligados por ley. Las sanciones por vulneración de los derechos lingüísticos son el segundo capítulo que más ha crecido. En un año, se han multiplicado por cuatro y ya rozan los 500.000 euros, disparando la cifra desde 2021, cuando se recaudaron 17.350 euros por incumplir la normativa lingüística, 28 veces menos que el año pasado. Las denuncias que ha recibido la ACC en este ámbito se han multiplicado por nueve entre 2021 y 2023.
Las multas por no ofrecer un alquiler social cuando el propietario está obligado han sido 3,3 millones de euros
El secretario de Empresa y Competitividad, AlbertCastellanos, ha destacado en una rueda de prensa que el incremento de las multas responde al aumento de la conciencia de derechos lingüísticos y a una gestión más rigurosa de estos expedientes por parte de la Generalitat. Por su parte, los responsables de la Agencia Catalana del Consumo han hecho balance "positivo" del último año, atribuyendo la ligera disminución de reclamaciones registrada (-3,6%) a un cambio de estructura organizativa para estar más encima de las empresas más reclamadas y a un incremento de la resolución extrajudicial de los conflictos. A lo largo de 2023, los inspectores han notado un incremento de obstáculos en su tarea que se han traducido en 1,4 millones de euros en multas por obstruir la inspección, una cifra que la entidad ve como "muy alta" y "preocupante".
El ejercicio ha estado marcado por ser el primero con el programa de colaboración con la Agència Catalana de l'Habitatge "a pleno rendimiento". Las multas por no ofrecer un alquiler social cuando el propietario está obligado han sido de 3,3 millones de euros (+95%). Estas sanciones han impulsado el total que ha pasado de los 6,4 millones del año pasado a los 10,5 millones de este año. La Agencia Catalana del Consumo ha dedicado 19 personas a inspeccionar grandes tenedores que están obligados a ofrecer un alquiler social en caso de vulnerabilidad por ley desde 2015. "Hay un salto de escala con la vivienda social y esto distorsiona los datos", ha detallado Castellanos.
Endesa, la más reclamada
Durante 2023, ha continuado la actividad inspectora habitual del organismo con 6,2 millones recaudados debido a multas a empresas que ofrecen servicios básicos como suministro de luz y gas, entidades financieras, compañías de transporte o de telecomunicaciones. Las infracciones más frecuentes han sido las de deficiencias en la información que recibe el consumidor o por cláusulas abusivas. La empresa que ha concentrado más reclamaciones ha vuelto a ser Endesa (1.412), seguida de otra energética, Naturgy (1.059). En tercer lugar, se sitúa la compañía aérea Vueling (774) y, en cuarto lugar, la operadora Orange (771).